Autoprotección, la alternativa de los líderes sociales en los territorios
La guardia indígena del Cauca, la Asociación Campesina de Arauca y una organización de mujeres en los Montes de María son tres casos en los que los defensores han optado por estrategias propias para garantizar su vida en sus comunidades.
Sebastian Forero - @SebasForeroR
Durante la semana pasada, alrededor de 2.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos de distintas regiones del país instalaron un refugio humanitario en Bogotá para elevar un contundente llamado al Gobierno Nacional por la falta de garantías de seguridad en sus territorios. Al levantarlo, el pasado jueves 2 de mayo, los líderes se llevaron a sus comunidades algunos compromisos del Gobierno, como la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías, y la satisfacción de haber puesto en la agenda pública la crisis contra esa población a escala nacional.
Pero, además de esperar respuestas del Estado, los defensores se juntaron para acordar una hoja de ruta para la acción una vez regresaran a sus territorios. Entre sus principales consensos resalta uno, claro y contundente: más allá de esperar la protección del Gobierno, en sus comunidades la estrategia debe ser privilegiar la autoprotección y el autocuidado. Una estrategia que ya tiene referentes y que ha probado ser efectiva.
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Tres representantes de algunas de esas estrategias de autoprotección se darán cita este lunes en Bogotá, en el marco de la Feria del Libro que se realiza en Corferias, para el conversatorio “Líderes sociales y sus propuestas de autoprotección”, enmarcado en “La Paz en el Terreno” - un proyecto periodístico de Colombia2020 y Rutas del Conflicto que le sigue la pista a la implementación del Acuerdo en materia de líderes sociales y reincorporación de los excombatientes de las Farc - con el apoyo de la Unión Europea, Fescol, Acnur y PNUD. Un encuentro donde compartirán el método que han adoptado para vivir en medio del accionar de los violentos. La guardia indígena del Cauca, una asociación de mujeres en los Montes de María y la Asociación Campesina de Arauca contarán su testimonio de resistencia.
La guardia indígena ancestral del Cauca
“Hoy a las cabezas de los coordinadores de la guardia indígena ya les han puesto precio”, dice Joe Sauca, coordinador del programa de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Desde hace tres años que este indígena coconuco está al frente de este espacio y asegura que el control social y territorial que ejercen sobre el departamento los ha puesto, en no pocas ocasiones, en la mira de los actores armados.
La labor de la guardia indígena es ancestral. Es inherente a la autodeterminación de los pueblos indígenas y es un símbolo de resistencia. Fue en la década de 1970, con el desarrollo de las “liberaciones de la Madre Tierra” que se consolidó como tal, pero, cuenta Sauca, durante los años en que el conflicto armado se recrudeció —a partir de la década de 1990— el mandato de su comunidad fue fortalecer la guardia. “Se llegó a un momento en que los grupos armados no querían respetar los territorios indígenas, estaban violando los derechos humanos, ajusticiando gente de la comunidad, secuestrando y atacando a la población civil”, relata el líder indígena.
A partir de entonces, la guardia ha tenido la misión de ejercer un control sobre su tierra en dos sentidos: social y territorial. El primero, referido a una amplia gama de asuntos, que pueden ir desde revisar que los papeles de los vehículos estén al día o prevenir que no se esté consumiendo drogas en los colegios, hasta el control sobre los comuneros en caso de que haya “desarmonías” en el territorio; es decir, se cometan delitos como robo de ganado, hurtos o incluso delitos sexuales.
Por su parte, el control territorial está referido a recorrer el territorio, revisar las vías, establecer puntos de control y realizar un monitoreo en temas humanitarios y ambientales con miras a prevenir eventuales desastres, entre ellos incendios o deslizamientos de montaña en época de invierno.
Un bastón, un radio de comunicación, una linterna y una peinilla (machete) son los instrumentos de la guardia, pero su arma real es “el valor de defender el territorio y la apropiación que tenemos de él”. Una estrategia de la que tienen ejemplos vivos de su eficacia. Sauca cuenta cómo en 2018, cuando asesinaron a un guardia indígena, inmediatamente activaron las alarmas en los territorios vecinos y el cerco que se realizó derivó en la captura de ocho personas vinculadas al crimen. “No es fácil salirse de un cerco de la guardia indígena”.
