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Dos décadas después, las cifras y los hechos muestran que el proceso fue monumental en su alcance, pero profundamente limitado en sus resultados. En el plano judicial, se abrieron 533.405 investigaciones relacionadas con hechos cometidos por actores armados acogidos a la Ley 975.
De ese total, 284.203 investigaciones siguen activas, mientras que 249.202 fueron cerradas por vía de archivo, remisión a otras autoridades o unificación de causas. A pesar de la enorme cantidad de casos tramitados, solo 14.107 han llegado a sentencia dentro del sistema de Justicia y Paz, lo que representa menos del 3% del universo total de investigaciones (ver gráficos).
La lentitud, burocracia y forma en la que se llevó el proceso afectó, por supuesto, a las comunidades víctimas del paramilitarismo en el país. Según cifras entregadas a este diario por la Fiscalía, 532.884 personas fueron reconocidas como víctimas de distintos delitos como asesinatos, desplazamientos, torturas, despojo de tierras, entre otros. Sin embargo, la verdad entregada ha sido incompleta, la reparación ha sido fragmentada, y muchas de las confesiones omitieron temas fundamentales como la violencia sexual, la desaparición forzada o los vínculos entre estructuras paramilitares y agentes estatales o empresariales.
Ese universo de víctimas no solo evidencia la magnitud del conflicto, sino también la responsabilidad que el Estado ha asumido —aunque no siempre cumplido— frente a los derechos de esas personas a la justicia y la no repetición. Pero la cifra contrasta de manera drástica con la baja eficacia del sistema. Aunque se instauraron centenares de versiones libres, muchas de ellas omitieron hechos fundamentales, no fueron contrastadas de manera efectiva y no han generado suficientes reparaciones materiales ni simbólicas.
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“Hay que diferenciar que las víctimas sean contadas a que las víctimas sean escuchadas. La Ley de Justicia y Paz se concentró más en los victimarios que en las víctimas. La cantidad de personas que han podido acceder a la reparación es mínima ¿Qué tanto avance tenemos en que se haya podido atender los daños de todo lo que han sufrido? Hay una deuda muy grande que queda por saldar”, explicó Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, entidad que ha acompañado los procesos de víctimas.
Más allá del universo de cifras y víctimas, uno de los hechos más críticos en el devenir del proceso ocurrió en mayo de 2008, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40; Diego Murillo Bejarano, Don Berna; y Hernán Giraldo, conocido como El Señor de la Sierra. El argumento fue que seguían delinquiendo desde la cárcel y que estaban incumpliendo con los compromisos del proceso.
Esa decisión rompió el ciclo de verdad que se venía construyendo, dejó a miles de víctimas sin acceso a información clave, interrumpió las versiones libres y generó un vacío que, hasta hoy, no ha podido ser cerrado.
Para Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación, IPC, que además fue declarado como sujeto de reparación colectiva, la extradición de los máximos responsables dejó a las víctimas sin reparación y sin garantías.
“Los extraditaron abruptamente, entonces la Ley de Justicia y Paz no se implementó con máximos responsables, sino con unos segundos comandantes, lugartenientes, pero ni siquiera del bloque. Ahí tenemos un primer problema porque estuvo truncada la verdad. A eso se le suma que el avance es bastante limitado en materia de investigaciones y esclarecimiento. Ahí vemos que realmente lo que lograron es que confesara gente que ni siquiera sabía realmente qué estaba pasando. Eran personas funcionales, pero no tenían información, entonces aportaron poco”, explicó.
Tras el secuestro de cuatro de los investigadores del IPC y otros hechos violentos, el Instituto supo que Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como don Berna, fue el perpetrador por “un favor” que le hizo al ex jefe paramilitar de las AUC Carlos Castaño. Pero con la extradición de Murillo a Estados Unidos en 2008, ese proceso de verdad se quedó estancado en el tiempo y las víctimas nunca se sintieron totalmente reparadas.
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Arboleda interpreta ese accionar como una “reingeniería paramilitar”. “La extradición de los jefes paramilitares se hizo para que no dijeran la verdad. Nunca se les ha garantizado que puedan profundizar en esclarecer los crímenes que cometieron, no solamente ellos, sino sus estructuras y los vínculos con los agentes del Estado. El paramilitarismo es una rama de la política de seguridad, del enemigo interno y las extradiciones se cometieron para evitar que las fuerzas armadas fueran juzgadas directamente por estos hechos. El tema de la verdad no ha sido reconocido para las víctimas y se fue con ellos con la extradición”.
Algunos de estos jefes han retornado al país tras cumplir condenas en el extranjero, con intenciones de retomar su participación en los procesos judiciales. Otros, como Jorge 40 y Hernán Giraldo, regresaron al país pero fueron trasladados a cárceles ordinarias por decisión de la Fiscalía, que considera que incumplieron los requisitos de Justicia y Paz o porque aún tienen procesos abiertos.
