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A finales de los años 90 y principios de este siglo, la gente de La Palma no iba a Yacopí, ni los de Yacopí a La Palma. No había posibilidad de visitar el pueblo vecino, no porque debieran algo allá, ni porque los separara un camino impenetrable, sino porque los actores armados que estaban en esos municipios de Cundinamarca veían como “colaborador” del grupo enemigo a cualquiera que visitara el otro pueblo. En ese momento las Autodefensas de Cundinamarca (AC) estaban consolidadas en Yacopí y también hacían presencia en La Palma, pero en este último también había guerrilla. La imposibilidad de recorrer el territorio se impuso a sangre y terror, lo cual pervive hasta hoy. Algunos de los pobladores todavía dicen: “Yo por allá no voy, allá son paracos o guerrilleros”. La gente, aunque nunca portó armas, no volvió a confiar en los vecinos.
Desde los años 80 y hasta su desmovilización en 2003, las Autodefensas de Cundinamarca fueron ley en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena. Le disputaron el control del territorio a la guerrilla de las Farc y avanzaron hasta consolidarse en municipios como Yacopí y Puerto Salgar. Al principio, con el apoyo y financiación de Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante conocido como “El Mejicano”, y de Henry y Gonzalo Pérez, jefe paramilitar del Magdalena Medio; igualmente, contaron con el apoyo de hacendados, agentes del Estado y esmeralderos. Después, desde el 91 (comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, el “Águila”, y Luis Alberto Sotelo, “Beto”), la plata la sacaban del cobro de extorsiones, aportes de algunos hacendados, robo de combustible y procesamiento y tráfico de cocaína.
Esto lo detalla el informe “Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo Magdalena”, que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de publicar en el marco de la Semana por la Memoria. Es el séptimo de la serie de informes sobre el paramilitarismo en Colombia que hace la dirección de Acuerdos por la Verdad y que cuenta con los relatos de los desmovilizados. En este informe los investigadores detallan las violaciones a los derechos humanos cometidas por este grupo paramilitar. La narración de casos supremamente violentos la hacen a través de los testimonios de 91 postulados a la Ley de Justicia y Paz y de 132 víctimas y testigos, así como de las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y múltiples libros y artículos de prensa.
(Puede consultar o descargar el informe dando clic aquí)
El resultado: un detalle de cómo asesinaron, desaparecieron, violentaron sexualmente, torturaron y desplazaron a la población. El informe da cuenta, además, del negacionismo de muchos hechos y de dos problemas que dejó la guerra en la región: una población con pocos jóvenes y sumida en la pobreza, y las denuncias de que la democracia no existió mientras mandaron ahí las Autodefensas.
Sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Tribunal de Cundinamarca ha registrado 307 acciones violentas perpetradas por las AC, en los que hay 123 homicidios, 30 secuestros, 24 torturas, 24 desapariciones forzadas y otros hechos. Varios de estos sucedieron a una misma persona que, por ejemplo, fue secuestrada, torturada, asesinada y desaparecida. Además, se suman 286 hechos de desplazamiento (que afectaron a 767 personas) y 14 hechos de violencia basada en género.
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“El homicidio tiene unas características particulares de ser, en la gran mayoría de veces, premeditado, que identifica a la víctima de manera muy clara. Se va por ella, se le captura o secuestra, y con una característica en la desaparición forzada que, donde no hay ríos cerca, está la ocurrencia de fosas comunes. Hacer fosa común para la desaparición. Y en el caso de Rionegro, también arrojar a las víctimas al río para cometer esa desaparición”, explica Rodrigo Triana, asesor cualitativo y correlator del informe.
Los testimonios, aunque dejan ver lo que explica el investigador, también están cargados de una negación constante de los hechos. Según León Felipe Rodríguez, analista regional y también correlator, esto se explica por una negación aprendida con el paso de los años, una admiración al discurso paramilitar y ciertas figuras, pero también porque dentro del Ejército irregular había distintos roles. “De acuerdo con lo que vimos, hay un incremento de un número de integrantes de la tropa a partir del año 2000. Este incremento se traduce en la presencia de más integrantes en más territorios y unas personas que cumplen unas funciones muy específicas. Hay un tipo de tropa que es de ocupación, de estar en los territorios y hacer un tipo de control social a la gente y, siendo un grupo endógeno, muchas veces se conocieron entre unos y otros. Entonces, mucho de esta acción de homicidios selectivos, violencia sexual, tortura, recaía en unos integrantes de grupos específicos”.
