¿Puede el Presidente ofrecer recompensa por la captura de ‘El Paisa’?

Este fue el afiche a través del cual el Ministerio de Defensa ofreció recompensa por información para capturar a 'El Paisa'. / Ministerio de Defensa

Después de que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolviera ordenar la captura de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como ‘El Paisa’, por incumplir con sus compromisos ante esta jurisdicción, el gobierno de Iván Duque decidió ofrecer hasta 3.000 millones de pesos para quien dé información sobre su paradero.

“He ordenado a nuestra Policía capturar a alias El Paisa, según providencia de la JEP. En Colombia no debe haber impunidad para delincuentes de lesa humanidad. Hay que reivindicar a las víctimas. Nuestro país reclama genuina justicia, verdad, reparación y no repetición”, dijo el primer mandatario, quien además le pidió celeridad a la Policía. Sin embargo, para algunos juristas, las declaraciones y la decisión tomada fueron apresuradas ¿por qué?

Lo primero que se debe aclarar es que, a pesar de que los magistrados de la JEP tomaron esta decisión, aún no ha quedado en firme. Para Jorge Iván Cuervo, abogado y docente del Centro de Investigaciones de la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, es necesario que primero se termine la audiencia, que continuará este viernes 3 de mayo. Sin eso, la decisión no se hace efectiva. Según Cuervo, no basta con una declaración de los magistrados en la diligencia judicial, pues “de la JEP debe salir una comunicación dirigida al director de la Policía Nacional para que haga efectiva la orden de captura, como sucede en la justicia ordinaria”.

Una vez eso suceda, la Policía podrá tomar cartas sobre el asunto. El problema es que hasta ahora esa comunicación aún no ha llegado. Así lo confirmó el general Óscar Atehortua, director de la Policía, quien dijo estar a la espera de la notificación oficial de la orden de captura en contra de 'El Paisa'.

Para Elmer Montaña, abogado penalista, la declaración del presidente Duque fue inapropiada, pues cabe aclarar que el poder Ejecutivo no ordena capturas: “Duque podría estar incurriendo en un prevaricato, es decir, en tomar una decisión contraria a la ley, porque está ordenando la captura de una persona sin tener la competencia para ello. Sólo podría hacerlo un juez de la Roepública. En este caso, JEP”.

Montaña considera que esta afirmación demuestra que el Gobierno está en un permanente choque contra la JEP y por eso todo el tiempo “intenta quitarle sus competencias y asumirlas aunque sea desde el punto de vista político”, con el objetivo de deslegitimarla y sofocarla.

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Por otro lado, Montaña asegura que se debe tener en cuenta que la decisión de la JEP sobre la orden de captura de ‘El Paisa’ podría ser apelada por su defensa o la Procuraduría, cuando se reanude la audiencia. “Mientras no quede en firme la decisión mediante la cual se levanta la suspensión de la orden de captura y se reactiva la misma, el Gobierno Nacional no puede capturarlo, porque puede suceder que haya recursos y se revoque la decisión”, agrega el jurista.

Frente a este argumento, Julio Andrés Sampedro Arrubla, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene otra interpretación, pues considera que, a pesar de ser apelada, tal y como ocurre en la justica ordinaria, la captura puede hacerse efectiva.

“En el Código de Procedimiento Penal se establece claramente que cuando hay una orden de captura, esta se cumple con independencia de que sea apelada. Es que no tendría sentido si fuese lo contrario, porque todo el mundo apelaría y le harían conejo a la justicia. Aunque no descarto que haya una discusión si se aplica a o no en el caso de la JEP. Yo pensaría que sí”, agrega Sampedro.

Por otro lado, el decano considera que, teniendo en cuenta que ni siquiera se ha acabado la audiencia, sí fue apresurado ofrecer una recompensa por una orden que todavía no existe. Para Sampedro, al Gobierno “se le fueron las luces” con esta decisión, pues si bien puede ofrecer dicha recompensa por saber del paradero de ‘El Paisa’, no tiene sentido dar semejante monto si aún no puede capturarlo. La información, advierte, no sirve para nada hasta que los magistrados notifiquen su decisión a la Policía. 

Jorge Iván Cuervo, en cambio, cree que “esta es una información de inteligencia que se debe tener para cuando se haga efectiva la captura”. A pesar de que no pueda retenerlo, para el investigador, existe una información valiosa que le puede ayudar al Gobierno cuando se haga efectiva la decisión de los magistrados de la JEP. En ese caso, la recompensa tendría sentido. 

Ante esta decisión, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) advierte que el Gobierno nacional, al solicitar la activación de las órdenes de captura y ofrecer una recompensa por Velásquez  Saldarriaga, “viola la constitución y las garantías procesales”.  Para sus integrantes, es una decisión “claramente ilegal”, pues aún  la defensa tiene recursos para revocar esta decisión y no se puede tener al exguerrillero hasta que haya una decisión definitiva por parte de la Sección de Apelación.

‘El Paisa’ también se pronunció al respecto. A través de una carta firmada por él y el también exjefe guerrillero Iván Márquez aseguraron que las decisiones tomadas causan a la JEP “un profundo daño a sí misma, porque no consulta la inseguridad jurídica y la absoluta falta de seguridad física para comparecer". 

Cabe recordar que ‘El Paisa’ actualmente cuenta con más de 128 procesos judiciales y 26 órdenes de captura en su contra.  Los magistrados anunciaron que activarán sus órdenes de captura, teniendo en cuenta de que no ha atendido los llamados de la JEP y ha vulnerado el derecho de las víctimas a saber la verdad y ser reparadas.

Además de quitarle el beneficio de la libertad condicional y ordenar su captura, los magistrados de la Sala de Reconocimiento también le quitaron su renta para la reincorporación y le negaron el acceso a las sanciones propias del sistema. Esto quiere decir que el exjefe guerrillero le quedan dos opciones de condena: de 5 a 8 años de cárcel, si acepta su responsabilidad, o de hasta 20 si no lo hace.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento no lo expulsó del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la máxima sanción, porque hasta ahora no se ha comprobado que 'El Paisa' haya vuelto a delinquir después del 1 de diciembre de 2016.

Por el momento, Velásquez Saldarriaga debe responder ante el Caso 001, sobre las retenciones ilegales por parte de la extinta guerrilla de las Farc.