Boyacá: ¿cómo superar el conflicto social?

Este departamento, ‘remanso de paz’ del que se habla en los reportes del Ministerio de Defensa, también padeció los embates del conflicto armado producto del actuar de grupos guerrilleros y paramilitares, de ejércitos privados al servicio de empresarios esmeralderos y de la operación irregular de integrantes de la fuerza pública.

Buena parte de esa confrontación se vivió en la zona rural y en regiones como el Norte, Gutiérrez, Valderrama, Cubará, la Provincia de La Libertad y el suroriente del departamento en límites con Arauca y Casanare; y en Puerto Boyacá y la provincia de Occidente donde se concentran los mayores yacimientos de esmeraldas del país.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en Boyacá se reportan 32.061 víctimas del conflicto interno que hoy esperan ser escuchadas y reparadas moral y económicamente. Y aunque en el Occidente de Boyacá los eventos bélicos descendieron luego del acuerdo de paz firmado entre los esmeralderos en 1990, la pobreza continúa en ascenso producto de la incipiente presencia gubernamental.

Como lo señala el padre Juan Pablo Romero, director Ejecutivo de Boyapaz, “en el Occidente cesó el conflicto, pero no se generaron oportunidades de desarrollo para sus pobladores, porque el Estado legó su responsabilidad en los mineros para que ellos emprendieran proyectos educativos, viales y de salud”.

Y esa soledad de los gobiernos hacia las comunidades es el principal germen de la pobreza y el abandono que hoy se percibe en las trochas por las que deben transitar el café, las frutas y el cacao hacia los principales centros urbanos de la región.

Romero es sacerdote de la comunidad de los dominicos y desde 2016 está al frente de la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de Boyacá (Boyapaz), adscrita a la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). Una corporación de la que hacen parte organizaciones campesinas, de guaqueros, de paneleros, empresarios y otros representantes de la sociedad civil articulados en lo que la Red ha denominado “la apuesta por la vida querida”.

Y lo que propone esta alianza es empezar a traducir el ambiente de paz y de reducción del conflicto en acciones concretas de desarrollo integral que garanticen la prosperidad y el bienestar de las 250 mil personas que pueblan este costado de Boyacá, y para ello han formulado tres líneas estratégicas: asociatividad, incidencia política y reconciliación.

Un primer impulso lo constituye el acompañamiento a las asociaciones de productores de cacao, café, frutales, cítricos, aguacate y panela y la presencia de Acción Cultural Popular (ACPO) que en las localidades de Maripí, Muzo y Otanche capacita a 60 campesinos a través de sus Escuelas Digitales en temas como inclusión tecnológica, liderazgo y emprendimiento.

Romero considera que el desarrollo debe complementarse con reconciliación y refuerza su argumento en el hecho de que los pobladores de esta región de Boyacá se beneficiaron de la paz, pero no fueron sus protagonistas, por ello plantea la necesidad de hacer un trabajo que permita superar el dolor que aún persiste en el corazón de las víctimas para que la región sienta que hubo verdad, justicia y reparación. 

Apuesta por la esperanza

Juan Urbano lo confiesa: “Fui guaquero y cocalero como muchos acá en Pauna”. Urbano es hoy el presidente de la Fundación Red Colombia Agropecuaria (Funredagro) que aglutina a 10 organizaciones de productores de cacao de los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur, Quípama, Otanche, Muzo, Maripí, Coper, Buenavista, Tununguá y Briceño.

Fueron tiempos muy difíciles aquellos en los que la violencia intimidó a los pobladores del Occidente de Boyacá, sin embargo, pudo más el deseo de dejar atrás ese pasado de miedo y agitación y regresar a las parcelas para resembrar las semillas de los abuelos.

Juan recuerda que antes de 1970 los campos del occidente producían grandes cantidades de caña, cacao, maíz, plátano y frutales, pero con la fiebre de la esmeralda los trabajadores, los viejos y los jóvenes, abandonaron los surcos y se internaron en los socavones.

En 1997 la producción de esmeraldas bajó y fue entonces cuando llegó la coca a mantener el nivel de ingresos de los trabajadores, sin embargo, en 2002 las mismas comunidades fueron conscientes de la descomposición social asociada a estas plantaciones y empezaron a considerar la posibilidad de regresar a los cultivos lícitos.

Pero solo hasta 2007, cuando el gobierno intensificó sus operativos de erradicación, esa bonaza llegó a su fin. Juan Urbano recuera que la fuerza pública le destruyó seis hectáreas de las que dependía la economía de su familia, por fortuna la medida vino acompañada del programa de Guardabosques.  

Quienes integran las 10 asociaciones que conforman Funredagro son el mejor ejemplo de cómo una comunidad es capaz de contribuir con la reconstrucción social y económica del territorio, y de que no todo se le puede dejar al Estado.

Después de 12 años y de muchos vaivenes, las familias cacaoteras llegan a las 1.267 y según los datos de Fedecacao el aporte de Boyacá a la producción nacional en 2016 alcanzó las 1.052 toneladas.

“El cacao no nos está volviendo ricos, pero estamos viviendo dignamente y hoy nuestra lucha es contra la pobreza y para combatirla necesitamos la ayuda del Estado”, aseguró el presidente de Funredagro.

El padre Romero y Juan Urbano son dos de los invitados al conversatorio “¿Cómo superar la conflictividad local en el posconflicto?”, que el proyecto Colombia 2020 de El Espectador realiza hoy en Tunja, a partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás. Junto a ellos estarán también Clara Lilia Saraza, personera de Ventaquemada; Luis Fernando Echavarría Estrada, coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizando de la Fundación Paz y Reconciliación; y Sonia Pabón, directora ejecutiva de Cordepaz.