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Como ese, son innumerables los logros de la guardia, entre ellos haber capturado y enviado a la cárcel a integrantes de disidencias de las Farc, la destrucción de cargamentos de marihuana y base de coca y hasta recuperar vehículos robados. Acciones que les han traído desencuentros con la Fuerza Pública, pues, dice Joe Sauca, “el Ejército y la Policía siempre han querido que la guardia sea un colaborador de ellos, pero eso no funciona de esa manera: debe haber respeto por los territorios y por las funciones de cada uno”.
Para este líder indígena, pertenecer a la guardia es defender el territorio con la vida en riesgo. “Pero nosotros hemos comprendido que un actor armado, cualquiera que sea, no va a atacar así tan abiertamente a una población civil que esté defendiendo su tierra. Por eso nuestros operativos son eficaces, porque vamos en un buen número y eso termina haciendo que ellos se cohíban de disparar a la población”.
La Asociación Campesina de Arauca
Trece meses en la cárcel y siete años de exilio le costó a Luz Perly Córdoba la defensa de su territorio en Arauca. Desde hace 19 años, cuando nació la Asociación Campesina de su departamento, esta mujer ha integrado dicha organización que les ha hecho frente a distintos actores armados, aun poniendo la vida de sus miembros en peligro.En el año 2000, cuando la Asociación Campesina de Arauca se conformó como tal, los paramilitares, que tenían una presencia consolidada en Casanare, habían tomado la determinación de ingresar al vecino departamento para ejercer un control territorial, que se logró con un sinnúmero de masacres y derramamientos de sangre. Con una organización recién conformada iniciaron las primeras movilizaciones y en 2002 lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les concediera medidas cautelares de protección.
Sin embargo, en 2003, dice Córdoba, alrededor del 90 % del movimiento social en Arauca estaba encarcelado. Con ella a la cabeza de la Asociación Campesina, todos los dirigentes fueron judicializados y muchos tuvieron que salir del país. Luego de 2005, con la guerra desatada entre las Farc y el Eln en ese departamento —que vino a parar solo en 2010— 25 dirigentes de la asociación fueron asesinados.
Con la firma del Acuerdo Final de La Habana, pensaron que su territorio por fin desterraría a la violencia, pero se dieron cuenta de que ello no era más que una ilusión. “Nos reunimos y supimos que la situación no iba a ser tan fácil como en un momento dado pensamos que se podía dar; al contrario, Arauca es, por ejemplo, uno de los departamentos donde el Eln tiene mayor presencia en el país”.
Con ese panorama en el horizonte, la asociación desarrolló su propio mecanismo de defensa. Crearon una red de derechos humanos compuesta por 84 comités interveredales en seis de los siete municipios del departamento, cada comité con un delegado encargado de su zona. La labor de dichos delegados es determinante: ante cualquier violación a los derechos humanos deben encender inmediatamente un sistema de reacción rápida que se encarga de visibilizar los hechos, difundirlos, interponer la denuncia y hacerle seguimiento judicial.
Una labor que se complementa con una relación directa con agencias de cooperación y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, que les permite “visibilizar de manera muy certera nuestra labor y lo que nos esté pasando”, dice la líder campesina.
“No se trata de que a los 3.250 integrantes de la Asociación Campesina nos asignen un esquema de protección, sino de que haya garantías en el territorio para que los campesinos puedan hacer uso de sus derechos sin necesidad de que pierdan la vida o la libertad”, sentencia Luz Perly Córdoba.
Para fortalecer su estrategia de autoprotección, están avanzando en las labores previas a la conformación de una guardia campesina. Sin embargo, son conscientes de que una guardia de tal envergadura no se construye “de la noche a la mañana” y que tiene riesgos frente a lo que pueda derivar de ella. Por ello, están en capacitaciones y talleres constantes con varios miembros de la asociación en materia de defensa del territorio y de unas normas de convivencia comunitaria, elaboradas por la misma comunidad en 2011.
Para esta comunidad campesina, la autoprotección va mucho más allá de la garantía de la vida. “Uno puede tener vida pero puede ser cualquier tipo de vida, a veces muy mala, por cierto”. Por eso, según dice Córdoba, se trata de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, del reconocimiento del campesinado como sujeto político y demás condiciones para una vida digna, que ha sido el corazón de la lucha que emprendieron hace ya casi dos décadas.
Las mujeres de Narrar para Vivir en los Montes de María
“Siempre estuvimos al frente de los paramilitares, pero ellos nunca se dieron cuenta”, dice Mayerlis Angarita, refiriéndose a los primeros años de la década de 2000, cuando la organización que creó en la región de los Montes de María funcionaba como una red clandestina de mujeres que se reunían alrededor de un fogón como mecanismo de camuflaje para los actores armados.
