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Isabel Zuleta, senadora y jefa de la delegación del Gobierno en la mesa de paz urbana de Medellín, defiende la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales como una herramienta necesaria para mantener abiertos los canales de diálogo.
Según explica, se trata de una medida preventiva que no frena investigaciones ni elimina responsabilidades penales, sino que busca evitar que quienes participan en los acercamientos sean capturados en medio del proceso.
La decisión, sin embargo, ha profundizado las tensiones con la Fiscalía —a la que la delegación cuestiona por intervenir en la valoración de los avances— y ha reavivado el debate sobre los riesgos, alcances y condiciones de la política de “paz total” en Medellín y el Valle de Aburrá.
En contexto: Fiscalía suspende órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales de Medellín
¿Por qué se pidió a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de los 23 jefes de bandas criminales de Medellín?
Es una suspensión de órdenes de captura ante la posible existencia de las mismas, porque no sabemos si existen las órdenes de captura, por eso es una medida de garantía, no es un beneficio. En caso de que llegaran a existir, se suspenden. En caso de que se llegaran a generar, porque la medida es para las órdenes de captura antes, y las que lleguen a surgir durante el proceso de diálogo, durante un tiempo determinado. Es decir, en ese momento hay una investigación, pero no se ha emitido una orden de captura, se puede emitir dentro de cinco días, aplica, aplica la la resolución.
¿Por qué es necesaria una suspensión de órdenes de captura para los siete que ya están en libertad? ¿Qué compromisos han adquirido y qué le aportan a la mesa?
Las siete personas que hoy están en libertad, que están en el marco de la resolución, adquirieron su libertad por cumplimiento de la pena privativa, de la libertad ordenada por un juez y porque ya pagaron lo que haya sido que hayan hecho. Pero no han querido acercarse al proceso de paz porque perciben una persecución enorme por parte de la Fiscalía y (del alcalde de Medellín) Federico Gutiérrez y consideran que ha sido un riesgo el participar del proceso de diálogo.
Por lo tanto, piden una garantía para que puedan seguir reuniéndose con nosotros -no sea que los capturen en medio de una reunión, en medio de un recorrido que hagamos por los procesos de paz-.
Lo que piden es una garantía y esa garantía es la suspensión de órdenes de captura. Eso no quiere decir que existan las órdenes de captura para ellos, no. Quiere decir que en el caso de que llegaran a existir, si siguen en el proceso de paz, no pueden hacerse efectivas.
Lo hacemos para que se puedan reunir con nosotros, con la delegación, porque es aterrador que en este país quienes estamos ejerciendo la labor de paz, pues perciban que acercarse a nosotros, que tener un diálogo con nosotros, va a hacer que la Fiscalía los persiga, va a hacer que se liberen órdenes de captura y que entonces pierdan su libertad.
Eso es la mínima garantía de todo proceso de paz que está en la Ley de Paz Total que permite el levantamiento de órdenes de captura con fines de acercamiento y de construcción de procesos de paz. Nosotros lo que hacemos como delegación es solicitar si apliquen esas garantías que están en la legislación colombiana.
¿Cuál es la situación de los otros 16 jefes de bandas criminales que siguen en la cárcel y cuáles son las garantías para que esa suspensión no signifique un fortalecimiento de las estructuras armadas?
No, es que esas garantías no interrumpen ni los procesos de investigación, no impiden que la justicia ejerza su papel, no impiden que las investigaciones en curso continúen, las investigaciones en curso pueden y deben continuar. La resolución no se trata de eso. Quienes estén cometiendo delitos -si a eso le llaman el fortalecimiento de las estructuras armadas- o busquen ampliar sus economías ilícitas, saben que la justicia está actuando y que sigue investigando.
Esto no impide el funcionamiento de la justicia, ni más faltaba. Esto lo que hace es que en el caso de que se generen órdenes de captura basadas en esas investigaciones, nuevas o antiguas, no se ejecuten hasta que no se haga el seguimiento de que eso no afecta a los procesos de paz.
Es que hay persecución, incluso para los privados de la libertad. ¿Por qué? Por pertenecer al proceso de paz. Ya lo hemos visto con varias amenazas que la señora Claudia Carrasquilla ha proferido como concejala de Medellín, el señor Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón (gobernador de Antioquia), todo el tiempo persiguiendo a las familias, persiguiendo a las personas que estamos en estos procesos, denunciándome a mí, denunciando a otros compañeros de la delegación.
Aquí tenemos una persecución enorme, por lo tanto, las garantías son para todos los que estamos en libertad y los que no.
El vocero Freyner Alfonzo Ramírez García lo manifestó en una comunicación que realizó, y es que sabía que por presiones en contra del proceso de paz le habían dado compulsa de copias, por todo lo que se había vivido con el ‘Tarimazo’ -un evento realizado en junio del año pasado en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con voceros de las bandas en La Alpujarra, en Medellín-.
Entonces, un hecho administrativo concreto, transparente, cómo fue que salieran a acompañar uno de tantos actos de paz, porque fue solo uno de tantos, significó una compulsa de copias. Lo que pasa es que le dolió más a la élite antioqueña y al poder económico y político.
Hablando del señor Ramírez, ¿es cierto que él ya se retractó de la renuncia a la mesa de paz que presentó en febrero pasado?
