¿Bogotá está lista para la paz?

Desde que volvió al Palacio Liévano, el alcalde Enrique Peñalosa ha prometido que Bogotá será la ciudad del posconflicto. Lo aseguró en su discurso de posesión y lo repitió el pasado jueves, en la Plaza de Bolívar, luego de que en La Habana se anunciaron los acuerdos para ponerle fin a la guerra con las Farc. Sostuvo que Bogotá estaba lista para enfrentar lo que viene y que las víctimas serán la columna vertebral de ese proceso.

Sin embargo, las organizaciones de víctimas y los mismos organismos de control advierten que ese objetivo no está tan claro. La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, asegura que la ciudad no está preparada para asumir los retos, “y tan cierto es que sólo hasta ahora que se habla del acuerdo es que se está diciendo que sí se asume”. La funcionaria hace énfasis en los retos que tienen que asumirse para enfrentar desafíos de seguridad ciudadana, como la injerencia de bandas criminales y la posibilidad de que algunos desmovilizados que se asienten en la ciudad se vinculen a esos grupos.

Los representantes de las víctimas, por su parte, vienen inconformes desde que conocieron el Plan de Desarrollo, ya aprobado por el Concejo, porque, afirman, no hay planes concretos para su atención. El jueves, incluso, la Mesa Distrital de Víctimas inició una huelga por la supuesta falta de garantías de participación para construir el Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave para definir el camino de atención de esta población en estos cuatro años. Ángela Anzola, alta consejera distrital para los derechos de las víctimas, manifiesta que sí han tenido en cuenta las ideas de esa población a la hora de trazar las políticas.

Como trasfondo hay un debate sobre la idea de ciudad que debe construirse para el posconflicto. Aunque el punto de la atención a víctimas no es la única arista, sí se considera el más importante, pues la ciudad, después de Antioquia, es el segundo ente territorial con más víctimas registradas: 644.870. Sin embargo, su reparación poco avanza. A diciembre de 2015, solo 20.000 (3% del total) habían sido indemnizadas por vía administrativa, como lo contó este diario el pasado 8 de junio.

En esa asistencia, que incluye oportunidades de educación y trabajo, el acceso a vivienda es prioritario. “Vivienda humana, segura y en territorios de paz para desplazados y víctimas: esa sería la principal contribución de la ciudad en el posconflicto”, pide Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Agrega que una condición adversa de la ciudad para la consolidación del posconflicto es “la existencia de territorios vulnerables, especialmente en Suba, Usme y Ciudad Bolívar, con condiciones para arraigar crimen organizado, donde las víctimas pueden ser revictimizadas”. El alcalde Peñalosa ha anunciado que durante su administración se construirán 30.000 viviendas, pero no es claro cuántas casas serán destinadas para las víctimas.

Según Reinel Barbosa, delegado de la Mesa Distrital de Víctimas, en Bogotá hay un déficit de 70.000 viviendas para los afectados por el conflicto —solo el 30 % tiene a dónde llegar—. La propuesta de esa organización es que se construyan, al menos, 40.000 y se edifique un centro de rehabilitación para las heridas de la guerra y el consumo de sustancias psicoactivas.

Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), propone “salir de las rutinas de la Ley de Víctimas y de sus cortos resultados. Lo que más se ha aplicado es ayuda humanitaria y reparación administrativa, pero debe haber un plan masivo de vivienda y trabajo digno, pensando Bogotá como un territorio de paz”.

La apuesta, coinciden todos, debe ser la solución de los problemas de fondo y de vieja data. Precisamente, el enfoque estructural y no asistencialista es un punto a favor en la apuesta del Distrito, que planea priorizar la reparación integral. El lío es que, por ahora, no hay metas concretas.

Repensar la ciudad

En la historia del conflicto, Bogotá fue el gran objetivo territorial de los actores armados. Su toma equivalía a hacerse al poder. En el caso de las Farc, pese a que influyeron de distintas formas, desde atentados hasta células urbanas, y su tropa llegó hasta Sumapaz, nunca incursionó con firmeza. Esto generó, en buena parte de los habitantes de la capital, una sensación de aislamiento del conflicto, que se percibía lejano, en el campo.