Aunque a primera vista podía parecer un puñado de mujeres cocinando un sancocho, en realidad estaban hablando de verdad, justicia y reparación. Eran víctimas del conflicto, muchas de ellas de violencia sexual, que se habían juntado para acompañarse en medio del influjo de la guerra.
La alternativa que tomaron desde el principio para autoprotegerse de los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María y de los frentes 35 y 37 de las Farc fue la clandestinidad. Fueron cinco años en los que operaron sin hacer pública su organización hasta 2005, luego del proceso de desmovilización paramilitar.
A partir de allí, ya con una visibilidad regional por haber reclutado mujeres de los 15 municipios montemarianos, hasta llegar a más de 800 de ellas, las represalias de los grupos armados no se hicieron esperar. En medio de la oleada violenta, desarrollaron una estrategia que las ha ayudado a mantenerse vivas: hablar en clave.
“Hoy las flores amanecieron marchitas”, le decían por teléfono a Mayerlis Angarita cuando querían advertirle que no fuera a algún municipio porque la iban a estar esperando integrantes de algún grupo armado. “Cuando se intensificaron los ataques de los ilegales, ya nosotras estábamos muy fortalecidas como organización, que es una de las claves de autoprotección para las comunidades. Tener una estructura muy sólida y unas reglas de juego claras”, dice la lideresa.
Unas reglas de juego que incluían algunas restricciones de movilidad como no exponerse en establecimientos comerciales y no establecer rutinas diarias, entre otras medidas de prevención. Sumado a esas estrategias, han adoptado otra que consideran necesaria y efectiva. Los “madrinajes” con otras organizaciones sociales de carácter nacional e incluso internacional que les den respaldo político y mayor visibilidad. “Eso permite que cuando nos tocan, la cosa suena en todo el país”.
Para Mayerlis Angarita, la estrategia es clara: “Mientras el Estado no brinde una protección integral, lo único que tenemos hoy los defensores de derechos humanos son nuestros propios planes de autoprotección”. Sus palabras cobran una especial relevancia luego del ataque de hace dos días de hombres armados a líderes y voceros de comunidades negras en Santander de Quilichao (Cauca) entre quienes estaba Francia Márquez.
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Durante la semana pasada, alrededor de 2.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos de distintas regiones del país instalaron un refugio humanitario en Bogotá para elevar un contundente llamado al Gobierno Nacional por la falta de garantías de seguridad en sus territorios. Al levantarlo, el pasado jueves 2 de mayo, los líderes se llevaron a sus comunidades algunos compromisos del Gobierno, como la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías, y la satisfacción de haber puesto en la agenda pública la crisis contra esa población a escala nacional.
Pero, además de esperar respuestas del Estado, los defensores se juntaron para acordar una hoja de ruta para la acción una vez regresaran a sus territorios. Entre sus principales consensos resalta uno, claro y contundente: más allá de esperar la protección del Gobierno, en sus comunidades la estrategia debe ser privilegiar la autoprotección y el autocuidado. Una estrategia que ya tiene referentes y que ha probado ser efectiva.
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Tres representantes de algunas de esas estrategias de autoprotección se darán cita este lunes en Bogotá, en el marco de la Feria del Libro que se realiza en Corferias, para el conversatorio “Líderes sociales y sus propuestas de autoprotección”, enmarcado en “La Paz en el Terreno” - un proyecto periodístico de Colombia2020 y Rutas del Conflicto que le sigue la pista a la implementación del Acuerdo en materia de líderes sociales y reincorporación de los excombatientes de las Farc - con el apoyo de la Unión Europea, Fescol, Acnur y PNUD. Un encuentro donde compartirán el método que han adoptado para vivir en medio del accionar de los violentos. La guardia indígena del Cauca, una asociación de mujeres en los Montes de María y la Asociación Campesina de Arauca contarán su testimonio de resistencia.
La guardia indígena ancestral del Cauca
“Hoy a las cabezas de los coordinadores de la guardia indígena ya les han puesto precio”, dice Joe Sauca, coordinador del programa de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Desde hace tres años que este indígena coconuco está al frente de este espacio y asegura que el control social y territorial que ejercen sobre el departamento los ha puesto, en no pocas ocasiones, en la mira de los actores armados.
