El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, se convirtió en uno de los golpes más delicados para la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. No solo por tratarse de un crimen contra un periodista en una región históricamente golpeada por el conflicto armado, sino porque la responsabilidad del crimen apunta hacia el Frente 36, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia comandada por Calarcá Córdoba y con la que el Ejecutivo mantiene una mesa de negociación.
El caso -que se suma a otros escándalos que han involucrado a ese grupo armado como presuntas infiltraciones al Ejército y a la inteligencia, masacres y asesinatos de líderes sociales, entre otros- volvió a poner bajo presión la apuesta de negociar con estructuras armadas activas mientras continúan las confrontaciones y denuncias de violaciones contra la población civil.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “las mesas de diálogo no son ninguna boleta para delinquir” tras conocerse la orden de “afectar” a ese grupo armado.
Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a los grupos armados respetar la vida y la libertad de prensa, y organizaciones sociales advirtieron que el asesinato refleja el deterioro de las garantías para periodistas y líderes comunitarios en zonas de disputa armada.
Además: Cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en Briceño (Antioquia), ya fue recuperado
Pero, además, el hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados que se ha venido presentando con varias estructuras armadas ilegales en el país en los últimos años. Por un lado, las divisiones que se vienen presentando dentro de ese grupos -la misma disidencia de Calarcá se creó por una fragmentación con el Estado Mayor Central- y por consecuencia, que el Gobierno negocia con estructuras que no tienen mando, cohesión y capacidad de responder políticamente por sus hombres en los territorios.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que buena parte de las disidencias surgidas tras el Acuerdo de Paz con las FARC funcionan como una “falsa unidad”: agrupaciones regionales con mandos poco consolidados y sin una estructura realmente cohesionada. “No tienen mucho que los aglutine. Si tú no tienes algo que realmente aglutine al grupo, no vas a mantener ni mando, ni control, ni identidad”, explica.
Eso sin contar con que, a la luz de decisiones del Gobierno o de las delegaciones, no parece haber líneas rojas con los armados.
Aunque todavía no existe una conclusión judicial definitiva sobre las responsabilidades en el crimen, las versiones conocidas hasta ahora ya abrieron esa discusión de fondo sobre el control real que tiene la comandancia de esa disidencia sobre sus frentes armados.
El presidente Petro señaló públicamente a Jhon Edison Chala Torrejano, conocido como Víctor Chala y jefe de finanzas frente Darío Gutiérrez del EMBF, por el asesinato del periodista y pidió su captura. Según las versiones oficiales, el joven periodista de apenas 25 años habría sido retenido antes de aparecer muerto en zona rural de Briceño, un municipio donde esa estructura mantiene presencia armada y control territorial.
Para Bonilla, el crimen también debe leerse en clave territorial. En Briceño, el frente 36 está en un proceso activo de instalación de control sobre el territorio, y ese momento, explica, es el más violento para cualquier grupo armado. “Tú tienes que llegar, crear disciplina, decir quién entra y quién sale de tu territorio, crear un ambiente tal que la gente ya obedezca sin necesidad de que haya una amenaza creíble. Y eso solamente se logra con mucha bala. Es exactamente lo que estamos viendo y probablemente es lo que pasó con Mateo”, señala.
La respuesta de la disidencia llegó el sábado después en un comunicado firmado por varias de sus direcciones armadas. Allí, la organización aseguró que “el asesinato del periodista jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y afirmó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.
Sin embargo, el mismo documento dejó abierta una grieta difícil de ignorar. La estructura afirmó que “de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.
Según Bonilla, esto responde a que el Gobierno intentó construir una mesa de negociación pensando en estructuras armadas más organizadas, pero en la práctica el EMBF opera como una suma de “grupitos regionales” -como el frente 33 y el 36- que actúan con amplios márgenes de autonomía. Esa fragmentación, advierte, dificulta establecer responsabilidades políticas y garantizar control sobre lo que ocurre en los territorios.
Ese punto resulta especialmente sensible en procesos de negociación armada. La interlocución política con grupos ilegales parte de una premisa básica y es que existe una cadena de mando capaz de hacer cumplir órdenes, contener violaciones y responder por las acciones de sus estructuras, pero sobre todo cumplir lo pactado en las mesas. Cuando surge la idea de que combatientes pueden actuar por cuenta propia, se erosiona uno de los fundamentos de confianza en los que se basa cualquier negociación.
Max Yuri Gil, director de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señala que el caso deja al descubierto un problema más profundo sobre las estructuras con las que el Gobierno mantiene negociaciones de paz.
Para el académico, el asesinato no solo vuelve a poner la atención sobre la violencia en Antioquia, sino también sobre la fragmentación interna de las disidencias y la dificultad para establecer quién controla realmente a los hombres armados en los territorios.
“Disidencias del Frente 36 que actúan en la zona del municipio de Briceño hacen parte del EMBF que dirige alias Calarcá, que está en diálogos con el gobierno, el frente Darío Ramírez actúa en Huila pero puede ser que los que asesinaron a Mateo sean disidencia de las disidencia”, indicó en su cuenta de X.
La discusión sobre si se debe mantener el proceso con Calarcá
Para Gil, el debate alrededor del crimen también ha evidenciado un doble rasero político frente a la exigencia de garantías de derechos humanos. “Lo que sí es muy tenaz es que haya quienes creen que cuestionar acciones del gobierno es incorrecto. Creo que lo incorrecto es rebajar las exigencias de garantía de derechos porque es un ‘gobierno amigo’, tener un rasero diferente para exigir de acuerdo a quien gobierne”, señaló.
El académico fue más allá y cuestionó directamente la continuidad de las negociaciones con estructuras señaladas de mantener ataques contra civiles. “Creo que se equivoca el gobierno al mantener mesas de diálogo con grupos que persisten en la comisión de crímenes de guerra y/o lesa humanidad, atacando de manera sistemática la población civil. El asesinato del periodista Mateo Pérez por las disidencias debe tener consecuencias”.
Bonilla coincide en que el crimen obliga al Gobierno a replantear la forma en la que está negociando con este tipo de estructuras armadas, aunque advierte que desmontar todas las mesas no resolvería el problema. “No necesariamente es parar la mesa, pero sí recondicionarla”, explica. Para la investigadora, el Estado no tiene actualmente la capacidad de enfrentar de manera simultánea múltiples conflictos armados sin que eso derive en una mayor crisis humanitaria.
Esa discusión además ocurre en un momento que no es bueno en esa mesa, ya golpeado con otros hechos violentos y escándalos. Aunque algunas actividades de ese proceso siguen, hay una especie de congelamiento de facto.
Por ahora, ni la delegación del Gobierno en ese proceso de paz liderado por Gloria Quiceno, ni el Comisionado de Paz, Otty Patiño, se han pronunciado al respecto.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.