¿A qué se van a dedicar las Fuerzas Armadas de Colombia en el posconflicto?

Michael Radseck nació en Alemania, pero es una de las mayores autoridades en temas de seguridad de América Latina. Su célebre tesis sobre las relaciones cívico-militares en el Chile posautoritario, por ejemplo, es uno de los documentos más consultados a la hora de estudiar los roles de las autoridades policiales y militares en la región.

Invitado por la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto de Ciencia Política y El Espectador, Radseck disertará hoy en Bogotá sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto colombiano, pone reparos a la insistencia del país por convertirse en un exportador de seguridad y dice que es urgente definir una doctrina de seguridad que no confunda los roles de la Policía y las Fuerzas Militares. He aquí algunas de sus reflexiones sobe el tema.

Uno de los debates del momento en Colombia concierne al tamaño que las Fuerzas Armadas deben tener al término de un proceso de paz con las Farc. ¿La desaparición de la guerrilla debe significar la reducción de las Fuerzas Militares o de Policía?

En principio diría que sí, pero, tomando en cuenta el contexto colombiano, hay que tener un poco de cuidado. Incluso diría que tal vez sería imprescindible mantener el actual pie de fuerza —que, sin lugar a dudas, es muy alto— y, de hecho, si fuese necesario, aumentarlo, sobre todo en las zonas que hasta ahora han sido dominadas por las Farc, para evitar precisamente que se produzcan vacíos peligrosísimos. En Colombia no es posible hablar de una reducción en cifras, por ejemplo, bajar a 40.000 o 60.000 hombres, porque falta una base programática.

¿A qué se refiere?

Un documento base que determine cuáles serían las amenazas tanto externas como internas, cuáles serían las estrategias para contrarrestarlas y quiénes serían los encargados. Sólo con esas bases se podría deducir el número real de efectivos, pero con ese vacío programático me parece sumamente difícil.

Una de las preocupaciones es que, como usted advierte, las zonas de presencia guerrillera fueran cooptadas por otros ilegales cuando la guerrilla firme la paz. ¿Cómo evitarlo?

Es un peligro real, pero para eso se requiere que el Estado esté presente y que ejerza un control territorial básico en las zonas en las que no ha estado en los últimos 50 o 60 años.

En el marco del proceso de paz con las Farc se ha propuesto que la guerrilla se concentre en determinadas zonas y que éstas tengan una protección por parte de las Fuerzas Militares. ¿Eso es conveniente?

Se supone que este es un Estado de derecho en el cual a las Fuerzas Armadas les cabe un rol y son instrumento del Ejecutivo. Así debería ser. Obviamente, el mundo militar tiene un peso político autónomo, pero no dudo de que, cuando el comandante en jefe le diga a su fuerza que tiene que cumplir determinada orden, la cumpla. El problema de fondo es que en este país son las propias Fuerzas Militares las que definen sus roles, y ejemplo de ello es que hace poco el comandante en jefe del Ejército dijo que iba a revisar la doctrina militar, recurriendo para ello a la ayuda de Estados Unidos y la OTAN.

¿Y qué hay de problemático en que se revise la doctrina militar? ¿O el problema es quién la revisa?

Me pregunto si realmente les corresponde a las Fuerzas Militares definir sus propios roles. Los llamados a hacer eso serían el Ministerio de Defensa y el Congreso, que son los que tienen el mandato político. Por ahí empieza el tema de qué roles van a tener que cumplir en un escenario de posacuerdo.

Y, teniendo en cuenta que llevan seis décadas en combate con la guerrilla, ¿a qué se deben dedicar unas Fuerzas Militares como las de Colombia en un escenario de posacuerdo?

No van a quedarse sin tarea. Yo creo que desde el punto de vista meramente militar no va a cambiar mucho, porque la confusión de roles, misiones y conceptos es tal en este país que no existe una separación mínima entre lo que serán funciones policiales y militares. Es decir, a los militares no los complica para nada combatir tanto el narcotráfico como bandas criminales. Es una cosa que en otros países no se da. Además, yo veo una política mediática fuerte de parte del Ministerio de Defensa para buscar cuáles podrían ser los futuros campos de acción para los militares, y una idea es hacer parte de las misiones de paz de Naciones Unidas.

Se habla mucho del tema, pero ¿qué tan factible es la participación en las misiones de paz? ¿Cómo se haría?

Para ser bien crítico, no percibo un compromiso fuerte con ese tipo de misiones, que en el fondo serían policiales. Lo otro que percibo es que en este país el Ministerio de Defensa tiene un afán de exportar seguridad. Solamente entre los años 2010 y 2012 han sido capacitados por colombianos más de 5.000 efectivos de aparatos de seguridad de Centroamérica en la lucha antinarcóticos, con un modelo triangular cofinanciado por Estados Unidos. Eso causa un montón de fricciones en la región. Por mucho que Colombia sigue fuertemente comprometida con Estados Unidos en el tema militar, el país no puede desprenderse de su contexto regional.

Pero tampoco se puede desconocer que Estados Unidos ha sido el socio estratégico en materia de seguridad, con todos lo bueno y todo lo malo que eso significa.

