Primeras críticas a la ley estatutaria de la JEP

Pocas horas después de radicado en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), empezaron a surgir reparos al articulado. Y esta vez las alertas no vienen del uribismo, que sistemáticamente ha criticado todo lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo con las Farc. La primera voz en advertir sobre una irregularidad en el texto fue la exasesora jurídica de la oficina del alto comisionado para la Paz, Juanita Goebertus, quien señaló que el documento incluye un “mico”. (Vea: "Los engranajes de la JEP")

Goebertus, hoy directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), explicó que el Acuerdo Final establece que quienes no reconocen responsabilidad desde el inicio en la Sala de Reconocimiento no tendrán derecho a las sanciones no carcelarias. “La lógica era incentivar el reconocimiento temprano. De manera que, si la persona reconocía su responsabilidad tardíamente ante el Tribunal, recibiera una pena de cárcel de entre cinco y ocho años”.

Ahora, según la abogada, “el proyecto de ley estatutaria señala que esas personas, una vez cumplan entre dos y medio y cuatro años de cárcel, podrán salir a cumplir el tiempo restante de sanción en condiciones no carcelarias (de restricción efectiva de la libertad)”. Para Goebertus, este apartado viola lo plasmado en el Acuerdo en materia de justicia, pues “reduce las sanciones más allá de lo acordado”.

La denuncia fue respaldada por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien dijo que “las sanciones alternativas son sanciones de cárcel para aquellas personas que vayan a la JEP y reconozcan de manera tardía su participación en hechos del conflicto, pero en el texto hemos encontrado que se contempla la posibilidad de reducir a la mitad esa sanción de pena efectiva de la privación de la libertad. Eso me preocupa e incumple lo que dice el Acuerdo”. (Lea: El abecé de la ley estatutaria de la JEP)

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, insistente crítico del Acuerdo de Paz, expresó su preocupación por algunos apartes del proyecto de ley estatutaria. Por ejemplo, aquel en que se advierte que la jurisdicción ordinaria continuará sus investigaciones hasta que esté en marcha la justicia especial. Al respecto, Martínez advirtió que se está limitando el accionar de la Fiscalía, pues no podrá practicar pruebas ni proferir decisiones ni hacer imputaciones. “Eso comporta una violación fundamental a las normas. Podría determinar una clara responsabilidad del Estado y una eventual activación de la Corte Penal Internacional”.

El fiscal también criticó lo que tiene que ver con los llamados delitos de ejecución permanente, pues aquí existen inconsistencias temporales que podrían afectar a quienes dejaron las armas si se sometieron a la JEP: “Si la amnistía se corta con la entrada en vigencia de la jurisdicción especial, no habrá beneficio para aquellas conductas que traspasan esa frontera temporal y que en la JEP tienen un tratamiento preferencial, como por ejemplo, el lavado de activos”, explicó.

Finalmente, Martínez consideró que “hay una trampa que se han inventado los que han ejercido la pluma normativa de estos acuerdos”, pues en su concepto, la formulación del apartado que tiene que ver con los delitos de acción continuada no quedará cobijada por la JEP, puesto que el plazo para declararlos es el 1° de diciembre de 2016 y la lista de bienes en manos de las Farc solo será entregada el 15 de agosto. “¿Quiere decir ello entonces que podrán ser procesados por lavados de activos aquellos miembros de las Farc que entregaron el inventario el día de ayer? ¿Esas son las trampas jurídicas que le estamos ofreciendo a la guerrilla en Colombia después de su desmovilización?”, precisó el jefe del ente acusador.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos defendió la iniciativa y explicó su alcance. “La ley estatutaria de la Justicia Transicional va a determinar cómo va a funcionar ese sistema de justicia para que no haya impunidad, para que los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad sean investigados, juzgados y sancionados dentro de un sistema de Justicia Transicional, que se creó por un tratado internacional, precisamente para ayudar a resolver conflictos armados”, puntualizó el mandatario.

Según el jefe de Estado, el proyecto cumple los estándares internacionales en materia de justicia. “Esa justicia transicional conlleva también sacrificios. Muchas víctimas quisieran más justicia, quisieran más castigo para aquellos responsables, pero aquí viene la discusión de hasta dónde podemos llegar ahí sin vulnerar la paz. Esas son unas discusiones difíciles, pero por fortuna logramos unos acuerdos que ya estamos poniendo en marcha”, puntualizó.