Este departamento, ‘remanso de paz’ del que se habla en los reportes del Ministerio de Defensa, también padeció los embates del conflicto armado producto del actuar de grupos guerrilleros y paramilitares, de ejércitos privados al servicio de empresarios esmeralderos y de la operación irregular de integrantes de la fuerza pública.

Buena parte de esa confrontación se vivió en la zona rural y en regiones como el Norte, Gutiérrez, Valderrama, Cubará, la Provincia de La Libertad y el suroriente del departamento en límites con Arauca y Casanare; y en Puerto Boyacá y la provincia de Occidente donde se concentran los mayores yacimientos de esmeraldas del país.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en Boyacá se reportan 32.061 víctimas del conflicto interno que hoy esperan ser escuchadas y reparadas moral y económicamente. Y aunque en el Occidente de Boyacá los eventos bélicos descendieron luego del acuerdo de paz firmado entre los esmeralderos en 1990, la pobreza continúa en ascenso producto de la incipiente presencia gubernamental.

Como lo señala el padre Juan Pablo Romero, director Ejecutivo de Boyapaz, “en el Occidente cesó el conflicto, pero no se generaron oportunidades de desarrollo para sus pobladores, porque el Estado legó su responsabilidad en los mineros para que ellos emprendieran proyectos educativos, viales y de salud”.

Y esa soledad de los gobiernos hacia las comunidades es el principal germen de la pobreza y el abandono que hoy se percibe en las trochas por las que deben transitar el café, las frutas y el cacao hacia los principales centros urbanos de la región.

Romero es sacerdote de la comunidad de los dominicos y desde 2016 está al frente de la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Occidente de Boyacá (Boyapaz), adscrita a la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz). Una corporación de la que hacen parte organizaciones campesinas, de guaqueros, de paneleros, empresarios y otros representantes de la sociedad civil articulados en lo que la Red ha denominado “la apuesta por la vida querida”.

Y lo que propone esta alianza es empezar a traducir el ambiente de paz y de reducción del conflicto en acciones concretas de desarrollo integral que garanticen la prosperidad y el bienestar de las 250 mil personas que pueblan este costado de Boyacá, y para ello han formulado tres líneas estratégicas: asociatividad, incidencia política y reconciliación.

Un primer impulso lo constituye el acompañamiento a las asociaciones de productores de cacao, café, frutales, cítricos, aguacate y panela y la presencia de Acción Cultural Popular (ACPO) que en las localidades de Maripí, Muzo y Otanche capacita a 60 campesinos a través de sus Escuelas Digitales en temas como inclusión tecnológica, liderazgo y emprendimiento.

Romero considera que el desarrollo debe complementarse con reconciliación y refuerza su argumento en el hecho de que los pobladores de esta región de Boyacá se beneficiaron de la paz, pero no fueron sus protagonistas, por ello plantea la necesidad de hacer un trabajo que permita superar el dolor que aún persiste en el corazón de las víctimas para que la región sienta que hubo verdad, justicia y reparación. 

Apuesta por la esperanza

Juan Urbano lo confiesa: “Fui guaquero y cocalero como muchos acá en Pauna”. Urbano es hoy el presidente de la Fundación Red Colombia Agropecuaria (Funredagro) que aglutina a 10 organizaciones de productores de cacao de los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur, Quípama, Otanche, Muzo, Maripí, Coper, Buenavista, Tununguá y Briceño.

Fueron tiempos muy difíciles aquellos en los que la violencia intimidó a los pobladores del Occidente de Boyacá, sin embargo, pudo más el deseo de dejar atrás ese pasado de miedo y agitación y regresar a las parcelas para resembrar las semillas de los abuelos.

Juan recuerda que antes de 1970 los campos del occidente producían grandes cantidades de caña, cacao, maíz, plátano y frutales, pero con la fiebre de la esmeralda los trabajadores, los viejos y los jóvenes, abandonaron los surcos y se internaron en los socavones.

En 1997 la producción de esmeraldas bajó y fue entonces cuando llegó la coca a mantener el nivel de ingresos de los trabajadores, sin embargo, en 2002 las mismas comunidades fueron conscientes de la descomposición social asociada a estas plantaciones y empezaron a considerar la posibilidad de regresar a los cultivos lícitos.

Pero solo hasta 2007, cuando el gobierno intensificó sus operativos de erradicación, esa bonaza llegó a su fin. Juan Urbano recuera que la fuerza pública le destruyó seis hectáreas de las que dependía la economía de su familia, por fortuna la medida vino acompañada del programa de Guardabosques.  

Quienes integran las 10 asociaciones que conforman Funredagro son el mejor ejemplo de cómo una comunidad es capaz de contribuir con la reconstrucción social y económica del territorio, y de que no todo se le puede dejar al Estado.

Después de 12 años y de muchos vaivenes, las familias cacaoteras llegan a las 1.267 y según los datos de Fedecacao el aporte de Boyacá a la producción nacional en 2016 alcanzó las 1.052 toneladas.

“El cacao no nos está volviendo ricos, pero estamos viviendo dignamente y hoy nuestra lucha es contra la pobreza y para combatirla necesitamos la ayuda del Estado”, aseguró el presidente de Funredagro.

El padre Romero y Juan Urbano son dos de los invitados al conversatorio “¿Cómo superar la conflictividad local en el posconflicto?”, que el proyecto Colombia 2020 de El Espectador realiza hoy en Tunja, a partir de las 8:00 de la mañana, en el auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás. Junto a ellos estarán también Clara Lilia Saraza, personera de Ventaquemada; Luis Fernando Echavarría Estrada, coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizando de la Fundación Paz y Reconciliación; y Sonia Pabón, directora ejecutiva de Cordepaz.