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Casi nueve años después de la firma del Acuerdo, más del 84% de los exintegrantes de las FARC-EP que dejaron las armas siguen comprometidos con su tránsito a la vida civil. Vivienda, tierra, salud mental, liderazgo político y reconciliación territorial son los ejes de sus proyectos de vida.
La cifra es contundente. 11.130 firmantes de paz, de un total de 13.216, continúan activamente vinculados al Programa de Reincorporación Integral (PRI), creado por el Gobierno en julio de 2024. La cifra representa más del 84% de quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y que hoy, casi una década después, siguen comprometidos con su tránsito hacia la vida civil.
Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), este grupo de excombatientes ha formulado 10.724 Planes de Reincorporación Individual, documentos que funcionan como hoja de ruta personalizada para orientar su integración social, económica, política y comunitaria. Estos planes reflejan las prioridades que cada firmante ha identificado en su proceso, y evidencian una apuesta clara por la no repetición y la construcción de paz desde los territorios.
El PRI, que tardó al menos ocho años en crearse y vio la luz con el Decreto 0846 de julio de 2024 firmado por el Gobierno de Gustavo Petro, plantea 211 acciones para atender las necesidades y aspiraciones de firmantes de paz, sus familias y comunidades.
Con enfoque territorial y diferencial, el programa reconoce las condiciones específicas de quienes hacen parte del proceso: 828 jóvenes entre 18 y 28 años, 971 personas mayores de 60 años y 1.901 firmantes con discapacidad están incluidos activamente, representando un 17% del total de vinculados.
La reincorporación tiene presencia en 33 departamentos del país, con mayor concentración en Meta (1.456 firmantes), Antioquia (1.262), Cauca (1.029), Caquetá (690), Tolima (672) y Bogotá D.C. (666). Esto no solo evidencia la dimensión geográfica del proceso, sino también los desafíos logísticos, institucionales y comunitarios que implica sostener este esfuerzo en contextos de seguridad variable y presencia de grupos armados residuales.
Los datos recopilados por la ARN a partir de los Planes de Reincorporación Individual permiten identificar las prioridades que los firmantes han trazado para su proceso. En el componente social, el 77% priorizó el acceso o mejoramiento de vivienda, mientras que un 76% optó por participar en campañas de divulgación sobre el acompañamiento psicosocial, lo que revela una preocupación profunda por el bienestar físico y emocional, tanto individual como colectivo.
En lo económico, el 85% eligió la asignación mensual como un apoyo clave para su estabilidad financiera, y el 72% manifestó interés en acceder a tierras, lo que demuestra la importancia de fortalecer proyectos productivos sostenibles como base de su nueva vida civil.
En la dimensión comunitaria, un 58% se inclinó por participar en acciones de reconciliación y construcción de paz territorial, y un 49% en procesos de pedagogía del Acuerdo de Paz. Estas cifras subrayan el deseo de contribuir activamente a la reconstrucción del tejido social, especialmente en regiones donde el conflicto dejó huellas profundas.
Finalmente, en el componente político, el 44% priorizó la formación en veedurías ciudadanas y el 34% la capacitación en liderazgo, lo cual apunta a un interés creciente en la participación democrática y el ejercicio de la ciudadanía activa.
El reto ahora es garantizar la sostenibilidad del programa, profundizar los enfoques diferenciales y proteger los logros alcanzados frente a los múltiples riesgos que aún enfrentan quienes dejaron las armas y, por ahora, tras un año de su implementación, el PRI se perfila como un instrumento clave para consolidar la paz.
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