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En el marco de los acuerdos que se adelantan desde la mesa de paz urbana en Medellín, la delegación de Gobierno, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta, junto a los voceros representantes de las principales bandas criminales de la ciudad acordaron extender el piloto para frenar la extorsión a 45 barrios.
Este plan, que fue puesto en marcha en diciembre de 2024 y que en su primer informe de resultados estos no fueron concluyentes, acogió inicialmente 25 barrios y se prorrogó en febrero hasta mayo, pero este viernes se le hizo una nueva extensión hasta el 21 junio. Este piloto espera impactar 500 mil habitantes de Medellín y Valle de Aburrá.
El anuncio se hizo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, dónde permanecen recluidos los cabecillas de las bandas urbanas de Medellín, como Juan Carlos Mesa, conocido como Tom, o Freyner Ramírez, conocido como Carlos Pesebre.
Zuleta explicó que este anuncio es un compromiso con el desescalamiento de la violencia.
El vocero de las estructuras armadas, Sebastián Londoño, conocido como Lindolfo, leyó un comunicado conjunto en el que reafirmaron su compromiso con la salida negociada. Además le hizo una petición contundente al presidente Gustavo Petro para que se abran casas de desintoxicación de drogas para jóvenes. Esto luego de la noticia del cierre del único centro de desintoxicación que se tenía en Rionegro.
El piloto acoge 32 barrios de Medellín, incluyendo la Comuna 1, además de tres barrios de Itagüí y diez barrios de Bello, Antioquia.
Sobre la reducción de homicidios en la ciudad, así como de los índices de extorsión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha referido en algunas oportunidades a que ha sido el gobierno local quien ha dado golpes a las estructuras criminales.
Sin embargo, la senadora Zuleta señaló que ha sido un trabajo desde la mesa de paz urbana. “Quisiéramos que el alcalde no faltara a la verdad y respaldara el proceso de paz (…) el alcalde no es el Fiscal General de la Nación y tiene que acortar sus funciones porque se está extralimitando, no puede invadir las competencias de las autoridades”, señaló.
Por otro lado, sobre las alternativas o acompañamiento que se le dará a los jóvenes en los barrios que pertenecen a las estructuras y que se acogen al proceso de no extorsión, Zuleta explicó que se espera brindar seguridad jurídica en ese proceso.
“Estamos haciendo un análisis con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para encontrar alternativas jurídicas y se espera realizar talleres para el tránsito al Estado Social de Derecho. Necesitamos garantías jurídicas para que el proceso de paz no cause acción con daño”.
El balance sobre el plan piloto
La Comisión de Observación de Seguimiento entregó el primer balance sobre el plan piloto que se puso en marcha en 25 de barrios de Medellín y Valle de Aburrá.
En el documento, presentado el pasado 13 de febrero, se mencionaron las dificultades para hacerle seguimiento los compromisos de las bandas, pues hubo escasez de registros confiables y un subregistro sobre el delito de extorsión, lo que dificulta dimensionar de fondo la problemática.
Según Alejandro Sierra, coordinador del equipo de seguimiento, la ausencia de información institucional también dificultó que hubiera una línea base confiable sobre este flagelo.
En ese contexto, el informe evidenció que aunque se cumplió el cese de la extorsión directa, sí se presentaron casos en los que persistió el cobro. Incluso, comerciantes y habitantes de algunas zonas tuvieron que hacer pagos por “cuotas navideñas” o realizaron pagos por “prestación de servicios de seguridad”.
Para la senadora Zuleta, esto refleja una problemática estructural, pues la extorsión ha sido naturalizada en las comunidades de Medellín como un método de gobernanza criminal.
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