Comisionado de Paz defiende suspensión de capturas de jefes de bandas criminales de Medellín

La senadora Isabel Zuleta, junto con los voceros representantes de las principales bandas criminales de Medellín y Valle de Aburrá, anunciando el plan de no extorsión.

Foto: Paulina Mesa Loaiza

La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP) se refirió este lunes a la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, una decisión adoptada por la Fiscalía por petición de la OCCP en el marco de la política de paz total.

En un comunicado, la entidad defendió la medida y aseguró que hace parte de una estrategia orientada al desescalamiento de las violencias urbanas y a la construcción de paz territorial.

Según la Oficina, estas decisiones se sustentan en la Ley 2272 de 2022 y “responden exclusivamente a dinámicas propias de la construcción de paz”, dijo la OCCP.

Así mismo indicó que se busca facilitar el tránsito de integrantes de estructuras armadas hacia la ciudadanía plena, en medio de los diálogos sociojurídicos que se desarrollan en la región.

Entre los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, Mundo Malo;Freyner Alfonso Ramírez García, Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, Tom; Sebastián Murillo Echeverri, Lindolfo, entre otros.

Otros de los beneficiarios de la suspensión son: Gustavo Adolfo Pérez Peña, El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, Perica. También Juan Fernando Álvarez, Juan 23; Walter Alonso Román Jiménez, El Tigre Iván Darío Suárez Muñoz, Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, Chaparro y Juan Camilo Rendón Castro, Saya.

La suspensión de las órdenes de captura durará seis meses, con posibilidad de prorrogarse mediante una petición de Gobierno Nacional.

El pronunciamiento responde directamente a la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual la Fiscalía suspendió temporalmente las órdenes de captura contra los voceros de estas organizaciones. La medida, que tendría una duración inicial de seis meses, fue solicitada por el Gobierno como parte del proceso de negociación urbana.

No hay excarcelaciones

Uno de los puntos centrales del comunicado es la desmentida a versiones que señalaban que los beneficiados quedarían en libertad. “La resolución no implica la excarcelación de los voceros”, advirtió la Oficina, que calificó como “grave e irresponsable” cualquier afirmación en ese sentido.

En cambio, explicó que la suspensión de capturas tiene un propósito instrumental: crear condiciones jurídicas para que los voceros continúen participando en el Espacio de Conversación Sociojurídico y contribuyan a generar “hechos de paz”.

El Gobierno también defendió los resultados del proceso. Según el comunicado, la reducción de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá en los últimos dos años es una muestra de que la estrategia ha tenido impactos positivos en seguridad. Sin embargo, varios expertos en seguridad han reiterado desde hace meses que la baja en esas cifras de violencia no estaría ni directa ni totalmente vinculado con la existencia de la mesa.

Además, el caso se suma a tensiones más amplias entre la Fiscalía y el Gobierno sobre los límites de los beneficios jurídicos en procesos de paz, especialmente cuando existen dudas sobre el cumplimiento de compromisos por parte de los grupos armados.

La Fiscalía también se pronunció y dijo que la decisión de la resolución “no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de la libertad”.

Esta es la resolución:

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