Sí, pero es él quien debe comunicar las razones por las que volvió. Pero le puedo decir que era eso que le digo. Hubo una persecución. De repente le compulsaron copias. Hay una persecución de este proceso.
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Hace unos días, la Fiscalía le dio un ultimátum al Gobierno para reactivar las órdenes de captura contra el jefe disidente Calarcá Córdoba porque no venían hechos ni voluntad de paz de parte de él. Desde la mesa de paz urbana de Medellín hicieron la petición hace un mes del levantamiento de la suspensión de las órdenes para los 23 jefes de las bandas y la Fiscalía accedió. ¿Eso significa que hay más avances o más seguridad del ente acusador en ese proceso que usted lidera?
La Ley de Paz Total no dice que la Fiscalía deba hacer una valoración del avance de un proceso de paz. No lo dice. No es su tarea.
Pero en la práctica la Fiscalía sí tiene incidencia. Particularmente en esto puede reactivar las órdenes o retrasar la suspensión….
Pero eso no debería suceder porque eso es una valoración de cada delegación y de la Consejería Comisionada y, por supuesto, desde el señor presidente. Hay una discusión jurídica con la Fiscalía, claro que sí. Es real, es contundente. Con nosotros pasa de una manera, con la mesa del señor Calarcá de otra, pero la tensión sigue.
La discusión es, la valoración del estado de avance de un proceso lo hace el Presidente de la República y lo puede delegar en el Consejero Comisionado y en sus órdenes. Eso es lo que nosotros entendimos mediante la Ley de Paz Total y mediante la sentencia de revisión de constitucionalidad.
Así que la revisión que hace la Fiscalía para nosotros es arbitraria. Nosotros no estamos diciendo que no tenga unas competencias, claro, que son independientes, que son autónomas, sí, pero es que la valoración del estado de avance del proceso la hace la delegación. ¿Por qué? Porque no hay manera de verificarlo. Los delegados en cada proceso, sabemos las condiciones del proceso. Solo se puede verificar cuando ya estemos en otro estadio, que levante la reserva, pero no podemos en este momento, porque así es que se dañan los procesos.
Imagínese usted como delegado de paz, convence a unos de estos señores de que se sienten a la mesa e inmediatamente después les llega a la Fiscalía. Pasó, con el señor Rojas (Geovanny Rojas, Araña). ¿Cómo quedamos los delegados de paz? Eso fue lo que yo les dije a todos, a la Policía, al Ministerio de Defensa, y a todos. Les dije: una delegación de paz no es el mecanismo de judicialización. Ustedes tienen sus competencias de judicialización y nosotros nuestras competencias en paz. Hay que diferenciar las competencias. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo el trabajo de judicialización y ustedes tampoco hacen el trabajo de paz.
¿En qué va la “irreversibilidad” de la mesa de la que ustedes hablaron en febrero pasado y qué avances concretos hay en la mesa?
Bueno, no, nosotros estamos cerrando la segunda etapa. Cerrar una etapa es muy complejo. Lo que le pedimos fue a la a las distintas instituciones del Estado que nos ayudaran a hacer el cierre de la segunda etapa. ¿Cómo se cierra una etapa de conversación? Presentando un informe sobre el cumplimiento de cada hecho de paz, llegar a acuerdos sobre hasta dónde el piloto de barrios libres de extorsión funcionó, no funcionó, nos hicieron un informe independiente, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las dificultades. El informe tendrá algunos fragmentos reservados, pero el país necesita conocerlo.
Estuvimos en unas sesiones de valoración del piloto de barrios libres de extorsión muy complejas, porque es un es un fenómeno muy complejo. Estamos en la construcción de un capítulo específico sobre el tema de economías ilícitas, en donde lo que buscamos es que se tenga claridad sobre cómo avanzar en Medellín y en el Valle de Aburrá, para hacer un tránsito de esas economías ilícitas con hechos concretos, con situaciones concretas hacia la legalidad.
Dentro de esas economías ilícitas está la extorsión, pero no es la única, está el tema de drogas y y expendios de drogas, pero no es el único, siempre se ha concentrado como en estos dos temas. Hay otros temas, por ejemplo, el tema del control territorial basado en en el loteo, que es otra economía ilícita.
Estamos como en una caracterización desde el equipo de todas las economías ilícitas y en cuáles podríamos concentrarnos con hechos de irreversibilidad. Eso ha implicado que busquemos expertos internacionales que ya estuvieron con nosotros aquí en Medellín, que fueron a Itagüí, que hablan de todo el tema de contrabando, el lavado de activos, del gota a gota.
La ley de sometimiento sigue sin ser debatida en el Congreso y es vital para procesos como el del Medellín, ¿qué se ha hecho para acelerar?
Sí, es que ni siquiera se ha debatido. Ya es reiterativa la actitud del Congreso de la República. Pasó con esta que presentó el Ministerio de Justicia, con la que había presentado el doctor Ozuna, hubo otra que nunca se debatió. Estamos en manos de la Comisión Primera de Cámara. Este segundo intento del Ejecutivo no está en agenda. Lo que tengo que decirle al país es que no hay voluntad del Congreso de la República por avanzar en los procesos de paz en Colombia. Y los procesos de paz necesitan esa ley, porque lo ordenó la Corte Constitucional, no es un capricho del Ejecutivo, es una orden que recibimos y que acatamos. En esta materia la voluntad del Legislativo era la que privaba, por eso acudimos a él, pero ni siquiera abre la discusión.
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