Así va el Acuerdo de Paz: lejos de superar el problema de las drogas ilícitas
Los esfuerzos en el cuarto punto del Acuerdo se han enfocado en el programa de sustitución de cultivos de coca, que aun así presenta graves retrasos. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.
Sebastián Forero Rueda - @Sebastianforerr
La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. Asimismo, a los consumidores se les atendería desde un enfoque de salud pública, en vez de caerles con represión. Y, en cambio, quienes se lucran de la comercialización de narcóticos serían perseguidos, así como sus finanzas y contactos. Con la legalidad se les cerraría el cerco. Objetivos que hoy parecen lejanos de cumplir.
Las promesas incumplidas de la sustitución voluntaria
El punto cuatro creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para las familias que viven del cultivo de hoja de coca. A la fecha, hay 99.097 familias vinculadas a ese programa, en 56 municipios de 14 departamentos, la mitad de ellas en Putumayo, Nariño y Caquetá. Para esas familias el PNIS estipuló el Plan de Atención Inmediata (PAI), compuesto por 12 pagos de un millón de pesos mensuales durante el primer año (o seis pagos bimestrales de $2 millones), un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica y dos proyectos productivos, uno a corto y el otro a largo plazo. En total, $36 millones por familia, en un proceso que debía durar dos años.Sin embargo, a más de tres años de la puesta en marcha del PNIS y de que ingresaran a él las primeras familias, el Gobierno aún está terminando de desembolsar los pagos a cada familia. Según la Consejería para la Estabilización, a la fecha 73.817 familias han recibido por lo menos un pago, de las cuales 49.767 ya recibieron la totalidad de ellos, es decir, la mitad de las familias inscritas al programa. En el caso del proyecto para seguridad alimentaria lo han recibido 59.940 familias.
Y hasta ahí los avances. Federico Nariño, representante del partido FARC en la Junta de Direccionamiento Estratégico del PNIS, y Arnobis Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), reclaman que hoy no existen en el país proyectos productivos funcionando para quienes dejaron sus cultivos de coca con un cumplimiento de más del 94 %, según lo certificó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (Unodc). Las cifras del Gobierno lo confirman, pues apenas reportan 727 familias con proyectos productivos en Cumaribo (Vichada) y Briceño (Antioquia), el 0,7 % de las familias en el PNIS.
(Lea también: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)
“El Gobierno cambió la forma de ejecutar el PAI porque este no era por etapas, tenía que ser integral. Es decir, a medida que se daban los $12 millones se debía implementar la seguridad alimentaria y el proyecto productivo de ciclo corto. Y en el año siguiente se implementaba el proyecto productivo de largo plazo”, dice Arnobis Zapata. Para Luis Felipe Cruz, investigador del área de política de drogas de Dejusticia, la cronología era importante, pues la idea “era que las familias nunca estuvieran en peligro de quedarse sin ingresos. Lo que ha pasado es que a muchas familias ya les terminaron los seis pagos y no les ha llegado ni siquiera la seguridad alimentaria y menos el proyecto de ciclo corto”.
Pero, además de la atención a las familias inscritas, el PNIS contemplaba atención para las comunidades en donde esas familias entraran al programa, mediante lo que se denominó Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda). Básicamente, planes de desarrollo específicos para las zonas cocaleras, que debían construirse en un ejercicio participativo similar al de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Allí, reclaman las comunidades y los representantes de FARC, hay un rezago enorme. De acuerdo con ellos, a la fecha no hay un solo Pisda formulado en los términos en que lo estipulaba el Acuerdo. “Lo que hizo el Gobierno fue introducir los Pisda dentro de los PDET. Pero la construcción de esos planes con las comunidades no se dio”, sostiene Federico Nariño.
Sobre eso, en la respuesta que la Consejería para la Estabilización remitió a este diario, queda claro que por las coincidencias territoriales entre los municipios PDET y aquellos donde se implementa el programa de sustitución, los PDET recogieron también lo referente a las comunidades cocaleras. El resultado de ello, según el Gobierno, fue la identificación de 710 iniciativas que quedaron en los PDET con la etiqueta Pisda. Ya con esas 710 iniciativas, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) ha formulado los Pisda en 45 municipios, “que se encuentran elaborados y en revisión” . Ello constituye para las comunidades una ruptura con la ruta que establecía el Acuerdo. Como también lo es el hecho de que las instancias encargadas de la ejecución del PNIS no han sido convocadas. Es el caso del Consejo Permanente de Dirección, donde tienen asiento 10 organizaciones sociales y campesinas, que durante el Gobierno Duque no ha sido convocado ni una sola vez. Mismo caso el de la Junta de Direccionamiento Estratégico, donde está las FARC y el Gobierno, que en la Presidencia de Duque solo ha sido convocada dos veces. Igualmente, pese a que el programa estipulaba que la seguridad de quienes sustituyeran sus cultivos debía ser garantizada, la Coccam tiene registros de al menos 56 líderes asesinados que impulsaban la sustitución voluntaria en sus comunidades.
