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En un paso clave dentro del proceso judicial que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los miembros del último secretariado de las FARC-EP reconocieron, esta vez en calidad de imputados, su responsabilidad colectiva en el reclutamiento y utilización de menores durante el conflicto armado. En un comunicado conocido como Colombia+20 y que es una respuesta oficial al Auto 005 de 2024 del Caso 07 dado a conocer en noviembre de 2024, los seis comparecientes calificaron esta práctica como un “hecho injustificable” que dejó secuelas irreversibles en las víctimas, sus familias y el tejido social del país.
“El día de hoy hemos entregado la respuesta al Auto 005 de 2024, correspondiente al Macrocaso 07. Desde un profundo compromiso con la verdad y con la paz de Colombia, quienes fuimos imputados hemos asumido con rigor y responsabilidad este ejercicio de contrastación, en articulación con nuestro equipo de defensa jurídica”, dice parte del comunicado.
Y agrega: “Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades”.
Aunque ya habían ofrecido reconocimientos generales sobre este tema apenas se conoció la imputación —incluyendo versiones individuales, audiencias públicas y actos de memoria— esta es la primera vez que lo hacen tras ser imputados formalmente por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El documento fue suscrito por Rodrigo Londoño (Timochenko), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra (El Médico).
Los comparecientes afirmaron que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no solo fue una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, sino también una práctica dolorosa, cuyas consecuencias persisten. “Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social. Aunque estas acciones se dieron en medio de una guerra prolongada, enraizada en el abandono histórico del Estado, la represión y la desigualdad estructural, no por ello dejan de ser fuente de un profundo sufrimiento”, señalaron en su declaración.
La imputación por más de 18 mil víctimas
El pronunciamiento se da como respuesta directa al Auto 005 del 13 de noviembre de 2024, en el que la JEP imputó por primera vez a seis excomandantes de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del Macrocaso 07: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. La Sala de Reconocimiento estableció que al menos 18.667 menores fueron reclutados entre 1996 y 2016, de los cuales 5.691 tenían menos de 15 años, lo que agrava la imputación según el derecho internacional.
La Jurisdicción concluyó que estas prácticas fueron generalizadas, prolongadas en el tiempo y se presentaron en todo el territorio nacional. También enfatizó que existieron órdenes internas que prohibían el reclutamiento de menores de 15 años, pero que estas no se cumplieron de manera efectiva, ni se investigaron ni sancionaron las transgresiones.
En su respuesta al auto, los comparecientes también vuelven a proponer a la JEP un única resolución de conclusiones y unificar las investigaciones del tribunal.
“Comprometidos con la necesidad de una justicia oportuna para las víctimas que genere seguridad jurídica para quienes hemos firmado la Paz, reiteramos la necesidad de una única resolución de conclusiones, así como la de unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción”, dice el documento.
El comunicado destaca, además, acciones de reparación que los firmantes aseguran estar impulsando: participación en actos de reconocimiento en el Club El Nogal, acompañamiento al desminado humanitario, colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, y participación en iniciativas como Revipaz, que articula a víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz en procesos de diálogo restaurativo.
“Reiteramos nuestro compromiso con una verdad judicial útil para las víctimas y pedimos a la Jurisdicción que considere nuestras observaciones, hechas desde una postura jurídica, ética y política, en nuestro esfuerzo continuo por construir paz y reconciliación en Colombia”, concluye el texto.
De acuerdo con las investigaciones de la JEP se identificaron cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
Sobre estos últimos hechos, el antiguo secretariado no se pronunció en el comunicado.
La JEP, por su parte, deberá analizar si esta respuesta cumple con los requisitos de verdad plena, detallada y consistente, y si contribuye efectivamente a los fines restaurativos del sistema.
Si es así, la JEP debe decidir si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad. Con ello, los excomandantes podrían acceder a sanciones propias (no privativas de la libertad), enfocadas en reparación que van de los 5 a los 8 años, pero no son privativas de la libertad. De lo contrario, se enfrentarían a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
Este es el comunicado:
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