La huella de la guerra en la capital, sin embargo, es mayúscula. “Esta ciudad tiene una forma, un tamaño y hasta una estructura productiva que ha sido determinada en gran parte por el conflicto armado interno”, explica Restrepo, del Cerac. Por eso, tiene que reconocerse y entender la influencia de la guerra en su presente y futuro.

“Debe haber una resignificación de la ciudad a través de la cultura ciudadana, la cátedra masiva de paz, la integración de jóvenes en las discusiones y acciones como la intervención y significación del espacio público”, sostiene González. Para eso, es clave el papel de las entidades creadas con dichos fines.

Otro reto es fomentar las discusiones para resignificar los roles de la ciudad en la guerra y frente a lo que se viene tras la firma del acuerdo final.

Plaza política

Las grandes ciudades serán los destinos principales de los desmovilizados. Su infraestructura y servicios permiten “absorber a quienes busquen una mejor calidad de vida”, ha dicho Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana de Reintegración, quien calcula que Bogotá podría acoger a 4.000 excombatientes.

Entre 2003 y 2015, por ejemplo, la capital recibió a casi 6.000 desmovilizados (10% de quienes dejaron las armas en ese periodo). Generar opciones laborales y de vivienda para quienes buscan reintegrarse a la vida civil es un reto.

Pero además de recibirlos, la ciudad se proyecta como escenario clave para su entrada en la arena política, junto con los terrirorios rurales donde la guerrilla tuvo tradicionalmente influencia.

“El gran mensaje del acuerdo es que se pasa de la guerra a la participación política, y Bogotá es un centro fundamental para que se desarrollen los movimientos que impulsen los excombatientes”, señala González. La ciudad no solo ha sido un bastión histórico de los partidos y movimientos de izquierda, sino que, además, eligió alcalde a Gustavo Petro, un exguerrillero. “Este será un escenario en donde las opciones políticas surgidas del acuerdo van a querer buscar votos”, concluye Restrepo.

En síntesis, los vientos de paz llegan con una larga lista de exigencias para Bogotá, que se quiere proyectar como eje de la paz. Sin embargo, aún no es claro cómo se convertirá en la principal ciudad del posconflicto.

Desde que volvió al Palacio Liévano, el alcalde Enrique Peñalosa ha prometido que Bogotá será la ciudad del posconflicto. Lo aseguró en su discurso de posesión y lo repitió el pasado jueves, en la Plaza de Bolívar, luego de que en La Habana se anunciaron los acuerdos para ponerle fin a la guerra con las Farc. Sostuvo que Bogotá estaba lista para enfrentar lo que viene y que las víctimas serán la columna vertebral de ese proceso.

Sin embargo, las organizaciones de víctimas y los mismos organismos de control advierten que ese objetivo no está tan claro. La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, asegura que la ciudad no está preparada para asumir los retos, “y tan cierto es que sólo hasta ahora que se habla del acuerdo es que se está diciendo que sí se asume”. La funcionaria hace énfasis en los retos que tienen que asumirse para enfrentar desafíos de seguridad ciudadana, como la injerencia de bandas criminales y la posibilidad de que algunos desmovilizados que se asienten en la ciudad se vinculen a esos grupos.

Los representantes de las víctimas, por su parte, vienen inconformes desde que conocieron el Plan de Desarrollo, ya aprobado por el Concejo, porque, afirman, no hay planes concretos para su atención. El jueves, incluso, la Mesa Distrital de Víctimas inició una huelga por la supuesta falta de garantías de participación para construir el Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave para definir el camino de atención de esta población en estos cuatro años. Ángela Anzola, alta consejera distrital para los derechos de las víctimas, manifiesta que sí han tenido en cuenta las ideas de esa población a la hora de trazar las políticas.

Como trasfondo hay un debate sobre la idea de ciudad que debe construirse para el posconflicto. Aunque el punto de la atención a víctimas no es la única arista, sí se considera el más importante, pues la ciudad, después de Antioquia, es el segundo ente territorial con más víctimas registradas: 644.870. Sin embargo, su reparación poco avanza. A diciembre de 2015, solo 20.000 (3% del total) habían sido indemnizadas por vía administrativa, como lo contó este diario el pasado 8 de junio.

