Campesinas restituidas buscan soluciones para la pobreza en el campo

“Cuando me devolvieron mi tierra sentí que volví a la vida. Recuerdo que era marzo, semana santa del 2013. Llegué a empezar de nuevo porque mis animalitos, mis cafetales, mis plantas todo había muerto. Llegaron abogados a preguntarme qué quería de proyecto productivo. Les dije: quiero algo yo pueda administrar, que yo misma pueda frentiar y verlo crecer: tomate”. Odilia Sánchez sabía que debía escoger algo que ella pudiera sacar adelante sola porque a su esposo había quedado paralítico en 1990, debido al conflicto armado.

Ella tuvo que sacar adelante a sus hijos como madre cabeza de hogar y, cuando llegaron los violentos en 2003, empacó sus corotos, alistó a sus cinco hijos y consiguió a alguien que cargara a su esposo. Junto con su suegra salieron de la vereda La Victoria “solo con una colchoneta y una cobija”. Esa noche ella y sus hijos durmieron en el piso de la iglesia del corregimiento La Cueva para que su esposo y su suegra pudieran usar la colchoneta.

A una situación similar se enfrentó Oneida Albán, también pobladora del municipio del Tablón de Gómez. Ella y su familia decidieron volver a su finca sin acompañamiento, después del enfrentamiento entre el Frente 2 de las Farc y el Ejército, pero al poco tiempo se volvió evidente que los podrían desalojar en cualquier momento porque su finca quedaba en un terreno baldío. Con la ayuda del Incoder y luego la Unidad de Restitución de Tierras ella sacó adelante su restitución y recibió sus escrituras, una mejora de vivienda y un proyecto productivo de cerdos.

Sin embargo, vio como algunas de sus amigas sufrían porque sus esposos las excluían del proceso o les decían que su lugar era en la casa y no tenían tiempo para asistir a las reuniones. Se unió con otras mujeres y la organización Sisma mujer y le dijeron a los abogados de la URT que durante las entrevistas indagaran específicamente por las mujeres que estaban presentes en el momento del desplazamiento, reconstruyeran sus actividades dentro de la finca y añadieran sus nombres en la demanda, en la sentencia y luego en las escrituras si estaban casadas o en unión marital de hecho. “Yo en mi caso también puse a mi hija, que en ese momento tenía siete años”, añade.

No es un secreto que para las mujeres ha sido más difícil acceder a la restitución de tierras que para los hombres. Pero, además, una vez tienen la sentencia en sus manos enfrentan grandes retos para hacer efectivos los mandatos de salud, educación, vivienda digna y participación social.

Así lo concluyó Sisma Mujer, la Corporación Humanas y decenas de organizaciones de mujeres campesinas de los municipios de Ataco (Tolima), Tablón de Gómez (Nariño), San Carlos (Antioquia), Valencia (Córdoba), Trujillo (Valle del Cauca) y Ciénaga (Magdalena). Ellas se reunieron recientemente en Bogotá durante el evento de cierre de la segunda fase del Programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras.

De las primeras conclusiones que afloran al hablar con las mujeres es que la restitución les cambió la vida. Identifican la Unidad de Restitución de Tierras (URT) como el Estado que por fin llega a su casa y se ofrece a ayudarlas para que por fin mejoren su calidad de vida. Pero lo cierto es que los retos para que cada sentencia se cumpla a cabalidad son mayúsculos e involucran a otras entidades y ministerios.

Viviana Rodríguez, coordinadora del área de movilidad de Sisma mujer, dice que al observar de cerca la pobreza estructural que sufre el campo se han dado cuenta de que las mujeres históricamente asumen las situaciones más precarias para dejarles mejores oportunidades a los demás miembros de su familia. “Si las casas son incómodas, ellas son las que usan los espacios más desagradables. Si no tienen agua corriente, son ellas las que la traen del arroyo o pozo y la surten. Si el centro médico queda muy lejos, las que asumen el trabajo de llevar a los niños al doctor son las mamás”, explica.

Con estos argumentos las mujeres les explicaron a delegados del Banco Agrario, el Sena, el Ministerio de Vivienda y otras entidades del Estado las razones por las que necesitan cosas diferentes para que lo estipulado en el papel de las sentencias se vuelva realidad en su vida. Identificaron varios desafíos.