La labor de la guardia indígena es ancestral. Es inherente a la autodeterminación de los pueblos indígenas y es un símbolo de resistencia. Fue en la década de 1970, con el desarrollo de las “liberaciones de la Madre Tierra” que se consolidó como tal, pero, cuenta Sauca, durante los años en que el conflicto armado se recrudeció —a partir de la década de 1990— el mandato de su comunidad fue fortalecer la guardia. “Se llegó a un momento en que los grupos armados no querían respetar los territorios indígenas, estaban violando los derechos humanos, ajusticiando gente de la comunidad, secuestrando y atacando a la población civil”, relata el líder indígena.
A partir de entonces, la guardia ha tenido la misión de ejercer un control sobre su tierra en dos sentidos: social y territorial. El primero, referido a una amplia gama de asuntos, que pueden ir desde revisar que los papeles de los vehículos estén al día o prevenir que no se esté consumiendo drogas en los colegios, hasta el control sobre los comuneros en caso de que haya “desarmonías” en el territorio; es decir, se cometan delitos como robo de ganado, hurtos o incluso delitos sexuales.
Por su parte, el control territorial está referido a recorrer el territorio, revisar las vías, establecer puntos de control y realizar un monitoreo en temas humanitarios y ambientales con miras a prevenir eventuales desastres, entre ellos incendios o deslizamientos de montaña en época de invierno.
Un bastón, un radio de comunicación, una linterna y una peinilla (machete) son los instrumentos de la guardia, pero su arma real es “el valor de defender el territorio y la apropiación que tenemos de él”. Una estrategia de la que tienen ejemplos vivos de su eficacia. Sauca cuenta cómo en 2018, cuando asesinaron a un guardia indígena, inmediatamente activaron las alarmas en los territorios vecinos y el cerco que se realizó derivó en la captura de ocho personas vinculadas al crimen. “No es fácil salirse de un cerco de la guardia indígena”.
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Como ese, son innumerables los logros de la guardia, entre ellos haber capturado y enviado a la cárcel a integrantes de disidencias de las Farc, la destrucción de cargamentos de marihuana y base de coca y hasta recuperar vehículos robados. Acciones que les han traído desencuentros con la Fuerza Pública, pues, dice Joe Sauca, “el Ejército y la Policía siempre han querido que la guardia sea un colaborador de ellos, pero eso no funciona de esa manera: debe haber respeto por los territorios y por las funciones de cada uno”.
Para este líder indígena, pertenecer a la guardia es defender el territorio con la vida en riesgo. “Pero nosotros hemos comprendido que un actor armado, cualquiera que sea, no va a atacar así tan abiertamente a una población civil que esté defendiendo su tierra. Por eso nuestros operativos son eficaces, porque vamos en un buen número y eso termina haciendo que ellos se cohíban de disparar a la población”.
La Asociación Campesina de Arauca
Trece meses en la cárcel y siete años de exilio le costó a Luz Perly Córdoba la defensa de su territorio en Arauca. Desde hace 19 años, cuando nació la Asociación Campesina de su departamento, esta mujer ha integrado dicha organización que les ha hecho frente a distintos actores armados, aun poniendo la vida de sus miembros en peligro.En el año 2000, cuando la Asociación Campesina de Arauca se conformó como tal, los paramilitares, que tenían una presencia consolidada en Casanare, habían tomado la determinación de ingresar al vecino departamento para ejercer un control territorial, que se logró con un sinnúmero de masacres y derramamientos de sangre. Con una organización recién conformada iniciaron las primeras movilizaciones y en 2002 lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les concediera medidas cautelares de protección.
Sin embargo, en 2003, dice Córdoba, alrededor del 90 % del movimiento social en Arauca estaba encarcelado. Con ella a la cabeza de la Asociación Campesina, todos los dirigentes fueron judicializados y muchos tuvieron que salir del país. Luego de 2005, con la guerra desatada entre las Farc y el Eln en ese departamento —que vino a parar solo en 2010— 25 dirigentes de la asociación fueron asesinados.
Con la firma del Acuerdo Final de La Habana, pensaron que su territorio por fin desterraría a la violencia, pero se dieron cuenta de que ello no era más que una ilusión. “Nos reunimos y supimos que la situación no iba a ser tan fácil como en un momento dado pensamos que se podía dar; al contrario, Arauca es, por ejemplo, uno de los departamentos donde el Eln tiene mayor presencia en el país”.