No creo que para inaugurar una doctrina nueva el país tenga necesariamente que recurrir a un socio externo. Si el comandante en jefe dice que por fin Colombia necesita una doctrina propia, que recurra a la experticia civil que existe en el país, que es poca, pero no porque la gente no esté comprometida con el tema sino porque el sector defensa se caracteriza por un fuerte secretismo y la información no está para el público. Sin embargo, hay una academia y centros de investigaciones que sí tienen la experticia suficiente para ayudarle al Ejecutivo. Y en ese proceso de diseñar una política de defensa, a los militares les corresponde un papel importante, pero como asesores.

¿Qué hacer, entonces, para que no terminemos confundiendo y distorsionando el papel de las Fuerzas Armadas?

La Constitución en sí es un tanto ambigua al respecto y no especifica lo suficientemente bien cuáles serían los roles, aunque tampoco le corresponde a una Constitución hacerlo.

Es un tema de ley.

Se tendría que hacer una ley de seguridad que regule el sector defensa colombiano, que es uno de los pocos, si no el único, que no tiene una ley marco. La famosa Ley 684, que trató de regularlo, fue tumbada en 2002 por la Corte Constitucional, que la declaró inexequible porque el estamento militar trabaja con conceptos que son contrarios a la Carta Política. Ya es tiempo de que el país abandone de una vez por todas todo aparato conceptual contrario a la Constitución, y eso pasa por una nueva ley de seguridad, que ha sido anunciada tantas veces, pero que no ha salido porque no hay un consenso sobre conceptos fundamentales. La gran falta es que los que son los llamados a formular estos marcos normativos no lo han hecho, no han sido capaces de explicitar cuál sería la política de defensa, que pasa por definir y clarificar tajantemente dos conceptos distintos: defensa nacional y seguridad interna.

¿Usted cree que las Fuerzas Armadas del futuro deberían tener la participación de exintegrantes de grupos ilegales?

Esa es una pregunta difícil. Creo que sería difícil lograr que un grupo rebelde asuma procedimientos formales de un ejército. Eso depende igual de un montón de factores, pero actualmente no veo las circunstancias para que se dé.

¿Y cree que los policías o militares deberían votar en un país como Colombia?

En Alemania pueden votar, pero el concepto es completamente distinto. Allá el soldado es un civil en uniforme con los mismos derechos que cualquiera. Acá, eso es algo impensable. Acá el estamento militar está muy separado del mundo civil y para cambiar eso, que sería deseable, se necesitaría una reforma cultural, conceptual, sobre cómo se percibe la profesión del soldado en el país.

Michael Radseck nació en Alemania, pero es una de las mayores autoridades en temas de seguridad de América Latina. Su célebre tesis sobre las relaciones cívico-militares en el Chile posautoritario, por ejemplo, es uno de los documentos más consultados a la hora de estudiar los roles de las autoridades policiales y militares en la región.

Invitado por la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto de Ciencia Política y El Espectador, Radseck disertará hoy en Bogotá sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto colombiano, pone reparos a la insistencia del país por convertirse en un exportador de seguridad y dice que es urgente definir una doctrina de seguridad que no confunda los roles de la Policía y las Fuerzas Militares. He aquí algunas de sus reflexiones sobe el tema.

Uno de los debates del momento en Colombia concierne al tamaño que las Fuerzas Armadas deben tener al término de un proceso de paz con las Farc. ¿La desaparición de la guerrilla debe significar la reducción de las Fuerzas Militares o de Policía?

En principio diría que sí, pero, tomando en cuenta el contexto colombiano, hay que tener un poco de cuidado. Incluso diría que tal vez sería imprescindible mantener el actual pie de fuerza —que, sin lugar a dudas, es muy alto— y, de hecho, si fuese necesario, aumentarlo, sobre todo en las zonas que hasta ahora han sido dominadas por las Farc, para evitar precisamente que se produzcan vacíos peligrosísimos. En Colombia no es posible hablar de una reducción en cifras, por ejemplo, bajar a 40.000 o 60.000 hombres, porque falta una base programática.

¿A qué se refiere?

Un documento base que determine cuáles serían las amenazas tanto externas como internas, cuáles serían las estrategias para contrarrestarlas y quiénes serían los encargados. Sólo con esas bases se podría deducir el número real de efectivos, pero con ese vacío programático me parece sumamente difícil.

Una de las preocupaciones es que, como usted advierte, las zonas de presencia guerrillera fueran cooptadas por otros ilegales cuando la guerrilla firme la paz. ¿Cómo evitarlo?

Es un peligro real, pero para eso se requiere que el Estado esté presente y que ejerza un control territorial básico en las zonas en las que no ha estado en los últimos 50 o 60 años.

En el marco del proceso de paz con las Farc se ha propuesto que la guerrilla se concentre en determinadas zonas y que éstas tengan una protección por parte de las Fuerzas Militares. ¿Eso es conveniente?