El primero que identificaron fue la participación de las mujeres, un problema que ha estado presente desde el inicio de la restitución de tierras. “En el 2012 uno de los primeros datos que encontramos era que las mujeres llegaban a la cabecera municipal a inscribir sus lotes como despojados, pero lo hacían a nombre de sus esposos, padres o hermanos, incluso si estaban muertos”, dice Viviana. Pensaban que el derecho la tierra era exclusivamente de ellos. La solución fue buscar mecanismos para hacerlas entender que ellas eran tan merecedoras la posesión como los hombres e inscribirlas a ellas como demandantes.

Los métodos de recolección de información han evolucionado para solucionar esto, dice Ricardo Sabogal, director dela URT. Sin embargo, ahora que se abre la posibilidad de restituir a la zona sur del país, gracias a la desmovilización de las Farc, las herramientas de la Unidad deberán seguir cambiando para cubrir las necesidades específicas que se enfrenten.

El siguiente reto es el de salud. Aunque es cierto que todo el país está en crisis en ese sentido, el sistema además no prioriza a las víctimas. Eso es un problema porque su salud se ha visto realmente afectada por el conflicto y necesitaría una atención distinta. Las mujeres mayores, por ejemplo, recorren dos horas para llegar a un centro médico, luego les toca hacer horas de fila y que luego les digan que no hay citas. “Necesitan atención en las veredas, que los médicos y las enfermeras tengan conocimiento de salud de las mujeres”, dice Viviana.

Ese es el caso de María Genoveva Gutiérrez, quien recuperó su finca en la vereda La Arenosa, en el municipio San Carlos (Antioquia). Hoy tiene 91 años y vive con uno de los dos hijos que le quedaron vivos. Tiene un problema en sus ojos, pero no le han recetado los exámenes que necesita para hacerle la cirugía. Cada vez que pide una cita debe ir a Río Negro, a dos horas y media de su casa, y muchas veces se la asignan para otros días. “Recuperé mis tierras y hasta parte del ganado que tenía antes de la matanza de 2003. Ahora vivo como una reina, pero con la salud siempre es una lucha”.

La educación – secundaria, técnica y universitaria- también es un punto importante en las sentencias de restitución pero que no se cumple por la misma debilidad histórica del sistema. Es más, muchas mamás luchan con sus alcaldías municipales para que las rutas escolares lleven a los niños que viven en zona rural a la escuela para que al menos terminen hasta quinto de primaria. Por eso, hablar de una educación continuada para adultas y jóvenes es todo un reto. Las brechas, opina Oneida, se pueden cerrar con la ayuda de la tecnología. “Nosotros no pedimos que nos regalen todo. Si nos hacen facilidades pago podríamos comprar computadores para estudiar en casa, nosotras podríamos avanzar en los temas mientras cuidamos a los animales, a los niños y a la casa”.

La tecnología, creen las mujeres, también las puede liberar de muchas tareas domésticas. Las mujeres del Tablón de Gómez, por ejemplo, formularon un proyecto para conseguir lavadoras. Y Todas piden que a las casas que les entrega el Banco Agrario, el mismo Gobierno les ponga electricidad, agua, sistema de alcantarillado y, ojalá, internet.

Solucionar estos problemas ayudaría a que más jóvenes vean el campo como una fuente de bienestar y decidan quedarse. Así lo opina Odilia Sánchez que luego de 61 años de vida, cinco hijos y un desplazamiento forzado sabe lo duro que es sacar a una familia numerosa adelante. Ella explica que las mujeres campesinas se esfuerzan mucho para que los hijos tengan una carrera profesional pero luego el cartón les sirve solo “pa´ colgarlo en la cocina”.  Parte del problema son las pocas ganancias que deja la agricultura familiar. Ella, como parte de su restitución, recibió una huerta de tomates. “Lo que sí no me gusta es que nos toca vender el tomate muy barato. Me gustaría que hubiera una entidad que nos ayudara a sacarlo a la ciudad y así no perder tanto. Porque uno es el que se jode la espalda trabajando para ganar tan poco”. 

