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Este 27 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad presentaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo su balance de lo hecho hasta ahora y las proyecciones para 2021.
Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, fue la primera en intervenir y en recalcar la importancia de que la comunidad internacional siga apoyando la implementación del Acuerdo de Paz. Aseguró que esta entidad está promoviendo un pacto nacional por la búsqueda de los desaparecidos que inició en el Meta y le pidió al Gobierno nacional que respalde la búsqueda de las más de 120.000 de personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
“Quiero pedirle a la comunidad internacional unirse a este pacto para construir paz. La Unidad de Búsqueda espera que ustedes, como comunidad internacional, mantengan el interés, apoyo y seguimiento al proceso de paz en Colombia”, agregó la directora.
El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, se centró en un balance de lo que ha hecho la entidad de justicia transicional a los largo de estos años. Aseguró que los siete macrocasos abiertos van avanzando y que prontamente serán sancionados los excombatientes de las Farc responsables dentro del caso 01 o de secuestros cometidos por este grupo armado ilegal.
Por su parte, el padre Francisco de Roux, quien preside la Comisión de la Verdad resaltó que ante la impunidad que se ha caracterizado sobre los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Colombia, que según él alcanzan un 90%, se hacía necesario poner de frente la verdad histórica, política y social del conflicto.
“Necesitamos pensar en una perspectiva de paz grande para que tantas personas que han pensado en que esto puede ser posible no encuentren que su esperanza fue frustrada”, añadió.
En esta sesión también estuvo el abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, Sebastián Escobar, quien señaló los avances de cada entidad, pero también sus vacíos. La falta de entrega de información por parte de organismos de inteligencia, la poca articulación de las entidades y que aún no sea hayan priorizado otros casos en la JEP fueron algunos de sus llamados.
Hacia el Gobierno, solicitó que se respete y garantice el derecho a la protesta social. Por su parte el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó que este gobierno ha cumplido con todos los frentes de la política Paz con Legalidad y que seguirá trabajando en la protección de excombatientes y líderes sociales.
“Al firmarse el Acuerdo, en Colombia ya existía el ELN, el Clan del Golfo, entre otras bandas criminales, a lo que se sumaron las disidencias Farc. Pensar que con ese acuerdo se lograría una paz estable y duradera siempre fue un titular”, añadió Archila.
Varios de los parlamentarios presentes en la sesión destacaron el trabajo de estas entidades, los avances en la implementación y manifestaron que la Unión Europea seguirá siendo un socio fundamental en este proceso para Colombia. Sus llamados de atención se dirigieron al aumento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y a que el Gobierno comunique de manera más efectiva lo que está haciendo en la construcción de la paz.