A la extradición de los máximos cabecillas que por las víctimas fue interpretada como un silencio impuesto se le suma lo que consideran como la gran deuda del proceso en Justicia y Paz: la falta de verdad por parte de empresarios, figuras políticas y fuerzas militares.
“La deuda más grande de Justicia y Paz, y de las otras jurisdicciones como la ordinaria y la JEP, es que no nos han podido dar verdad del sector económico y del sector político. Las empresas, los beneficiarios del despojo de tierras. Ese tipo de personas que financiaron la guerra y a cambio recibieron beneficios de mayor acumulación económica, esos realmente no han pasado por Justicia y Paz, de esos no sabemos absolutamente nada”, dijo Zapata.
Para Arboleda, la puntada final para el poco esclarecimiento de la verdad de empresarios y políticos tiene que ver con la baja garantía por parte de entidades del Estado. “No ha habido una voluntad clara de la Fiscalía para iniciar procesos, investigar, judicializar y llegar a posibles condenas de estas personas que han sido nombradas en Justicia y Paz, entre ellos, incluso, el expresidente Álvaro Uribe”, añadió la directora de la Corporación.
Y agrega que las justicias transicionales como Justicia y Paz no deben ser eternas sino que deben garantizar un cierre con reparación de por medio. “Las justicias transicionales tienen que tener un cierre, no se pueden convertir en jurisdicciones permanentes. Para los victimarios también debe haber cierre. No se pueden tener firmantes de paz o comparecientes eternamente vinculados al proceso. Muchos menos a las víctimas. Tiene que haber garantías de reconocimiento a sus derechos”, explicó.
Córdoba y el paramilitarismo
Dos décadas después, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto reabrir el proceso con un enfoque distinto. En octubre de 2024, el mandatario planteó públicamente la necesidad de instalar una mesa de diálogo con exjefes paramilitares para “cerrar el proceso de paz que inició Uribe” y “terminar de conocer la verdad sobre el paramilitarismo”.
En abril pasado, en Montería, se instaló un espacio de diálogo con 18 antiguos comandantes de las AUC, entre ellos figuras como Mancuso. La propuesta ha sido polémica: mientras Petro ha defendido la idea como un cierre de ciclo y una oportunidad para completar la verdad truncada por las extradiciones, otros sectores, incluyendo a su propio comisionado de paz, Otty Patiño, han expresado dudas sobre la legitimidad y el marco jurídico de esa mesa.
El debate se ha trasladado también al Congreso. Esta semana Colombia+20 dio a conocer el proyecto de ley que radicó la Fiscalía para modificar la Ley de Justicia y Paz y acelerar esos procesos que están detenidos, y facilitar el uso de versiones libres como mecanismo de cierre judicial. La idea ha generado reparos por parte de organizaciones de víctimas, que temen una nueva ola de impunidad.
El otro proyecto que se radicó en el Congreso es un nuevo intento de otra iniciativa que había adelantando en la pasada legislatura el senador Antonio Correa -y que fue archivada- para dar cierre a ese modelo de justicia. Esta iniciativa ha sido criticada por juristas, expertos y sectores de oposición, que temen que termine blanqueando organizaciones mafiosas o desnaturalizando el concepto de justicia restaurativa.
No es menor que el espacio de diálogo se haya instalado en Montería. La fuerza del paramilitarismo se sintió con fuerza en Córdoba, una región en la que hacían presencia los Bloques de las AUC Montes de María, Minero, pero especialmente el Bloque Córdoba que no solo dejaron un rastro de violencia, sino en férreo control social. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, algunas de las afectaciones más documentadas en ese departamento fueron masacres (como la del Aro, que ocurrió en Antioquia, pero fue accionada por una de esas estructuras, la de Tierralta y la de Chengue, estos dos últimas en 2001).
Además, violencia sexual, asesinatos selectivos, despojos de tierras a campesinos e indígenas en probadas alianzas con ganaderos, notarios, políticos locales y empresarios. A ello se suma su capítulo sobre la “parapolítica”, como se conoció al fenómeno de la unión entre paramilitares, sectores y partidos políticos de la región con el que se cooptaron alcaldías, concejos municipales y cargos en la Policía y Ejército, entre otros.
Las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía concluyeron que varios políticos firmaron en 2001 el llamado pacto de Ralito, un acuerdo clandestino en el que las AUC ofrecían seguridad, financiación de campañas o “eliminación” de los opositores, para que estos llegaron al poder, a cambio de que la estructura armada pudiera tener voz y voto en decisiones institucionales y acceso a contratos públicos.
Esther Polo Zabala es una mujer, víctima y lideresa de Valle Encantado, en el corregimiento de Las Palomas de Montería, Córdoba. Es hija de la histórica lideresa María Zabala, quien también ha luchado por la reparación y la verdad de otras víctimas de incursiones paramilitares.
Para Esther, la verdad en Justicia y Paz ha sido parcial y todavía quedan muchas deudas por resolver, por lo que cuestiona que una nueva reforma pueda agilizar los procesos que históricamente han estado estancados y en letargo.
