“Un nuevo acuerdo requiere la grandeza de todos”: Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny es, además, miembro de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. / / Foto: Gustavo Torrijos

Desde que triunfó el No en el plebiscito, usted propuso los cabildos abiertos para divulgar el acuerdo. ¿Todavía cree en su utilidad?

Creo que los cabildos son un instrumento para contribuir a la salida de la crisis que generó el resultado del plebiscito. No creo que sean la llave maestra, como decía Eduardo Cifuentes, pero es una herramienta que uno debería tener y usar.

¿Por qué?

Tienen una dimensión participativa, como el plebiscito, pero, además, cuando son bien manejados, no son tan polarizantes porque implican una posibilidad de discusión. En los cabildos, la gente solicita que se cree una reunión a la administración municipal o a la asamblea. Ahí se habla, se discute y luego la asamblea representativa se pronuncia. Los cabildos tienen esa virtud de articular un poco la movilización y el debate ciudadano, con un pronunciamiento democrático y representativo. También ayuda a una mayor deliberación local sobre la paz y, eventualmente, podría convertirse en uno de los mecanismos de refrendación.

¿Cuál cree que es la mejor salida de la crisis?

Un amplio consenso nacional con plebiscito.

O sea, ¿ese nuevo acuerdo necesita otra refrendación popular?

Yo creo que sí. Por lo menos de alguna forma. No estoy seguro de cuál sería, pero la sociedad civil debe participar. Lo más deseable es que se activen los cabildos, que haya un amplio consenso nacional donde incluso esté el Centro Democrático, y donde, finalmente, ese acuerdo renegociado sea sometido a refrendación. Ese es el escenario que para mí sería ideal. Pero no creo que sea probable.

No sabemos mucho sobre los pormenores de la negociación, pero sí hay una lista de propuestas de dominio público. ¿Qué opina de ellas?

Pienso que si uno toma literalmente las del Centro Democrático, por ejemplo, la paz es imposible. Si se va a desmontar el desarrollo rural, la restitución de tierras, si se va a desarticular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y si no va a haber ninguna posibilidad de elegibilidad política para el secretariado de las Farc, pues están rompiendo los pilares de la negociación. Pero si se entienden que esas son sus pretensiones para empezar a discutir, entonces yo creo que hay acercamientos posibles. Creo que se pueden lograr consensos más allá del texto. Creo que todos tienen un incentivo fuerte para que puedan aparecer como los que están solucionando el tema de la paz.

Los opositores han propuesto que se elimine la JEP y se reemplace por un sistema que esté dentro de la justicia ordinaria. ¿Qué opina?

Que eso es imposible. Este es un eje del acuerdo y cambiarlo haría imposible la paz. Fue, además, uno de los puntos más difíciles de negociar en La Habana. Las Farc no va a aceptar que les digan que se tienen que someter a la justicia ordinaria con el mismo esquema de los paramilitares, por ejemplo. Si, por el contrario, la idea es decir que a la JEP la aceptamos pero tiene problemas, en la falta de claridad de su articulación con el resto de instancias del sistema judicial colombiano, por ejemplo, pues el tema es diferente. Pero este es un punto del Acuerdo que es intocable.

Las propuestas que la Corte Suprema de Justicia le envió al Gobierno plantearon que la JEP no sea un organismo de cierre sino que exista la posibilidad de presentar tutelas o casaciones. ¿Cree que eso le hace falta al Acuerdo?

Creo que hace falta precisarlo. El Acuerdo no menciona si va a haber acciones de tutela o acciones de protección de derechos fundamentales dentro de la jurisdicción ordinaria. El gran interrogante es si estas acciones tendrían que estar sometidas a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional o si se deben resolver en la JEP. Creo que las dos fórmulas son posibles. Creo que la última palabra la van a tener las Farc porque son ellos los que podrían presentar más objeciones.

¿Qué cree que sería mejor?

Creo que lo más conveniente es que se resuelva dentro de la JEP. Los jueces de la JEP van a ser los expertos en crímenes internacionales. Podría cogerlo la Corte Constitucional, pero les tocaría saltar de matrimonio igualitario, reforma tributaria, a la complejidad de los crímenes internacionales y no creo que sea lo más conveniente. Si hubiera un órgano supremamente humilde, que dijera que va a revisar las sentencias de la JEP para fijarse únicamente en los derechos fundamentales, pues no habría problema que fuera la Corte Constitucional. Pero ninguna de nuestras Cortes ha sido humilde. Entonces uno teme que terminen metiéndose en análisis más profundos.

Otra propuesta de la Corte Suprema es darle un plazo de funcionamiento de cinco años a la JEP ¿Qué opina?

Yo creo que sí es necesario un límite con posibilidades de alargue. Sería un límite para decirles que actúen rápido. Es bueno tenerlo. Pero no uno fatal.

¿De cuánto?

Arrancar con cinco años prorrogables no es mala idea. Sería un esfuerzo decir: “En cinco años queremos cerrar el conflicto armado”. No es fácil. Pero ponerse esa aspiración puede funcionar.

¿Ve luz al final del túnel?

Creo que, claramente, va a haber un nuevo acuerdo. Tengo muy pocas dudas al respecto. Mis interrogantes es qué tanto apoyo político va a tener ese nuevo acuerdo. Eso se traduce en que tanto el Centro Democrático y las iglesias van a apoyar el acuerdo. Ahí es donde hay escepticismo de algunos. Yo no tengo tanto porque, cuando uno mira las propuestas, más allá de la propuesta concreta, sino mirando el propósito, uno dice: “¿Cómo es posible que no vayan a lograr un acuerdo?”. Estamos en un tema de afinamiento y ajustes de los términos. Sería triste que no se diera ese afinamiento. Ahí es donde se requiere la grandeza de todos.