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La pregunta es inevitable y vuelve a exponer una realidad que el país arrastra desde hace décadas: ¿la violencia volverá a marcar el rumbo del proceso electoral?
A casi un mes de las elecciones legislativas, y con un deterioro profundo de la seguridad en el país que marcó el 2025, persisten los temores sobre la interferencia de los grupos armados en el proceso electoral, aun cuando estructuras como el Estado Mayor Central de los Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo y Comuneros del Sur han suscrito acuerdos explícitos en esas mesas de negociación para respetar y garantizar tanto las campañas como el día de las votaciones.
Entre los compromisos, adquiridos entre noviembre de 2025 y este 31 de marzo, se incluyen no interferir en el proselitismo político, no cooptar las elecciones y respetar la distribución del material electoral en los distintos puestos de votación.
La desconfianza tanto en el cumplimiento de esos acuerdos como en las garantías de seguridad que debería dar el Estado a los aspirantes tiene en esta campaña un antecedente grave: el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en 2025. Su muerte “no solo marcó el tono del periodo preelectoral, sino que impactó la percepción general sobre el orden público en el país”, advirtió la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe.
No se trata, sin embargo, solo de una percepción. Los indicadores de violencia política confirman un desgaste de la seguridad en la antesala electoral. Así lo recoge el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) para la Octava Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, presentado el pasado 20 de enero, que advierte un aumento de los ataques contra liderazgos políticos.
“En particular, la violencia letal pasó de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, lo que equivale a un incremento del 22%. Además, se observa un hecho preocupante: mientras en 2021 se registró 1 secuestro contra líderes políticos, en 2025 se documentaron 11 casos, lo que evidencia una escalada en la gravedad de las agresiones”, se lee en el documento.
A esto se suman los hechos ocurridos en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como las curules de paz. De acuerdo con el balance de la MOE, aunque en 2025 se registró una reducción de los hechos de violencia frente a 2021, el panorama sigue siendo preocupante por la gravedad de las agresiones. La misión advierte que más de la mitad de los casos registrados en estas circunscripciones, creadas en 2016 para dar representatividad a las víctimas del conflicto, corresponde a violencia letal y que los principales afectados han sido los liderazgos políticos (54 casos) y sociales (44 casos).
“Además, casi la mitad de los hechos (45%) ocurrieron en zonas rurales, que son precisamente los lugares donde se celebrarán las elecciones para las curules CITREP. Lo anterior evidencia la alta vulnerabilidad de los liderazgos en territorios con limitada presencia institucional”, expuso el informe.
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En medio de ese deterioro de la seguridad, persisten las dudas sobre cómo se hará el seguimiento a los compromisos electorales firmados por los grupos armados ilegales que están en una mesa de negociación con el Gobierno Petro.
Entre los acuerdos firmados, solo en el del Clan del Golfo y en el de la CNEB se mencionó quién estará a cargo del protocolo para el seguimiento del compromiso electoral. En el caso del primer grupo será la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, y en el de la disidencia al mando de Walter Mendoza el documento señaló que se pediría seguimiento de la Procuraduría.
Acuerdos más allá de los días de votación
La Misión de Observación Electoral advirtió que no ha tenido conocimiento directo de la mayoría de los compromisos suscritos. Según explicó a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, solo se conoció parcialmente el acuerdo alcanzado con la CNEB en el sur del país. “Ese documento fue socializado en la Comisión de Seguimiento Electoral el pasado 20 de enero. Más allá de ese caso puntual, no se nos ha presentado información sobre otros acuerdos”, señaló.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la CNEB, confirmó a Colombia+20 que el contenido del acuerdo fue expuesto ante esa comisión.
“En esa reunión yo le pedí al Procurador General que convocara una comisión tanto en el departamento de Nariño como en el de Putumayo para presentar el documento porque el cumplimiento de esos compromisos pasa en buena medida de que tengamos herramientas institucionales que le hagan seguimiento a los acuerdos”, explicó Novoa.
