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El plan de Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene escrita –en mayúsculas– una frase que sintetiza lo que ha sido el tono en su discurso de seguridad: “¡CON LOS CRIMINALES NO HABRÁ NEGOCIACIÓN!”.
El candidato del movimiento Defensores de la Patria pasó a segunda vuelta con poco más de 10 millones de votos hasta el cierre de esta edición. Tras conocerse ese resultado, De la Espriella dijo en su discurso que los colombianos tienen que decidir si quieren “vivir en el embeleco de la paz total de Cepeda y Petro, que de paz no tiene nada, porque nos siguen llevando por el camino de las masacres, de los asesinatos, de los ataques, de los grupos ilegales, de los atentados a la población y nuestra Fuerza Pública”.
Para el aspirante presidencial, esa política de paz impulsada por Gustavo Petro ha sido “una traición a la patria”, según se lee en su programa de gobierno, que además menciona cifras de la Defensoría del Pueblo de 2025, como los 27.000 integrantes que hoy componen los diferentes grupos armados ilegales o las 107.924 víctimas de desplazamiento y las 128.825 de confinamiento .
A partir de esas cifras y de la premisa de que “el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país”, el candidato presenta sus propuestas en materia de seguridad.
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La primera que menciona es la destrucción de las 330.000 hectáreas de coca del país. A diferencia de la política de sustitución de cultivos ilícitos que desarrolló la administración del presidente Gustavo Petro, el candidato De la Espriella plantea valerse de todas las herramientas que “permite la ley y la tecnología”: fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales del narcotráfico, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición.
También señala que hay que “recuperar el control territorial”, así como “desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos”. Esta postura se enmarca en uno de los cuatro frentes desde los que el candidato considera que Colombia debe ser salvada: “la penetración del narcotráfico y de las economías ilegales”. En esa línea, De la Espriella propone “reconstruir la Fuerza Pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones”, un discurso que se refleja incluso en el gesto militar con el que acompaña el eslogan de su campaña: “Firmes por la patria”.
Entre sus propuestas también aparece “ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando de manera urgente por Ecopetrol, para erradicar cualquier filtración del narcotráfico, la corrupción y la mala gerencia”.
¿Qué dice del Acuerdo de Paz?
Su plan de gobierno no incluye ninguna política de paz. El candidato ha sostenido en repetidas ocasiones que “la paz no se negocia, se impone”.
En ese sentido, el Acuerdo de Paz, que este año cumple su décimo aniversario, no es abordado en el documento, ni tampoco el tema de las víctimas ni de entidades nacidas después de la firma de ese pacto.
Solo el primer punto del Acuerdo de 2016, el de la Reforma Rural Integral, aparece mencionado de forma breve en las propuestas del aspirante a la presidencia. De la Espriella señala que acabará con la reforma agraria —acelerada en la administración de Petro—, a la que califica de “falsa” y dice que volverá “propietario al campesino”, según se lee en el documento.
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha sido otra de las líneas de división de las campañas presidenciales, De la Espriella ha declarado que el tribunal no ha producido justicia sino impunidad. “Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso, y esa FARC, que desmovilizaron entre comillas, se convirtió en cinco FARC. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria”, dijo hace unas semanas a Caracol Radio. Si dependiera de él, añadió, la eliminaría “con un plumazo”.
De ganar la Presidencia, una de las incógnitas será cómo intentará De la Espriella materializar su idea de la eliminación de la JEP o el desmonte de pilares surgidos del Acuerdo de Paz, mecanismos que cuentan con blindajes constitucionales y cuyo futuro no depende únicamente de la voluntad del jefe de Estado.
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