El fallo que esta semana dio la jueza Sandra Liliana Heredia en el que responsabilizó al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal sigue teniendo respuestas de varios sectores.
En su decisión, por ahora de primera instancia y la primera contra un presidente en Colombia, la jueza dejó claro que Uribe sabía qué el abogado Diego Cadena estaba sobornando testigos, que fue el exsenador el arquitecto de una red criminal y que el jefe del Centro Democrático dio un mal ejemplo a las generaciones futuras.
Tras el fallo, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en su cuenta de X donde hacía una recopilación de varios hechos que dieron origen a este caso, como el papel del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Pero en su mensaje, también lanzó una propuesta: que el expresidente Uribe fue a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado en el Acuerdo de Paz.
“Siempre he solicitado a la Corte Constitucional, cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP incluso, con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Decían que el país no estaba maduro para la verdad. Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad y la justicia, la reparación de las víctimas es el camino de la paz”, escribió el mandatario.
Varias dudas salieron a flote con esa propuesta, pero lo cierto es que, si bien el expresidente Uribe Vélez podría ir a ese tribunal de paz, no sería necesariamente en calidad de compareciente.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 no contempló nunca cambiar las condiciones en las que se juzga a alguien que haya sido Presidente de Colombia. La Constitución colombiana establece que, en caso de que les imputen delitos a los exjefes de Estado, estos están protegidos por el fuero presidencial y deben ser juzgados por el Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes.
En el caso de Uribe, su investigación en realidad la llevaba la Corte Suprema de Justicia porque en ese momento tenía el fuero de senador de la República. Esa entidad era quien debía investigarlo y juzgarlo.
Sin embargo, en agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que automáticamente trasladó su proceso a la Fiscalía General, ya que perdió el fuero de congresista. Por eso, fue una jueza de esa entidad la que el lunes pasado falló en su contra en dos de los tres delitos por los que estaba acusado.
¿Puede entonces el expresidente Uribe ir a la JEP?
La respuesta es no, pero tiene matices. Este tribunal se creó para investigar y sancionar a los máximos responsables del conflicto armado en Colombia. Eso quiere decir que solo pueden entrar a ella quienes hayan participado en la guerra, aunque no necesariamente hayan sido combatientes.
La cosa quedó así: obligatoriamente deben ir a los exguerrilleros de las FARC y los militares. Pero, voluntariamente, pueden ir los civiles que apoyaron o financiaron a los grupos armados. En esa bolsa caben muchos, entre ellos, los empresarios y los integrantes del Estado no miembros de la Fuerza Pública, o sea, senadores, representantes, funcionarios, alcaldes, gobernadores, entre otros.
Los expresidentes son agentes del Estado no militares, pero no van porque desde el principio se acordó que estaban fuera de la competencia de la JEP.
“En caso de que ante la JEP obre una información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia de la República, dicha información se remitirá a la Cámara de Representantes para lo de su competencia”, explica el Acuerdo de Paz.
El Acto Legislativo 01 de 2017, con el que entró en funcionamiento la JEP, ratificó eso que dice la Corte Constitucional: que el fuero que tienen a los expresidentes eliminó toda posibilidad de que la JEP los llame a procesos judiciales, incluso, si tienen que ver con el conflicto armado.
Esto no ampara solo a los expresidentes, sino también a aforados constitucionales como a los ministros, magistrados de altas cortes, el Fiscal general de la Nación, el Procurador general de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor general de la República y a quien sea el o la vicepresidente.
A esas personas las juzga la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes o la Corte Suprema de Justicia.
Pero aquí viene un tema muy importante. El fuero no es para siempre y sólo funciona en el tiempo en el que esa persona es o fue el primer mandatario.
En esos casos, habría una posibilidad de que Uribe vaya como un tercero civil, pero eso se hace voluntariamente. En otras palabras, el expresidente tendría que pedirle a la JEP que le tome una suerte de versión voluntaria con aportes que quiera dar al conflicto armado en general o a un caso en particular.
Es muy poco probable que eso suceda por varias razones. La primera es porque el juicio sobre falsos testigos aún sigue: el viernes se conocerá la pena y su defensa ya apeló la decisión de la jueza con lo que el caso iría a la segunda instancia que será el Tribunal Superior de Bogotá.
En contexto: ¿Qué pasará tras condena contra Uribe? Lo que sigue en el expediente
Allí se puede confirmar la condena o tumbar el fallo. El tribunal tiene solo hasta octubre de este año para decidir pues se está próximo a vencerse los términos. Después de eso quedaría la casación -la última instancia- ante la Corte Suprema.
Las otras razones son que el expresidente el Uribe no solo ha sido unos de los principales críticos del Acuerdo de Paz, sino de la misma JEP.
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