“Cuando me devolvieron mi tierra sentí que volví a la vida. Recuerdo que era marzo, semana santa del 2013. Llegué a empezar de nuevo porque mis animalitos, mis cafetales, mis plantas todo había muerto. Llegaron abogados a preguntarme qué quería de proyecto productivo. Les dije: quiero algo yo pueda administrar, que yo misma pueda frentiar y verlo crecer: tomate”. Odilia Sánchez sabía que debía escoger algo que ella pudiera sacar adelante sola porque a su esposo había quedado paralítico en 1990, debido al conflicto armado.

Ella tuvo que sacar adelante a sus hijos como madre cabeza de hogar y, cuando llegaron los violentos en 2003, empacó sus corotos, alistó a sus cinco hijos y consiguió a alguien que cargara a su esposo. Junto con su suegra salieron de la vereda La Victoria “solo con una colchoneta y una cobija”. Esa noche ella y sus hijos durmieron en el piso de la iglesia del corregimiento La Cueva para que su esposo y su suegra pudieran usar la colchoneta.

A una situación similar se enfrentó Oneida Albán, también pobladora del municipio del Tablón de Gómez. Ella y su familia decidieron volver a su finca sin acompañamiento, después del enfrentamiento entre el Frente 2 de las Farc y el Ejército, pero al poco tiempo se volvió evidente que los podrían desalojar en cualquier momento porque su finca quedaba en un terreno baldío. Con la ayuda del Incoder y luego la Unidad de Restitución de Tierras ella sacó adelante su restitución y recibió sus escrituras, una mejora de vivienda y un proyecto productivo de cerdos.

Sin embargo, vio como algunas de sus amigas sufrían porque sus esposos las excluían del proceso o les decían que su lugar era en la casa y no tenían tiempo para asistir a las reuniones. Se unió con otras mujeres y la organización Sisma mujer y le dijeron a los abogados de la URT que durante las entrevistas indagaran específicamente por las mujeres que estaban presentes en el momento del desplazamiento, reconstruyeran sus actividades dentro de la finca y añadieran sus nombres en la demanda, en la sentencia y luego en las escrituras si estaban casadas o en unión marital de hecho. “Yo en mi caso también puse a mi hija, que en ese momento tenía siete años”, añade.

No es un secreto que para las mujeres ha sido más difícil acceder a la restitución de tierras que para los hombres. Pero, además, una vez tienen la sentencia en sus manos enfrentan grandes retos para hacer efectivos los mandatos de salud, educación, vivienda digna y participación social.

Así lo concluyó Sisma Mujer, la Corporación Humanas y decenas de organizaciones de mujeres campesinas de los municipios de Ataco (Tolima), Tablón de Gómez (Nariño), San Carlos (Antioquia), Valencia (Córdoba), Trujillo (Valle del Cauca) y Ciénaga (Magdalena). Ellas se reunieron recientemente en Bogotá durante el evento de cierre de la segunda fase del Programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras.

De las primeras conclusiones que afloran al hablar con las mujeres es que la restitución les cambió la vida. Identifican la Unidad de Restitución de Tierras (URT) como el Estado que por fin llega a su casa y se ofrece a ayudarlas para que por fin mejoren su calidad de vida. Pero lo cierto es que los retos para que cada sentencia se cumpla a cabalidad son mayúsculos e involucran a otras entidades y ministerios.

Viviana Rodríguez, coordinadora del área de movilidad de Sisma mujer, dice que al observar de cerca la pobreza estructural que sufre el campo se han dado cuenta de que las mujeres históricamente asumen las situaciones más precarias para dejarles mejores oportunidades a los demás miembros de su familia. “Si las casas son incómodas, ellas son las que usan los espacios más desagradables. Si no tienen agua corriente, son ellas las que la traen del arroyo o pozo y la surten. Si el centro médico queda muy lejos, las que asumen el trabajo de llevar a los niños al doctor son las mamás”, explica.

Con estos argumentos las mujeres les explicaron a delegados del Banco Agrario, el Sena, el Ministerio de Vivienda y otras entidades del Estado las razones por las que necesitan cosas diferentes para que lo estipulado en el papel de las sentencias se vuelva realidad en su vida. Identificaron varios desafíos.