La tortura, por ejemplo, llegó a estar tecnificada. El Tribunal encontró 13 formas de tortura entre las que se encuentra la “asfixia inducida por colocación de bolsa plástica en la cabeza de la víctima; rompimiento de las orejas con espinas; desmembramiento con sierra eléctrica; desnudamiento a la víctima, le atan las manos y arrojan su cuerpo a un campo lleno de hormigas” y otras igual de escabrosas, como el uso de ácidos y la inserción de agujas en los dedos. El testimonio de un desmovilizado dice lo siguiente:
“Decían: “No, les quité la esta, le quite el dedo, le quité lo otro”, “No, y a aquel le tocó quitarle a aquel un dedo pa’ que cantara, quitarle el otro, meterle su cuchillo”, no sé qué. Pero normal. Allá, en ese tiempo, era como normal que tocaba torturar. No era así como consciente de que también les dolía, sino gente que ya era sádica para matar gente. Y ya lo tenían de principios. (CNMH, MNJCV, 2013, 27 de noviembre)”.
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Sobre la desaparición forzada también se refirieron. Mientras unos dijeron que se cometía por la facilidad de echar cuerpos en un río o sepultarlos en una fosa común, otro dijo lo siguiente: “Es como una forma más de venganza. Pues entre más rabia le tenga usted a la persona, pues la desaparecía como pa’ que la familia no la encontrara, de una forma más… Y si no eran tan, lo dejaban ahí pa’ que lo recogieran. Sí, más psicológica, más de venganza. (CNMH, MNJCV, 2017, 20 de noviembre)”.
Respecto a las violencias sexuales y violencias basadas en género, los relatos de las víctimas y de los victimarios distan entre sí. La Fiscalía documentó 16 hechos cometidos contra 12 víctimas. El 62% tenían menos de 14 años; el 25% entre 15 y 17 años; y un 13% eran mayores de edad. “El 75% de las víctimas eran estudiantes al momento del crimen”, precisa el documento. En los relatos mientras que ellas, en su mayoría mujeres y niñas, narran con dolor lo ocurrido, para ellos pareciera que no hubiera certeza de que lo que se cometía era una violación u otro tipo de violencia sexual. Algunos, como Luis Eduardo Cifuentes, hablan de tener novias al tiempo que reconocen que las armas les daban poder sobre absolutamente toda la población.
“Hay testimonios donde nos decían que muchos de los que habían pertenecido a la estructura eran “novios” de las niñas de colegio. Ese es el etiquetamiento que nos genera ocultamiento del tema de violencia sexual y donde se heroíza esa figura de yo, combatiente armado, puedo tener el cuerpo que yo quiera en este territorio. Y eso sale en los relatos a manera de cierto orgullo y no de vergüenza. En un testimonio de “El Águila” él básicamente minimiza la situación, que esto no ocurría y que eso no era parte del accionar de la estructura”, dice el investigador Rodrigo Triana.
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Se refiere a este aparte: “En Llano Mateo y en esos sitios no hay hechos de violencia sexual. Hay unos hechos que sucedieron en La Palma y otros sectores. Pero el bloque como tal, si usted lo mira en la sentencia no hay delitos de género. Una muchacha que de pronto pasó la patrulla y que le tocaron la cola, bueno, eso es un delito, que dice ella que eso fue así. Pero de resto allá no se presentó eso. (CNMH, CV, Cifuentes, postulado, 2020, 9 de enero)”. Esta versión la contradice la Fiscalía, que muestra que 13 de los 16 casos sucedieron en Yacopí. La siguiente versión también habla del control que tenían.
- “¿Uno podía pretender a mujeres del pueblo sin problemas?
- Claro, las muchachas del pueblo sí. Usted llegaba a un pueblo y le gustaba una vieja y le decía: “Bueno, listo, mamita, camine a ver”, y no le decían a uno que no, porque si les… Yo conocí a varias y si decían que no, ahí las pelaban… Las mataban… Ahí las pelaban”. (CNMH, MNJCV, Bogotá, 2017, 5 de junio)”
Además de las violaciones a los derechos humanos, que están ampliamente descritas, los investigadores llaman la atención sobre dos hechos. El primero, como lo describe Rodrigo Triana, es un desplazamiento forzado por falta de condiciones debido a la devastación de la guerra: “Parte de lo que deja la guerra en este caso es una población mayor de 50-60 años, lo que significa es que ya están saliendo de la fuerza laboral, son la mayoría de las personas que viven en las zonas rurales donde hubo presencia de las Autodefensas de Cundinamarca y que están en una situación de precariedad altísima. Eso es lo que deja la guerra”.
Lo segundo lo describe Camilo Villamizar, correlator y coordinador del informe: “Decía una de las personas entrevistadas que en Yacopí solo se habían elegido dos alcaldes en democracia y que el resto los habían puesto los paramilitares. Pero si uno se pone a estudiar los casos judiciales, solo un exalcalde de La Palma fue condenado por nexos con los paramilitares. Sabemos que hubo constreñimiento electoral, que daban órdenes o que no permitían candidatos de ciertas tendencias, pero los avances judiciales en este sentido son nulos. Habría que preguntar dónde estaban los alcaldes, los concejales, como miembros del Estado, denunciando la presencia del paramilitarismo”.