Se supone que este es un Estado de derecho en el cual a las Fuerzas Armadas les cabe un rol y son instrumento del Ejecutivo. Así debería ser. Obviamente, el mundo militar tiene un peso político autónomo, pero no dudo de que, cuando el comandante en jefe le diga a su fuerza que tiene que cumplir determinada orden, la cumpla. El problema de fondo es que en este país son las propias Fuerzas Militares las que definen sus roles, y ejemplo de ello es que hace poco el comandante en jefe del Ejército dijo que iba a revisar la doctrina militar, recurriendo para ello a la ayuda de Estados Unidos y la OTAN.

¿Y qué hay de problemático en que se revise la doctrina militar? ¿O el problema es quién la revisa?

Me pregunto si realmente les corresponde a las Fuerzas Militares definir sus propios roles. Los llamados a hacer eso serían el Ministerio de Defensa y el Congreso, que son los que tienen el mandato político. Por ahí empieza el tema de qué roles van a tener que cumplir en un escenario de posacuerdo.

Y, teniendo en cuenta que llevan seis décadas en combate con la guerrilla, ¿a qué se deben dedicar unas Fuerzas Militares como las de Colombia en un escenario de posacuerdo?

No van a quedarse sin tarea. Yo creo que desde el punto de vista meramente militar no va a cambiar mucho, porque la confusión de roles, misiones y conceptos es tal en este país que no existe una separación mínima entre lo que serán funciones policiales y militares. Es decir, a los militares no los complica para nada combatir tanto el narcotráfico como bandas criminales. Es una cosa que en otros países no se da. Además, yo veo una política mediática fuerte de parte del Ministerio de Defensa para buscar cuáles podrían ser los futuros campos de acción para los militares, y una idea es hacer parte de las misiones de paz de Naciones Unidas.

Se habla mucho del tema, pero ¿qué tan factible es la participación en las misiones de paz? ¿Cómo se haría?

Para ser bien crítico, no percibo un compromiso fuerte con ese tipo de misiones, que en el fondo serían policiales. Lo otro que percibo es que en este país el Ministerio de Defensa tiene un afán de exportar seguridad. Solamente entre los años 2010 y 2012 han sido capacitados por colombianos más de 5.000 efectivos de aparatos de seguridad de Centroamérica en la lucha antinarcóticos, con un modelo triangular cofinanciado por Estados Unidos. Eso causa un montón de fricciones en la región. Por mucho que Colombia sigue fuertemente comprometida con Estados Unidos en el tema militar, el país no puede desprenderse de su contexto regional.

Pero tampoco se puede desconocer que Estados Unidos ha sido el socio estratégico en materia de seguridad, con todos lo bueno y todo lo malo que eso significa.

No creo que para inaugurar una doctrina nueva el país tenga necesariamente que recurrir a un socio externo. Si el comandante en jefe dice que por fin Colombia necesita una doctrina propia, que recurra a la experticia civil que existe en el país, que es poca, pero no porque la gente no esté comprometida con el tema sino porque el sector defensa se caracteriza por un fuerte secretismo y la información no está para el público. Sin embargo, hay una academia y centros de investigaciones que sí tienen la experticia suficiente para ayudarle al Ejecutivo. Y en ese proceso de diseñar una política de defensa, a los militares les corresponde un papel importante, pero como asesores.

¿Qué hacer, entonces, para que no terminemos confundiendo y distorsionando el papel de las Fuerzas Armadas?

La Constitución en sí es un tanto ambigua al respecto y no especifica lo suficientemente bien cuáles serían los roles, aunque tampoco le corresponde a una Constitución hacerlo.

Es un tema de ley.

Se tendría que hacer una ley de seguridad que regule el sector defensa colombiano, que es uno de los pocos, si no el único, que no tiene una ley marco. La famosa Ley 684, que trató de regularlo, fue tumbada en 2002 por la Corte Constitucional, que la declaró inexequible porque el estamento militar trabaja con conceptos que son contrarios a la Carta Política. Ya es tiempo de que el país abandone de una vez por todas todo aparato conceptual contrario a la Constitución, y eso pasa por una nueva ley de seguridad, que ha sido anunciada tantas veces, pero que no ha salido porque no hay un consenso sobre conceptos fundamentales. La gran falta es que los que son los llamados a formular estos marcos normativos no lo han hecho, no han sido capaces de explicitar cuál sería la política de defensa, que pasa por definir y clarificar tajantemente dos conceptos distintos: defensa nacional y seguridad interna.

¿Usted cree que las Fuerzas Armadas del futuro deberían tener la participación de exintegrantes de grupos ilegales?

Esa es una pregunta difícil. Creo que sería difícil lograr que un grupo rebelde asuma procedimientos formales de un ejército. Eso depende igual de un montón de factores, pero actualmente no veo las circunstancias para que se dé.

¿Y cree que los policías o militares deberían votar en un país como Colombia?

En Alemania pueden votar, pero el concepto es completamente distinto. Allá el soldado es un civil en uniforme con los mismos derechos que cualquiera. Acá, eso es algo impensable. Acá el estamento militar está muy separado del mundo civil y para cambiar eso, que sería deseable, se necesitaría una reforma cultural, conceptual, sobre cómo se percibe la profesión del soldado en el país.