Esa vigilancia se hace más urgente en medio de quejas de candidatos sobre la falta de claridad de algunos frentes del acuerdo, que señala Novoa, ha recibido la delegación del Gobierno. “Pero la manera que tenemos nosotros de controlarlo no es solamente que el grupo cumpla, sino que los candidatos que hagan acuerdos con ellos puedan ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades de control, porque ningún candidato puede hacer pactos con organizaciones al margen de la ley para ganar su apoyo electoral”, añadió.
En ese sentido, el jefe negociador explicó que los compromisos asumidos buscan cubrir todo el ciclo electoral, y no limitarse a la jornada de votación. Novoa recordó que el acuerdo firmado el pasado 6 de diciembre establece que la CNEB no interferirá en el proselitismo político ni en los procesos de conteo y verificación de votos en los territorios bajo su influencia.
Ese enfoque también quedó recogido en el acuerdo que firmó el grupo Comuneros del Sur –el frente que se dividió del ELN– este 31 de enero al cierre de la octava sesión de la mesa de diálogos. “Comuneros del Sur se comprometió a no interferir en actividades de proselitismo político y a no promover ni inducir el voto por ninguna candidatura”, se lee en el documento.
El planteamiento se repite en otras mesas de paz total. Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, se refirió a la “paz electoral” que quedó consignada en el acuerdo del pasado 5 de diciembre, al cierre del sexto ciclo de conversaciones en Catar. “La paz electoral va más allá del día de la votación. Implica el respeto a la participación política, a la libre expresión de los ciudadanos y al desarrollo normal de la dinámica electoral en los municipios”, afirmó a Colombia+20.
En la mesa con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), al mando de Calarcá, también se planteó un compromiso de paz electoral que quedó consignado al cierre del séptimo ciclo de diálogos en Campo Hermoso en noviembre pasado. En ese documento, el EMBF se compromete a no interferir y a respetar el normal desenvolvimiento de las elecciones de 2026.
Coordinación pendiente entre entidades
Aunque sobre el papel y desde las delegaciones se insiste en que los grupos han expresado voluntad de cumplir lo pactado, las dudas sobre la aplicación real de los acuerdos electorales se intensifican a medida que se acercan los comicios, junto con la incertidumbre sobre la respuesta institucional ante eventuales fallas.
En el caso de la disidencia Coordinadora Nacional, Novoa advirtió que habría una decisión de facto: la suspensión del proceso. “Si hay incumplimiento y lo podemos verificar, pediríamos que se suspenda la mesa hasta que no se aclare el cumplimiento efectivo de los compromisos que ellos han adquirido en la mesa”, señaló.
Según explicó, para el Gobierno la sostenibilidad de los acuerdos depende de que todas las campañas y candidatos en los territorios puedan respaldar los avances de la mesa. “Pero si esos candidatos, los que llegan a ser elegidos o los que no son elegidos, lo hacen con el apoyo del grupo, lo que vamos a tener es la precariedad de la legitimidad electoral y social de esos acuerdos que estamos construyendo en la mesa”, expresó.
En medio de ese panorama, la MOE ha insistido en la necesidad de una mayor articulación entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Desde la misión advierten que es clave que esas entidades compartan información sobre el estado real de las negociaciones con los grupos armados y los términos de los acuerdos alcanzados, para evitar vacíos en la estrategia de seguridad electoral.
“Hemos insistido en que dialoguen sobre el avance de estas negociaciones y los compromisos que se están adquiriendo con algunos actores armados para garantizar y blindar el proceso electoral”, señaló Rubiano, vocero de la MOE.
La advertencia no es nueva. Desde 2023, la MOE ha hecho ese pedido. Sin embargo, aseguró Rubiano, no ha recibido las respuestas esperadas. “No hemos tenido un avance concreto en la articulación real de estas políticas, más allá de lo que implicó el acuerdo generado con este grupo (CNEB) en el sur del país. Esperamos que no tengamos líos al respecto. Recordamos pues lo que ocurre en Argelia, Cauca, y las elecciones locales de 2023”, afirmó.