En esa asistencia, que incluye oportunidades de educación y trabajo, el acceso a vivienda es prioritario. “Vivienda humana, segura y en territorios de paz para desplazados y víctimas: esa sería la principal contribución de la ciudad en el posconflicto”, pide Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Agrega que una condición adversa de la ciudad para la consolidación del posconflicto es “la existencia de territorios vulnerables, especialmente en Suba, Usme y Ciudad Bolívar, con condiciones para arraigar crimen organizado, donde las víctimas pueden ser revictimizadas”. El alcalde Peñalosa ha anunciado que durante su administración se construirán 30.000 viviendas, pero no es claro cuántas casas serán destinadas para las víctimas.

Según Reinel Barbosa, delegado de la Mesa Distrital de Víctimas, en Bogotá hay un déficit de 70.000 viviendas para los afectados por el conflicto —solo el 30 % tiene a dónde llegar—. La propuesta de esa organización es que se construyan, al menos, 40.000 y se edifique un centro de rehabilitación para las heridas de la guerra y el consumo de sustancias psicoactivas.

Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), propone “salir de las rutinas de la Ley de Víctimas y de sus cortos resultados. Lo que más se ha aplicado es ayuda humanitaria y reparación administrativa, pero debe haber un plan masivo de vivienda y trabajo digno, pensando Bogotá como un territorio de paz”.

La apuesta, coinciden todos, debe ser la solución de los problemas de fondo y de vieja data. Precisamente, el enfoque estructural y no asistencialista es un punto a favor en la apuesta del Distrito, que planea priorizar la reparación integral. El lío es que, por ahora, no hay metas concretas.

Repensar la ciudad

En la historia del conflicto, Bogotá fue el gran objetivo territorial de los actores armados. Su toma equivalía a hacerse al poder. En el caso de las Farc, pese a que influyeron de distintas formas, desde atentados hasta células urbanas, y su tropa llegó hasta Sumapaz, nunca incursionó con firmeza. Esto generó, en buena parte de los habitantes de la capital, una sensación de aislamiento del conflicto, que se percibía lejano, en el campo.

La huella de la guerra en la capital, sin embargo, es mayúscula. “Esta ciudad tiene una forma, un tamaño y hasta una estructura productiva que ha sido determinada en gran parte por el conflicto armado interno”, explica Restrepo, del Cerac. Por eso, tiene que reconocerse y entender la influencia de la guerra en su presente y futuro.

“Debe haber una resignificación de la ciudad a través de la cultura ciudadana, la cátedra masiva de paz, la integración de jóvenes en las discusiones y acciones como la intervención y significación del espacio público”, sostiene González. Para eso, es clave el papel de las entidades creadas con dichos fines.

Otro reto es fomentar las discusiones para resignificar los roles de la ciudad en la guerra y frente a lo que se viene tras la firma del acuerdo final.

Plaza política

Las grandes ciudades serán los destinos principales de los desmovilizados. Su infraestructura y servicios permiten “absorber a quienes busquen una mejor calidad de vida”, ha dicho Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana de Reintegración, quien calcula que Bogotá podría acoger a 4.000 excombatientes.

Entre 2003 y 2015, por ejemplo, la capital recibió a casi 6.000 desmovilizados (10% de quienes dejaron las armas en ese periodo). Generar opciones laborales y de vivienda para quienes buscan reintegrarse a la vida civil es un reto.

Pero además de recibirlos, la ciudad se proyecta como escenario clave para su entrada en la arena política, junto con los terrirorios rurales donde la guerrilla tuvo tradicionalmente influencia.

“El gran mensaje del acuerdo es que se pasa de la guerra a la participación política, y Bogotá es un centro fundamental para que se desarrollen los movimientos que impulsen los excombatientes”, señala González. La ciudad no solo ha sido un bastión histórico de los partidos y movimientos de izquierda, sino que, además, eligió alcalde a Gustavo Petro, un exguerrillero. “Este será un escenario en donde las opciones políticas surgidas del acuerdo van a querer buscar votos”, concluye Restrepo.

En síntesis, los vientos de paz llegan con una larga lista de exigencias para Bogotá, que se quiere proyectar como eje de la paz. Sin embargo, aún no es claro cómo se convertirá en la principal ciudad del posconflicto.