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La Jurisdicción Especial para la Paz decidió hoy seguir adelante con el estudio de la garantía de no extradición del exjefe de las Farc Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, tras no recibir de las autoridades de Estados Unidos las pruebas que lo comprometen en un presunto envío de cocaína a ese país.
El pasado 10 de diciembre, la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP remitió a la Embajada de los Estados Unidos la carta rogatoria, pidiendo el material probatorio. Los magistrados estipularon un plazo de 40 días hábiles para recibir las evidencias, término que se venció hoy.
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A partir de ahora, las partes (Procuraduría, Santrich y su abogado) tendrán cinco días hábiles para presentar los alegatos, es decir, sus argumentos para defender su posición. Una vez surtido ese término, la Sección tendrá que decidir si le concede o no la garantía de no extradición al exjefe guerrillero. Se prevé que esta decisión se conozca a mediados de febrero, aunque la norma no estipula un plazo específico para hacerlo.
Cabe recordar que la garantía de no extradición está prevista para exguerrilleros de las Farc que hayan dejado las armas, que estén en proceso de reincorporación y que hayan cometidos delitos antes de la firma del Acuerdo de Paz (1° de diciembre de 2016). En caso de que sea concedida, eso no significa impunidad, pues los hechos deberán ser investigados en Colombia.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol por petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína. El exjefe guerrillero está preso a la espera de que le resuelvan su situación de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.
El excombatiente fue visto por última vez el pasado lunes, 21 de enero, en la cárcel La Picota. Ese día, una comisión del Consejo de Estado llegó al centro penitenciario para realizar la audiencia pública de pérdida de investidura. Nicolás Yepes, representante de la Procuraduría, le pidió al alto tribunal que no decrete la pérdida de investidura “en conformidad con las consideraciones precedentes, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos fundamentales”.
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En su intervención, de más de nueve puntos, el exlíder guerrillero reafirmó que nada tiene que ver en el proceso que abrió Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz. Agregó que considera que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes en su contra y que se le han violado sus derechos políticos y humanos al no permitirle que se posesionara en la curul de la Cámara de Representantes que ganó en las elecciones de mayo de 2018.
“No he pensado mover un gramo de cocaína a ninguna parte. No soy un narcotraficante. Soy un gestor de paz”, agregó Santrich, quien añadió ese día que a él lo han involucrado “mañosamente” en un proceso de narcotráfico y que espera que el Consejo de Estado no permita que ocurra “su asesinato político”, si eventualmente llegara a decretar su pérdida de investidura.