Los focos de violencia
El departamento del Cauca –explicó Rubiano– vuelve a ser uno de los focos críticos de conflictividad donde el riesgo electoral es mayor y donde se requiere una presencia sostenida de la fuerza pública para garantizar el proceso. Los otros son Arauca; la región del Catatumbo, en Norte de Santander; el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, con extensión hacia el sur de Bolívar; el sur del Chocó; y la región sur del Meta y Guaviare.
En algunas de esas zonas la preocupación está asociada a la confluencia de distintos actores armados y a disputas territoriales activas. Ese escenario, advirtió la MOE, eleva los riesgos para el normal desarrollo del proceso electoral.
Mientras el calendario electoral avanza, persisten los temores sobre la interferencia armada en esos territorios tan golpeados por el conflicto, la cooptación de los procesos y un eventual repunte de la violencia en pleno ciclo electoral. El desafío será que haya la coordinación suficiente de las entidades correspondientes para que los compromisos asumidos no se queden en el papel.
Estos son los compromisos que firmaron los grupos armados
Estado Mayor de los Bloques y Frente
El pasado 20 de noviembre, al cierre del séptimo ciclo de diálogos en Campo Hermoso, en Caquetá, con la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, se conoció un acuerdo en el que el grupo se “compromete a no interferir y respetar el normal desenvolvimiento de las elecciones de 2026”.
El acuerdo también prevé que el EMBF reporte cualquier irregularidad electoral, como compra de votos o trashumancia, a través de la delegación del gobierno, que a su vez la trasladará a las autoridades competentes.
“La delegación de gobierno se compromete a gestionar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil los mecanismos para que la ciudadanía de zonas rurales pueda ejercer su derecho al voto, así como impulsar con las entidades la logística, los puestos de votación y la trasparencia electoral”, añade el documento.
Clan del Golfo
El pasado 5 de diciembre, desde Doha (Catar), el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado la mayor estructura armada del país, con cerca de 9.000 integrantes— cerraron el segundo ciclo de diálogos. Allí se pactó un compromiso “de respeto y no interferencia a la paz electoral en el desarrollo de los procesos políticos electorales nacionales y territoriales” por parte del EGC.
Además, las partes acordaron no utilizar el proceso de paz con fines electorales. En el documento se lee: “preservaremos la integridad de este proceso sociojurídico impidiendo su instrumentalización con fines electorales y llamamos a no lesionar estos espacios con acciones que afecten su imparcialidad”.
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
Al cierre del sexto ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el pasado 6 de diciembre, la disidencia ratificó en un acuerdo que respetará plenamente la autonomía y el libre ejercicio del voto.
“No obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios donde tenga influencia armada”, señala el documento.
También se estableció que la CNEB garantizará la seguridad y el trabajo de todos los actores del proceso electoral y que no participará ni influirá en las disputas o reclamaciones que surjan alrededor de los escrutinios.
Por su parte, la delegación del Gobierno se comprometió a solicitar a la Registraduría Nacional la realización de procesos de cedulación en los territorios, con el fin de garantizar el acceso a este derecho fundamental.
Comuneros del Sur
Este 31 de enero, desde Pasto (Nariño), la delegación de Comuneros del Sur —frente que se separó del ELN— firmó un acuerdo para respetar las elecciones.
“A través de este Acuerdo, las delegaciones reafirmaron su voluntad de generar un clima de paz, seguridad, confianza y participación democrática que garantice el ejercicio libre y autónomo de los derechos políticos de la ciudadanía en los diez municipios priorizados”, se lee en el comunicado.
El grupo también se comprometió a abstenerse de participar en actividades de proselitismo político y a no inducir el voto.
“Por su parte, el Gobierno Nacional asumió el compromiso de contribuir a la generación de condiciones de seguridad, promover la participación electoral, apoyar iniciativas de cedulación en articulación con la Registraduría”, añade el documento.
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