Pocas horas después de radicado en el Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), empezaron a surgir reparos al articulado. Y esta vez las alertas no vienen del uribismo, que sistemáticamente ha criticado todo lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo con las Farc. La primera voz en advertir sobre una irregularidad en el texto fue la exasesora jurídica de la oficina del alto comisionado para la Paz, Juanita Goebertus, quien señaló que el documento incluye un “mico”. (Vea: "Los engranajes de la JEP")

Goebertus, hoy directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), explicó que el Acuerdo Final establece que quienes no reconocen responsabilidad desde el inicio en la Sala de Reconocimiento no tendrán derecho a las sanciones no carcelarias. “La lógica era incentivar el reconocimiento temprano. De manera que, si la persona reconocía su responsabilidad tardíamente ante el Tribunal, recibiera una pena de cárcel de entre cinco y ocho años”.

Ahora, según la abogada, “el proyecto de ley estatutaria señala que esas personas, una vez cumplan entre dos y medio y cuatro años de cárcel, podrán salir a cumplir el tiempo restante de sanción en condiciones no carcelarias (de restricción efectiva de la libertad)”. Para Goebertus, este apartado viola lo plasmado en el Acuerdo en materia de justicia, pues “reduce las sanciones más allá de lo acordado”.

La denuncia fue respaldada por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, quien dijo que “las sanciones alternativas son sanciones de cárcel para aquellas personas que vayan a la JEP y reconozcan de manera tardía su participación en hechos del conflicto, pero en el texto hemos encontrado que se contempla la posibilidad de reducir a la mitad esa sanción de pena efectiva de la privación de la libertad. Eso me preocupa e incumple lo que dice el Acuerdo”. (Lea: El abecé de la ley estatutaria de la JEP)

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, insistente crítico del Acuerdo de Paz, expresó su preocupación por algunos apartes del proyecto de ley estatutaria. Por ejemplo, aquel en que se advierte que la jurisdicción ordinaria continuará sus investigaciones hasta que esté en marcha la justicia especial. Al respecto, Martínez advirtió que se está limitando el accionar de la Fiscalía, pues no podrá practicar pruebas ni proferir decisiones ni hacer imputaciones. “Eso comporta una violación fundamental a las normas. Podría determinar una clara responsabilidad del Estado y una eventual activación de la Corte Penal Internacional”.

El fiscal también criticó lo que tiene que ver con los llamados delitos de ejecución permanente, pues aquí existen inconsistencias temporales que podrían afectar a quienes dejaron las armas si se sometieron a la JEP: “Si la amnistía se corta con la entrada en vigencia de la jurisdicción especial, no habrá beneficio para aquellas conductas que traspasan esa frontera temporal y que en la JEP tienen un tratamiento preferencial, como por ejemplo, el lavado de activos”, explicó.

Finalmente, Martínez consideró que “hay una trampa que se han inventado los que han ejercido la pluma normativa de estos acuerdos”, pues en su concepto, la formulación del apartado que tiene que ver con los delitos de acción continuada no quedará cobijada por la JEP, puesto que el plazo para declararlos es el 1° de diciembre de 2016 y la lista de bienes en manos de las Farc solo será entregada el 15 de agosto. “¿Quiere decir ello entonces que podrán ser procesados por lavados de activos aquellos miembros de las Farc que entregaron el inventario el día de ayer? ¿Esas son las trampas jurídicas que le estamos ofreciendo a la guerrilla en Colombia después de su desmovilización?”, precisó el jefe del ente acusador.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos defendió la iniciativa y explicó su alcance. “La ley estatutaria de la Justicia Transicional va a determinar cómo va a funcionar ese sistema de justicia para que no haya impunidad, para que los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad sean investigados, juzgados y sancionados dentro de un sistema de Justicia Transicional, que se creó por un tratado internacional, precisamente para ayudar a resolver conflictos armados”, puntualizó el mandatario.

Según el jefe de Estado, el proyecto cumple los estándares internacionales en materia de justicia. “Esa justicia transicional conlleva también sacrificios. Muchas víctimas quisieran más justicia, quisieran más castigo para aquellos responsables, pero aquí viene la discusión de hasta dónde podemos llegar ahí sin vulnerar la paz. Esas son unas discusiones difíciles, pero por fortuna logramos unos acuerdos que ya estamos poniendo en marcha”, puntualizó.