Atrapados en la discusión sobre el glifosato

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La política de drogas en Colombia está atrapada en la discusión sobre el glifosato. Una y otra vez volvemos a discutir sobre sus efectos y resultados. Ante la ausencia de respuestas y de estrategia, esperamos que la solución caiga – textualmente – del cielo. La evidencia, la nueva y la vieja, sirve para argumentar su defensa o rechazo, pero al final nada es concluyente.

Un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre el glifosato y la salud recopila los estudios científicos más relevantes en el mundo, señala que ninguna de las investigaciones pone en duda la toxicidad del herbicida, lo cual depende las dosis, las concentraciones y usos – planteando cuestionamientos a la aspersión terrestre.

Los investigadores afirman que no se ha podido concluir que esta sustancia sea un factor de riesgo para salud humana, pero hace un llamado a seguir investigando sobre los impactos sobre las personas.

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Bienvenida la discusión sobre la evidencia, sin perder de vista el contexto. El documento lleva a poner en duda los argumentos que dieron pie para la suspensión de la aspersión. Además, pretende servir como insumo para el análisis de las demandas que está recibiendo el Estado por los posibles daños a la salud. Por un lado, se busca que el Estado tome decisiones basadas en evidencia, por el otro, que los jueces tengan un panorama más completo para producir sus sentencias.

El problema es que esta fe en la evidencia, en lo que el informe denomina como “verdades científicas”, debe ser tomado con pinzas cuando se trata de formular políticas públicas y decisiones que afectan a miles de personas. Los estudios y datos disponibles son una parte de la historia. Como lo señalan Robinson y Abt, estos deben usarse para mejorar la política, pero no para reemplazarla.

No es un secreto que la evidencia que es producida con una pretensión científica, puede ser manipulada y usada como convenga por quienes toman las decisiones, en especial cuando los estudios no son concluyentes.

No dudamos que los datos y los hechos aportan objetividad, coherencia y transparencia en la política pública, pero es bien conocido que en las deliberaciones también median otros factores ideológicos, prejuicios e intereses. Al final, la evidencia sirve más para reforzar las posiciones existentes, que para crear juicios razonados.

De hecho, algunos funcionarios, con el informe de la FIP en mano, han pretendido apoyar suposiciones. En esto hay que ser muy claros, la Fundación no defiende la reactivación de las aspersiones aéreas.

Para el público en general pueden ser distantes los tecnicismos y debates de la denominada comunidad científica. Por el otro lado, la política pública - casi siempre - masajea los resultados, se mueve a través de mensajes mediáticos y evita las evaluaciones. Se crea así un círculo vicioso en el cual mientras los expertos discuten sobre quién tiene la razón, sus argumentos son instrumentalizados a conveniencia de las agendas políticas.

Esto es muy importante entenderlo en el momento actual, cuando algunos sectores pretenden reactivar el uso del glifosato o abrir el paso a una nueva sustancia - con efectos menos conocidos - como es el glufosinato (sobre el cual habría que evaluar sus impactos antes y no después como se hizo con el glifosato).

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De otro lado, el informe solo aborda una de las dimensiones – y ese es su objetivo, a lo cual habría que sumar la evidencia disponible sobre su ineficacia, los efectos negativos que tiene en la relación del Estado con las comunidades, así como los obstáculos que plantea para la generación de las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las zonas donde hay cultivos de coca.

Pero la cuestión de fondo es si vamos a seguir atrapados en la discusión sobre el glifosato, favoreciendo la inercia de las instituciones, o si le metemos el diente a construir una visión de Estado que le apueste a la renovación de los territorios. Evidentemente es más fácil dar la impresión de que se está respondiendo de manera determinante al problema, con la imagen de los aviones asperjando. Pero es solo eso, una impresión.

El problema de fondo sigue, mientras que nos distraemos en discutir las soluciones superficiales. El costo de oportunidad es muy alto, pues con lo que hacemos no solucionamos el problema y además dejamos de desarrollar acciones que sí podrían afectar en mayor medida el narcotráfico en sus eslabones más violentos y que más acumulan riqueza ilegal.

Todo parece indicar que sufrimos del síndrome de Estocolmo: luego de estar secuestrados por una política de drogas que ha arrojado modestos resultados, desarrollamos una relación de complicidad y dependencia con ella. No salimos del monólogo de la aspersión y de esta manera aplazamos la urgente necesidad de una política de drogas coherente, planificada y en función de los territorios y las personas.

*Juan Carlos Garzón (@JCGarzonVergara) y Julián Wilches (@julianwilches) son Investigadores asociados de la Fundación Ideas para la Paz (@ideaspaz).