Desde las 4:00 a. m. de este martes, las vías que comunican a Cúcuta y Ocaña a la Costa Atlántica y la que lleva hacia Tibú, en el departamento de Norte de Santander, están bloqueadas por organizaciones de campesinos de organizaciones de izquierda que manifestaron su unión al paro que se está realizando en todo el país desde el pasado 28 de abril. Son vías por donde se transporta principalmente la carga pesada hacia la Ruta del Sol y Barranquilla, en el caso de Ocaña, y por Tibú se movilizan las cargas de los campos de petróleo y aceite de la zona.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la organización Marcha Patriótica y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) lanzaron su voz de rechazo en contra del gobierno de Iván Duque por reformas como la pensional, a la salud, al trabajo y por la reestructuración de la reforma tributaria. También protestan por el reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato sobre cultivos de coca, el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como de excombatientes y por la precaria implementación del Acuerdo de Paz.
Al igual que a nivel nacional, estas organizaciones protestarán de manera indefinida en la región del Catatumbo. En las vías ya se encuentran entre 350 y 400 personas y esperan que en los próximos días se sumen más organizaciones. De acuerdo con Jhunior Maldonado, miembro de Ascamcat, ya han hablado con gremios como los arroceros de Zulia y taxistas y camioneros de Cúcuta.
“Nuestra idea no es afectar a las comunidades sino a los grandes empresarios y gremios del país hasta que el gobierno habilite un diálogo con nosotros. Si bien ha habido voluntad de las autoridades locales, creemos que esta voluntad tiene que venir del Gobierno Nacional”, manifestó.
Durante el bloqueo habilitaron canales humanitarios con la Defensoría del Pueblo y la Guardia Campesina del Catatumbo para el paso de ambulancias y el abastecimiento de municipios cercanos. A través de un comunicado, las organizaciones le pidieron a la comunidad internacional y al Ministerio Público que garanticen el ejercicio de la protesta y a soldados y policías les solicitan que “no apunten sus armas contra su propio pueblo”. También respaldaron a quienes se movilizan en Cali, Pereira, Medellín y Bogotá.
Hasta el momento la movilización se ha desarrollado en calma. Otras organizaciones, como la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), también están haciendo manifestaciones en Cúcuta y otros municipios aledaños desde el 28 de abril bajo el mismo llamado a que se cumpla con el Acuerdo de Paz y no continúen con la erradicación forzada de cultivos de coca.
El reinicio de la fumigación con glifosato
Quizá la razón más fuerte que tienen en los 11 municipios del Catatumbo para sumarse a la movilización nacional es el rechazo al inminente regreso de la aspersión aérea con glifosato contra los cultivos de coca. Se trata justamente de la región con mayor número de hectáreas sembradas en todo el país: alrededor de 41.000, según las mediciones de 2019. De hecho, Tibú es el municipio con más coca en el país, con alrededor de 20.000 hectáreas sembradas.
El temor por el regreso del glifosato se recrudeció luego de que el pasado 12 de abril el Gobierno Nacional emitió el decreto 380 con el cual se reglamentó el programa de aspersión. Con esa norma, según el Gobierno, se responde a las condiciones impuestas por la Corte Constitucional en 2017 para poder fumigar. Pero, además, dos días después la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental de la Policía para el programa de fumigación. Con eso, más el aval del Ministerio de Salud a ese programa, ya estarían sobre la mesa los prerrequisitos para que sesione el Consejo Nacional de Estupefacientes, instancia en la que se toma la decisión final y donde el Gobierno tiene la mayoría de los 9 asientos.
Esta movilización campesina es para que se respete lo pactado en el Acuerdo de Paz, que creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que en el Catatumbo alcanzó a inscribir familias en dos municipios. Uno, Tibú, donde se inscribieron casi 2.700 familias, y dos, Sardinata, donde están inscritas 302.
Con la amenaza del regreso del glifosato se han aumentado en los últimos meses los operativos de erradicación manual y fumigación terrestre de los cultivos, aún en zonas que están vinculadas al PNIS, según han denunciado las organizaciones. Por ejemplo, a finales de enero varios alcaldes de la región, como sucedió en Hacarí, fueron notificados de que en febrero iniciarían en sus municipios los operativos de fumigación terrestre con glifosato a sus cultivos.
Esos operativos de erradicación forzada en 2020 en el Catatumbo causaron confrontaciones entre campesinos y Fuerza Pública que terminaron en muertos: en marzo, el campesino Alejandro Carvajal murió por un disparo del Ejército en medio de un asentamiento campesino para defender los cultivos en Sardinata y en mayo murió el campesino Digno Emérito Buendía en zona rural de Cúcuta, también por un disparo de un militar.
De acuerdo con Jorge Mantilla, investigador en temas de conflicto y seguridad y miembro de Border Lab, Catatumbo está atravesando por una crisis humanitaria por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL y la presencia de disidencias de las Farc o bandas criminales que operan en la frontera con Venezuela.
Para Mantilla, el aumento de los homicidios, el reclutamiento forzado y las masacres, entre otros delitos, tiene que ver, entre otras razones, con las economías ilegales como la coca y la respuesta que las comunidades están obteniendo por parte del Gobierno. Sumado a esto, asegura, la crisis económica nacional también se ha sentido en Norte de Santander con el aumento del desempleo, el trabajo informal y la pobreza.