(Vea: Así va el Acuerdo de Paz: la apertura democrática está amenazada)
El tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores
Según el Acuerdo, el Gobierno nacional se comprometía a dejar de perseguir a los campesinos que sobreviven de los cultivos de coca, mediante ajustes normativos que permitieran un tratamiento penal diferencial. A la fecha, eso no se ha cumplido.Según el Gobierno, ese asunto debe ser tramitado mediante un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial en el Congreso. Allí se ha radicado en varias ocasiones; una vez por iniciativa del Gobierno Santos, y no ha prosperado. Actualmente, está radicado uno de autoría del partido FARC y otros congresistas de oposición, que está pendiente de discutir ponencia para segundo debate. Por su parte, dijo la Consejería para la Estabilización, el Ministerio de Justicia se encuentra realizando mesas de trabajo con el objetivo de presentar el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial.
El consumo y la salud pública
El consumo de drogas ilícitas debe ser abordado desde un enfoque de salud pública, estipuló el Acuerdo. Para ello, entre otras estrategias, planteaba la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. Pero, en esos términos, dicho programa no existe. Lo que hay es una política pública de atención al uso de drogas, que fue adoptaba por el Ministerio de Salud en enero de 2019. Sin embargo, la relación entre esa política y lo pactado en La Habana no es clara, y más aún; en la parte considerativa de la resolución que la adoptó no hay una sola referencia al Acuerdo de Paz. No existe tampoco el Sistema Nacional de Atención a los Consumidores de Drogas Ilícitas, convenido también en el punto 4. Para Cruz, de Dejusticia, “este es un tema en el que vimos que el Gobierno quería escindirse del Acuerdo de Paz, y hablarlo en otros términos”. Sin embargo, sostiene que frente al consumo el Acuerdo de Paz tampoco era muy innovador y existe un marco normativo en esta materia “que va mucho más allá del Acuerdo”.
La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. Asimismo, a los consumidores se les atendería desde un enfoque de salud pública, en vez de caerles con represión. Y, en cambio, quienes se lucran de la comercialización de narcóticos serían perseguidos, así como sus finanzas y contactos. Con la legalidad se les cerraría el cerco. Objetivos que hoy parecen lejanos de cumplir.
Las promesas incumplidas de la sustitución voluntaria
El punto cuatro creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para las familias que viven del cultivo de hoja de coca. A la fecha, hay 99.097 familias vinculadas a ese programa, en 56 municipios de 14 departamentos, la mitad de ellas en Putumayo, Nariño y Caquetá. Para esas familias el PNIS estipuló el Plan de Atención Inmediata (PAI), compuesto por 12 pagos de un millón de pesos mensuales durante el primer año (o seis pagos bimestrales de $2 millones), un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica y dos proyectos productivos, uno a corto y el otro a largo plazo. En total, $36 millones por familia, en un proceso que debía durar dos años.Sin embargo, a más de tres años de la puesta en marcha del PNIS y de que ingresaran a él las primeras familias, el Gobierno aún está terminando de desembolsar los pagos a cada familia. Según la Consejería para la Estabilización, a la fecha 73.817 familias han recibido por lo menos un pago, de las cuales 49.767 ya recibieron la totalidad de ellos, es decir, la mitad de las familias inscritas al programa. En el caso del proyecto para seguridad alimentaria lo han recibido 59.940 familias.
Y hasta ahí los avances. Federico Nariño, representante del partido FARC en la Junta de Direccionamiento Estratégico del PNIS, y Arnobis Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), reclaman que hoy no existen en el país proyectos productivos funcionando para quienes dejaron sus cultivos de coca con un cumplimiento de más del 94 %, según lo certificó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito (Unodc). Las cifras del Gobierno lo confirman, pues apenas reportan 727 familias con proyectos productivos en Cumaribo (Vichada) y Briceño (Antioquia), el 0,7 % de las familias en el PNIS.