Con ese panorama en el horizonte, la asociación desarrolló su propio mecanismo de defensa. Crearon una red de derechos humanos compuesta por 84 comités interveredales en seis de los siete municipios del departamento, cada comité con un delegado encargado de su zona. La labor de dichos delegados es determinante: ante cualquier violación a los derechos humanos deben encender inmediatamente un sistema de reacción rápida que se encarga de visibilizar los hechos, difundirlos, interponer la denuncia y hacerle seguimiento judicial.
Una labor que se complementa con una relación directa con agencias de cooperación y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, que les permite “visibilizar de manera muy certera nuestra labor y lo que nos esté pasando”, dice la líder campesina.
“No se trata de que a los 3.250 integrantes de la Asociación Campesina nos asignen un esquema de protección, sino de que haya garantías en el territorio para que los campesinos puedan hacer uso de sus derechos sin necesidad de que pierdan la vida o la libertad”, sentencia Luz Perly Córdoba.
Para fortalecer su estrategia de autoprotección, están avanzando en las labores previas a la conformación de una guardia campesina. Sin embargo, son conscientes de que una guardia de tal envergadura no se construye “de la noche a la mañana” y que tiene riesgos frente a lo que pueda derivar de ella. Por ello, están en capacitaciones y talleres constantes con varios miembros de la asociación en materia de defensa del territorio y de unas normas de convivencia comunitaria, elaboradas por la misma comunidad en 2011.
Para esta comunidad campesina, la autoprotección va mucho más allá de la garantía de la vida. “Uno puede tener vida pero puede ser cualquier tipo de vida, a veces muy mala, por cierto”. Por eso, según dice Córdoba, se trata de la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, del reconocimiento del campesinado como sujeto político y demás condiciones para una vida digna, que ha sido el corazón de la lucha que emprendieron hace ya casi dos décadas.
Las mujeres de Narrar para Vivir en los Montes de María
“Siempre estuvimos al frente de los paramilitares, pero ellos nunca se dieron cuenta”, dice Mayerlis Angarita, refiriéndose a los primeros años de la década de 2000, cuando la organización que creó en la región de los Montes de María funcionaba como una red clandestina de mujeres que se reunían alrededor de un fogón como mecanismo de camuflaje para los actores armados.
Aunque a primera vista podía parecer un puñado de mujeres cocinando un sancocho, en realidad estaban hablando de verdad, justicia y reparación. Eran víctimas del conflicto, muchas de ellas de violencia sexual, que se habían juntado para acompañarse en medio del influjo de la guerra.
La alternativa que tomaron desde el principio para autoprotegerse de los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María y de los frentes 35 y 37 de las Farc fue la clandestinidad. Fueron cinco años en los que operaron sin hacer pública su organización hasta 2005, luego del proceso de desmovilización paramilitar.
A partir de allí, ya con una visibilidad regional por haber reclutado mujeres de los 15 municipios montemarianos, hasta llegar a más de 800 de ellas, las represalias de los grupos armados no se hicieron esperar. En medio de la oleada violenta, desarrollaron una estrategia que las ha ayudado a mantenerse vivas: hablar en clave.
“Hoy las flores amanecieron marchitas”, le decían por teléfono a Mayerlis Angarita cuando querían advertirle que no fuera a algún municipio porque la iban a estar esperando integrantes de algún grupo armado. “Cuando se intensificaron los ataques de los ilegales, ya nosotras estábamos muy fortalecidas como organización, que es una de las claves de autoprotección para las comunidades. Tener una estructura muy sólida y unas reglas de juego claras”, dice la lideresa.
Unas reglas de juego que incluían algunas restricciones de movilidad como no exponerse en establecimientos comerciales y no establecer rutinas diarias, entre otras medidas de prevención. Sumado a esas estrategias, han adoptado otra que consideran necesaria y efectiva. Los “madrinajes” con otras organizaciones sociales de carácter nacional e incluso internacional que les den respaldo político y mayor visibilidad. “Eso permite que cuando nos tocan, la cosa suena en todo el país”.
Para Mayerlis Angarita, la estrategia es clara: “Mientras el Estado no brinde una protección integral, lo único que tenemos hoy los defensores de derechos humanos son nuestros propios planes de autoprotección”. Sus palabras cobran una especial relevancia luego del ataque de hace dos días de hombres armados a líderes y voceros de comunidades negras en Santander de Quilichao (Cauca) entre quienes estaba Francia Márquez.
Le puede intresar: “Pudo haber sido una masacre”: Francia Márquez