El primero que identificaron fue la participación de las mujeres, un problema que ha estado presente desde el inicio de la restitución de tierras. “En el 2012 uno de los primeros datos que encontramos era que las mujeres llegaban a la cabecera municipal a inscribir sus lotes como despojados, pero lo hacían a nombre de sus esposos, padres o hermanos, incluso si estaban muertos”, dice Viviana. Pensaban que el derecho la tierra era exclusivamente de ellos. La solución fue buscar mecanismos para hacerlas entender que ellas eran tan merecedoras la posesión como los hombres e inscribirlas a ellas como demandantes.

Los métodos de recolección de información han evolucionado para solucionar esto, dice Ricardo Sabogal, director dela URT. Sin embargo, ahora que se abre la posibilidad de restituir a la zona sur del país, gracias a la desmovilización de las Farc, las herramientas de la Unidad deberán seguir cambiando para cubrir las necesidades específicas que se enfrenten.

El siguiente reto es el de salud. Aunque es cierto que todo el país está en crisis en ese sentido, el sistema además no prioriza a las víctimas. Eso es un problema porque su salud se ha visto realmente afectada por el conflicto y necesitaría una atención distinta. Las mujeres mayores, por ejemplo, recorren dos horas para llegar a un centro médico, luego les toca hacer horas de fila y que luego les digan que no hay citas. “Necesitan atención en las veredas, que los médicos y las enfermeras tengan conocimiento de salud de las mujeres”, dice Viviana.

Ese es el caso de María Genoveva Gutiérrez, quien recuperó su finca en la vereda La Arenosa, en el municipio San Carlos (Antioquia). Hoy tiene 91 años y vive con uno de los dos hijos que le quedaron vivos. Tiene un problema en sus ojos, pero no le han recetado los exámenes que necesita para hacerle la cirugía. Cada vez que pide una cita debe ir a Río Negro, a dos horas y media de su casa, y muchas veces se la asignan para otros días. “Recuperé mis tierras y hasta parte del ganado que tenía antes de la matanza de 2003. Ahora vivo como una reina, pero con la salud siempre es una lucha”.

La educación – secundaria, técnica y universitaria- también es un punto importante en las sentencias de restitución pero que no se cumple por la misma debilidad histórica del sistema. Es más, muchas mamás luchan con sus alcaldías municipales para que las rutas escolares lleven a los niños que viven en zona rural a la escuela para que al menos terminen hasta quinto de primaria. Por eso, hablar de una educación continuada para adultas y jóvenes es todo un reto. Las brechas, opina Oneida, se pueden cerrar con la ayuda de la tecnología. “Nosotros no pedimos que nos regalen todo. Si nos hacen facilidades pago podríamos comprar computadores para estudiar en casa, nosotras podríamos avanzar en los temas mientras cuidamos a los animales, a los niños y a la casa”.

La tecnología, creen las mujeres, también las puede liberar de muchas tareas domésticas. Las mujeres del Tablón de Gómez, por ejemplo, formularon un proyecto para conseguir lavadoras. Y Todas piden que a las casas que les entrega el Banco Agrario, el mismo Gobierno les ponga electricidad, agua, sistema de alcantarillado y, ojalá, internet.

Solucionar estos problemas ayudaría a que más jóvenes vean el campo como una fuente de bienestar y decidan quedarse. Así lo opina Odilia Sánchez que luego de 61 años de vida, cinco hijos y un desplazamiento forzado sabe lo duro que es sacar a una familia numerosa adelante. Ella explica que las mujeres campesinas se esfuerzan mucho para que los hijos tengan una carrera profesional pero luego el cartón les sirve solo “pa´ colgarlo en la cocina”.  Parte del problema son las pocas ganancias que deja la agricultura familiar. Ella, como parte de su restitución, recibió una huerta de tomates. “Lo que sí no me gusta es que nos toca vender el tomate muy barato. Me gustaría que hubiera una entidad que nos ayudara a sacarlo a la ciudad y así no perder tanto. Porque uno es el que se jode la espalda trabajando para ganar tan poco”.