Así se está reestructurando la atención a las víctimas del conflicto

“Hay que cumplirles a las víctimas”. Esa fue la frase con la que el director encargado de la Unidad para las Víctímas inició su explicación sobre la forma en que el Estado va a garantizarles sus derechos a las más de ocho millones de personas que sufrieron gravemente el conflicto armado colombiano. En solo tres años, en 2021, la Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, se vence, y los retos siguen siendo inmensos: el 87% de las víctimas no han sido indemnizadas y faltan por atender cerca de tres millones de víctimas en el Programa de Atención Psicosocial del Ministerio de Salud.

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Durante el conversatorio “Las víctimas en el centro. Los retos de la política pública”, organizado por Colombia2020 junto a OIM y USAID, y en alianza con la Universidad del Rosario, Ramón Alberto Rodríguez, director (e), explicó que la Unidad está en proceso de reorganizar y direccionar los recursos para cumplir con la indemnización de las víctimas, principalmente.

Asimismo, según el director Rodríguez, cerca de 200 mil personas se hicieron pasar por víctimas ante el Registro Único de la Unidad de Víctimas para acceder a una reparación. Habrían incurrido en un posible fraude y por eso se evalúa su exclusión en los trámites de postulación.

Rodríguez contó que dentro de esta entidad hay más recursos para ayuda humanitaria que para indemnización, por lo que están buscando la mejor manera de liberar recursos del primer rubro para inyectarle al segundo. Lo harán mediante el Decreto Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. "Lo podemos hacer fortaleciendo la generación de recursos de las víctimas. Ya identificamos que varias entidades lo hacen y debemos hacerlo en una sola entidad. Esto involucrando mucho el tema de la política de inclusión social y productividad a las víctimas", dijo.

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¿De dónde saldrá la plata? Rodríguez explicó: "Un 7% en regalías puede fortalecer los temas productivos de las víctimas. Además, el fondo de la reparación tiene unos 1.216 bienes que cuando nos los entregaron tenían dificultades, pero fácilmente se puede monetizar un 40% de ellos para el 2019, y así ayudar a indemnizar". Hizo la claridad de que esto en ningún momento significa descuidar la ruta de reparación, los retornos y las reubicaciones.

Otra estrategia para acelerar el cumplimiento de los compromisos es la austeridad dentro de la Unidad. "Estamos organizando el servicio del ciudadano, que nos permite ahorrar 26 mil millones de pesos para el proximo año. Otros 35 mil millones que no se ejecutaron en otros rubros los estamos trasladando para pagos de indemnizaciones en 2019".

Respecto al tema de la generación de ingresos, Rodríguez dijo que esto es vital para superar la subsistencia mínima, es decir, la vulnerabilidad que 800.000 víctimas han superado. "Se debe hacer de forma organizada, ya sea con el Ministerio de Trabajo, o Ministerio de Cmercio. En Prosperidad Social, que tenemos un billón de pesos que podemos direccionar hacia esto. Las víctimas son muy emprendedoras".

Finalmente, identificó cuatro grandes retos para mejorar la atención a las víctimas: la articulación con otras entidades; la atención psicosocial, en asocio con el Ministerio de Salud; el trabajo conjunto con los entes territoriales; y la vivienda, que después de la generación de ingresos es la segunda preocupación de las víctimas. 

“Hay que cumplirles a las víctimas”. Esa fue la frase con la que el director encargado de la Unidad para las Víctímas inició su explicación sobre la forma en que el Estado va a garantizarles sus derechos a las más de ocho millones de personas que sufrieron gravemente el conflicto armado colombiano. En solo tres años, en 2021, la Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, se vence, y los retos siguen siendo inmensos: el 87% de las víctimas no han sido indemnizadas y faltan por atender cerca de tres millones de víctimas en el Programa de Atención Psicosocial del Ministerio de Salud.

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Durante el conversatorio “Las víctimas en el centro. Los retos de la política pública”, organizado por Colombia2020 junto a OIM y USAID, y en alianza con la Universidad del Rosario, Ramón Alberto Rodríguez, director (e), explicó que la Unidad está en proceso de reorganizar y direccionar los recursos para cumplir con la indemnización de las víctimas, principalmente.

Asimismo, según el director Rodríguez, cerca de 200 mil personas se hicieron pasar por víctimas ante el Registro Único de la Unidad de Víctimas para acceder a una reparación. Habrían incurrido en un posible fraude y por eso se evalúa su exclusión en los trámites de postulación.

Rodríguez contó que dentro de esta entidad hay más recursos para ayuda humanitaria que para indemnización, por lo que están buscando la mejor manera de liberar recursos del primer rubro para inyectarle al segundo. Lo harán mediante el Decreto Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. "Lo podemos hacer fortaleciendo la generación de recursos de las víctimas. Ya identificamos que varias entidades lo hacen y debemos hacerlo en una sola entidad. Esto involucrando mucho el tema de la política de inclusión social y productividad a las víctimas", dijo.

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¿De dónde saldrá la plata? Rodríguez explicó: "Un 7% en regalías puede fortalecer los temas productivos de las víctimas. Además, el fondo de la reparación tiene unos 1.216 bienes que cuando nos los entregaron tenían dificultades, pero fácilmente se puede monetizar un 40% de ellos para el 2019, y así ayudar a indemnizar". Hizo la claridad de que esto en ningún momento significa descuidar la ruta de reparación, los retornos y las reubicaciones.

Otra estrategia para acelerar el cumplimiento de los compromisos es la austeridad dentro de la Unidad. "Estamos organizando el servicio del ciudadano, que nos permite ahorrar 26 mil millones de pesos para el proximo año. Otros 35 mil millones que no se ejecutaron en otros rubros los estamos trasladando para pagos de indemnizaciones en 2019".

Respecto al tema de la generación de ingresos, Rodríguez dijo que esto es vital para superar la subsistencia mínima, es decir, la vulnerabilidad que 800.000 víctimas han superado. "Se debe hacer de forma organizada, ya sea con el Ministerio de Trabajo, o Ministerio de Cmercio. En Prosperidad Social, que tenemos un billón de pesos que podemos direccionar hacia esto. Las víctimas son muy emprendedoras".

Finalmente, identificó cuatro grandes retos para mejorar la atención a las víctimas: la articulación con otras entidades; la atención psicosocial, en asocio con el Ministerio de Salud; el trabajo conjunto con los entes territoriales; y la vivienda, que después de la generación de ingresos es la segunda preocupación de las víctimas.