(Lea también: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)
“El Gobierno cambió la forma de ejecutar el PAI porque este no era por etapas, tenía que ser integral. Es decir, a medida que se daban los $12 millones se debía implementar la seguridad alimentaria y el proyecto productivo de ciclo corto. Y en el año siguiente se implementaba el proyecto productivo de largo plazo”, dice Arnobis Zapata. Para Luis Felipe Cruz, investigador del área de política de drogas de Dejusticia, la cronología era importante, pues la idea “era que las familias nunca estuvieran en peligro de quedarse sin ingresos. Lo que ha pasado es que a muchas familias ya les terminaron los seis pagos y no les ha llegado ni siquiera la seguridad alimentaria y menos el proyecto de ciclo corto”.
Pero, además de la atención a las familias inscritas, el PNIS contemplaba atención para las comunidades en donde esas familias entraran al programa, mediante lo que se denominó Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda). Básicamente, planes de desarrollo específicos para las zonas cocaleras, que debían construirse en un ejercicio participativo similar al de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Allí, reclaman las comunidades y los representantes de FARC, hay un rezago enorme. De acuerdo con ellos, a la fecha no hay un solo Pisda formulado en los términos en que lo estipulaba el Acuerdo. “Lo que hizo el Gobierno fue introducir los Pisda dentro de los PDET. Pero la construcción de esos planes con las comunidades no se dio”, sostiene Federico Nariño.
Sobre eso, en la respuesta que la Consejería para la Estabilización remitió a este diario, queda claro que por las coincidencias territoriales entre los municipios PDET y aquellos donde se implementa el programa de sustitución, los PDET recogieron también lo referente a las comunidades cocaleras. El resultado de ello, según el Gobierno, fue la identificación de 710 iniciativas que quedaron en los PDET con la etiqueta Pisda. Ya con esas 710 iniciativas, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) ha formulado los Pisda en 45 municipios, “que se encuentran elaborados y en revisión” . Ello constituye para las comunidades una ruptura con la ruta que establecía el Acuerdo. Como también lo es el hecho de que las instancias encargadas de la ejecución del PNIS no han sido convocadas. Es el caso del Consejo Permanente de Dirección, donde tienen asiento 10 organizaciones sociales y campesinas, que durante el Gobierno Duque no ha sido convocado ni una sola vez. Mismo caso el de la Junta de Direccionamiento Estratégico, donde está las FARC y el Gobierno, que en la Presidencia de Duque solo ha sido convocada dos veces. Igualmente, pese a que el programa estipulaba que la seguridad de quienes sustituyeran sus cultivos debía ser garantizada, la Coccam tiene registros de al menos 56 líderes asesinados que impulsaban la sustitución voluntaria en sus comunidades.
(Vea: Así va el Acuerdo de Paz: la apertura democrática está amenazada)
El tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores
Según el Acuerdo, el Gobierno nacional se comprometía a dejar de perseguir a los campesinos que sobreviven de los cultivos de coca, mediante ajustes normativos que permitieran un tratamiento penal diferencial. A la fecha, eso no se ha cumplido.Según el Gobierno, ese asunto debe ser tramitado mediante un proyecto de ley de tratamiento penal diferencial en el Congreso. Allí se ha radicado en varias ocasiones; una vez por iniciativa del Gobierno Santos, y no ha prosperado. Actualmente, está radicado uno de autoría del partido FARC y otros congresistas de oposición, que está pendiente de discutir ponencia para segundo debate. Por su parte, dijo la Consejería para la Estabilización, el Ministerio de Justicia se encuentra realizando mesas de trabajo con el objetivo de presentar el proyecto de ley de tratamiento penal diferencial.
El consumo y la salud pública
El consumo de drogas ilícitas debe ser abordado desde un enfoque de salud pública, estipuló el Acuerdo. Para ello, entre otras estrategias, planteaba la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. Pero, en esos términos, dicho programa no existe. Lo que hay es una política pública de atención al uso de drogas, que fue adoptaba por el Ministerio de Salud en enero de 2019. Sin embargo, la relación entre esa política y lo pactado en La Habana no es clara, y más aún; en la parte considerativa de la resolución que la adoptó no hay una sola referencia al Acuerdo de Paz. No existe tampoco el Sistema Nacional de Atención a los Consumidores de Drogas Ilícitas, convenido también en el punto 4. Para Cruz, de Dejusticia, “este es un tema en el que vimos que el Gobierno quería escindirse del Acuerdo de Paz, y hablarlo en otros términos”. Sin embargo, sostiene que frente al consumo el Acuerdo de Paz tampoco era muy innovador y existe un marco normativo en esta materia “que va mucho más allá del Acuerdo”.