Tras las huellas de los desaparecidos

El surgimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), establecida en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y creada el pasado 5 de abril por el decreto presidencial 589 de 2017, podría convertirse en un hito en esta materia si, por fin, en Colombia el Estado se toma en serio la búsqueda de sus desaparecidos. La UBDP aún no tiene director ni funcionarios, pero desde ya cuenta con un respaldo que emerge, precisamente, para acompañarla en su difícil recorrido: la Red Latinoamericana Sobre Desapariciones Forzadas, un grupo que nació la semana pasada en Bogotá.

Mirta Acuña de Baravalle es la madre de Ana María Baravalle, una estudiante argentina de sociología desaparecida forzosamente el 27 de agosto de 1976 durante la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla. Fue secuestrada con cinco meses de embarazo en compañía de su pareja, Julio César Galizzi. Desde ese momento, Mirta Acuña se convirtió en una férrea activista defensora de derechos humanos y lideró, junto con otras 14 madres, la asociación Madres de la Plaza de Mayo, el proyecto que apostó por encontrar a las personas desaparecidas y, posteriormente, investigar y procesar a los responsables de haber cometido las masivas detenciones injustificadas durante la dictadura.

Junto a Mirta Acuña, nueve líderes de organizaciones de derechos humanos hacen parte de la Red Latinoamericana Sobre Desapariciones Forzadas, que consolida propuestas de búsqueda, localización —con vida—, recuperación de cuerpos, identificación y entrega de personas que han sido desaparecidas en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, México, Honduras. Esta red conformó un plan de trabajo a dos años con el objetivo de utilizar los resultados en cada país para generar mecanismos efectivos en un tema en el que, generalmente, los esfuerzos son más bien estériles.

“A través de los años se han recogido experiencias muy amargas. En otros países también iban sucediendo las mismas situaciones, pero no eran de conocimiento en el mundo. Con este proyecto surge la posibilidad de abonar esfuerzos y reclamos de los países afectados con tantas desapariciones y muertes”, explica Mirta Acuña, quien aún desconoce el paradero de su nieto, su hija y su yerno. Carmen Cumez Ambrosio, coordinadora nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), organización conformada por mujeres viudas del genocidio que vivió ese país durante los años 80, dice que esta red, ante todo, pretende que ningún caso de desaparición forzada quede en la impunidad: “Somos una voz para hablar de nuestros seres queridos desaparecidos”.

Y es que los países que conforman esta red han estado marcados por coyunturas violentas. Como diferencias ideológicas y políticas con las dictaduras y gobiernos, los migrantes que se quedaron en el camino en la ruta hacia Estados Unidos o, en el caso de Colombia, las víctimas de un conflicto armado con más de 50 años. Nancy Valdez, miembro de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, explica que la institución, durante 25 años, se ha dedicado a la búsqueda e identificación de víctimas del conflicto armado en ese paísy dice que su bagaje puede ser determinante para otros países. “Tenemos muchas experiencias que compartir con Colombia y con otros países de la Red”, explica Valdez.

Esta red latinoamericana también buscará esclarecer el número real de desapariciones en cada uno de los países. Cifras oficiales de países como México en los últimos diez años o El Salvador durante la guerra civil (1979-1992) documentan unos 27.000 y 5.000 casos de personas desaparecidas, respectivamente, mientras las organizaciones de derechos humanos dicen que en México han sido más de 30.000 y más de 10.000 en El Salvador, en los mismos períodos. Argentina registró más de 30.000 casos durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. En Honduras se reportaron 184 casos de 1980 a 1989, cuando aún no había conflicto, y en la época del golpe de estado (año 2009) se registraron otros 29 casos.

En Colombia, con el decreto 589 de 2017 expedido por el presidente Juan Manuel Santos, por el cual se crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la organización nace en una coyuntura histórica que pretende recibir experiencias de los demás países y dar luces a los familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos. “Lo que nos mueve es la memoria de nuestros desaparecidos. Cuando hablamos de luchar contra la impunidad estamos hablando de no seguir las lógicas de los estados frente a mecanismos judiciales y legales, que no están dando resultados efectivos a las familias encuanto a respuestas de dónde están los desaparecidos”, comenta Pablo Cala, miembro del colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda.

El surgimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), establecida en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y creada el pasado 5 de abril por el decreto presidencial 589 de 2017, podría convertirse en un hito en esta materia si, por fin, en Colombia el Estado se toma en serio la búsqueda de sus desaparecidos. La UBDP aún no tiene director ni funcionarios, pero desde ya cuenta con un respaldo que emerge, precisamente, para acompañarla en su difícil recorrido: la Red Latinoamericana Sobre Desapariciones Forzadas, un grupo que nació la semana pasada en Bogotá.

Mirta Acuña de Baravalle es la madre de Ana María Baravalle, una estudiante argentina de sociología desaparecida forzosamente el 27 de agosto de 1976 durante la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla. Fue secuestrada con cinco meses de embarazo en compañía de su pareja, Julio César Galizzi. Desde ese momento, Mirta Acuña se convirtió en una férrea activista defensora de derechos humanos y lideró, junto con otras 14 madres, la asociación Madres de la Plaza de Mayo, el proyecto que apostó por encontrar a las personas desaparecidas y, posteriormente, investigar y procesar a los responsables de haber cometido las masivas detenciones injustificadas durante la dictadura.

Junto a Mirta Acuña, nueve líderes de organizaciones de derechos humanos hacen parte de la Red Latinoamericana Sobre Desapariciones Forzadas, que consolida propuestas de búsqueda, localización —con vida—, recuperación de cuerpos, identificación y entrega de personas que han sido desaparecidas en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, México, Honduras. Esta red conformó un plan de trabajo a dos años con el objetivo de utilizar los resultados en cada país para generar mecanismos efectivos en un tema en el que, generalmente, los esfuerzos son más bien estériles.

“A través de los años se han recogido experiencias muy amargas. En otros países también iban sucediendo las mismas situaciones, pero no eran de conocimiento en el mundo. Con este proyecto surge la posibilidad de abonar esfuerzos y reclamos de los países afectados con tantas desapariciones y muertes”, explica Mirta Acuña, quien aún desconoce el paradero de su nieto, su hija y su yerno. Carmen Cumez Ambrosio, coordinadora nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), organización conformada por mujeres viudas del genocidio que vivió ese país durante los años 80, dice que esta red, ante todo, pretende que ningún caso de desaparición forzada quede en la impunidad: “Somos una voz para hablar de nuestros seres queridos desaparecidos”.

Y es que los países que conforman esta red han estado marcados por coyunturas violentas. Como diferencias ideológicas y políticas con las dictaduras y gobiernos, los migrantes que se quedaron en el camino en la ruta hacia Estados Unidos o, en el caso de Colombia, las víctimas de un conflicto armado con más de 50 años. Nancy Valdez, miembro de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, explica que la institución, durante 25 años, se ha dedicado a la búsqueda e identificación de víctimas del conflicto armado en ese paísy dice que su bagaje puede ser determinante para otros países. “Tenemos muchas experiencias que compartir con Colombia y con otros países de la Red”, explica Valdez.

Esta red latinoamericana también buscará esclarecer el número real de desapariciones en cada uno de los países. Cifras oficiales de países como México en los últimos diez años o El Salvador durante la guerra civil (1979-1992) documentan unos 27.000 y 5.000 casos de personas desaparecidas, respectivamente, mientras las organizaciones de derechos humanos dicen que en México han sido más de 30.000 y más de 10.000 en El Salvador, en los mismos períodos. Argentina registró más de 30.000 casos durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. En Honduras se reportaron 184 casos de 1980 a 1989, cuando aún no había conflicto, y en la época del golpe de estado (año 2009) se registraron otros 29 casos.

En Colombia, con el decreto 589 de 2017 expedido por el presidente Juan Manuel Santos, por el cual se crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la organización nace en una coyuntura histórica que pretende recibir experiencias de los demás países y dar luces a los familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos. “Lo que nos mueve es la memoria de nuestros desaparecidos. Cuando hablamos de luchar contra la impunidad estamos hablando de no seguir las lógicas de los estados frente a mecanismos judiciales y legales, que no están dando resultados efectivos a las familias encuanto a respuestas de dónde están los desaparecidos”, comenta Pablo Cala, miembro del colectivo socio-jurídico Orlando Fals Borda.