“Ahora, dos décadas después, van a presentar otra reforma, es difícil de masticar. Uno diría que quieren mantener viva esa unidad. Si los procesos de juzgamiento no se han concluido, que sigan hasta que en efecto se concluyan. Conozco gente que se murió esperando la sentencia o que le dijeran dónde estaba el familiar, por lo menos qué había pasado o una explicación mínima. Pero es esa tardanza, esa forma de proceder de la justicia tan lenta. Eso termina siendo para las víctimas muy humillante”, señaló Esther.
Y agregó: “Hay que esperar a ver si funciona, eso es un poco frustrante. Si logran reparar a la gente con esos cambios, pues bienvenido el proyecto. Pero ¿Por qué tanta tardanza? ¿Por qué esperar tantísimo tiempo para actuar?”.
El olvido y la ausencia de la verdad
Gloria Quintero es una lideresa y mujer buscadora de su hermano Rubén, desaparecido hace 23 años por un grupo paramilitar en Antioquia. Cuando iniciaron las audiencias de Justicia y Paz con los comparecientes, cuenta Gloria que nunca quiso asistir porque no quería que le dijeran en la cara cómo murió su hermano, y el día que decidió presentarse a una de esas diligencias, se encontró con la indiferencia, la duda y el olvido.
“Un paramilitar al que le decían Canelo estaba en una pantalla, pero parecía que estuviera ahí en la sala. Le decía que quería saber dónde estaba mi hermano. Él me miraba y me decía: ‘Es que yo no sé. No sé, no sé’. Le pregunté tres veces. ¿Dónde está?”, relata Gloria y agrega que una abogada le contó que nadie nunca aceptó el cargo de haber asesinado y desaparecido a su hermano, entonces ella le responde que no se inventó un desaparecido.
“De Justicia y Paz solo tengo sinsabores y tristezas. No hemos recibido nada para lo que se supone que se creó: reparación y verdad. No tenemos ninguna información. Para mí eso fue una forma de tapar lo que había pasado. No sé si esas personas tengan voluntad, pero uno sabe que ellos han salido y algunos otra vez están delinquiendo. Justicia y Paz fue más para tapar las verdades de lo que pasaba en Colombia. Para mí vulneraron todos los derechos. En lugar de que ellos dijeran la verdad, antes la ocultaron. Lo único que espero es que esas personas que hicieron tanto daño hayan cambiado y que nos digan dónde están las personas que ellos desaparecieron. Han sido 20 años de engaños”, dice Gloria.
Frente a esta realidad, Arboleda reconoce que si bien en un momento se implementó la participación de las víctimas en las audiencias de los comparecientes ante Justicia y Paz, en realidad fue un alcance muy corto y muchas veces sin preparación. “La participación fue muy precaria, muchas víctimas pudieron asistir a audiencias con los postulados, pero si se mira el conjunto, la mayoría de las comunidades ni se han enterado de Justicia y Paz. Los territorios altamente vulnerados no han tenido acceso directo a ser escuchados. El problema es que el enfoque territorial se pierde y tiene que ver porque a las víctimas no se les escucha y no se conoce su verdad. Es una justicia transicional que consolida la impunidad y que tiene un déficit muy grande en relación con los derechos de las víctimas”.
Zapata, director del IPC, coincide en que fue una justicia pensada para los victimarios sin cumplir con la premisa de la centralidad en las víctimas. “Creo que la ley realmente lo que hizo fue generar unos beneficios penales con una gente que tenía un récord de crímenes de lesa humanidad. Ese asunto fue un cambalache de 8 años de cárcel a cambio de lo que serían penas de casi una condena de por vida. Todavía falta mucho para que las víctimas realmente se reconforten. Uno dice que 20 años es un periodo para una transición y nos damos cuenta que aquí no. En Colombia no es un periodo suficiente 20 años para una transición. Todavía tenemos víctimas que van a seguir llamando por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Eso es un asunto que nunca puede morir en honor precisamente a esas víctimas”, concluyó.
Tras dos décadas, la Ley de Justicia y Paz sigue siendo un capítulo pendiente en la historia reciente del país. Aunque este modelo sin duda abrió el paso para que llegara la Jurisdicción Especial para la Paz que saldó el error y sí ha tenido como centralidad a las víctimas, la herida del proceso con los paramilitares sigue abierta. Ni el retorno de los antiguos comandantes a Colombia ni las reformas parciales han logrado reparar a personas, comunidades, organizaciones y poblaciones que están hoy en un limbo judicial.
La propuesta del Gobierno de reabrir el diálogo puede ser una idea loable, pero dado el poco margen de éxito de la paz total de Petro corre el riesgo de perderse entre todas las mesas de negociaciones. Sin embargo, el intento de la Fiscalía podría ser el ajuste normativo que se necesita para dar cierre al modelo, pero sobre todo, a los daños, afectaciones y cicatrices que aún tienen las víctimas.
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