Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Más allá del ruido mediático y la tensión que ha generado entre el Gobierno y la Fiscalía, la captura de Geovanny Andrés Rojas (Araña), uno de los jefes del grupo ilegal Comandos de Frontera, tiene implicaciones hondas en el futuro de los diálogos de paz en Colombia.
El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó la detención como una “trampa al proceso de paz”, dado que Araña tenía suspendidas sus órdenes de captura para participar en la negociación como delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que reúne a varios grupos disidentes de las FARC con presencia en el sur del país y que hasta hace poco pertenecían a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
La captura ha generado pronunciamientos incluso de grupos que se podrían considerar enemigos de los Comandos de Frontera, como el Clan del Golfo y Comuneros del Sur, que pusieron en tela de juicio la seguridad jurídica y las garantías que el Gobierno Petro ofrece para los diálogos de paz.
Sin embargo, la Fiscalía ha defendido la detención argumentando que actuó “en cumplimiento de compromisos internacionales”, pues la suspensión de órdenes de captura de Araña “no cobija circulares rojas de Interpol como la que se ejecutó”, que tiene fines de extradición.
Lea: “Están haciendo una trampa al proceso de paz”: Otty Patiño tras captura de ‘Araña’
Le contamos qué se sabe hasta el momento y cómo puede afectar los tableros de negociación de la paz total.
¿Quién es Araña?
Geovanny Andrés Rojas es uno de los jefes de los Comandos de Frontera, una organización que opera en Putumayo y Caquetá y está conformada por disidentes de las FARC y exmiembros de grupos criminales.
Rojas (conocido como Araña) está en el radar de las autoridades desde 2008, cuando lo identificaron como integrante de la banda Los Rastrojos. Dos años después apareció en los registros judiciales como integrante de la otrora guerrilla de las FARC.
Su nombre volvió a sonar en marzo de 2023, cuando le pidió pista al Gobierno del presidente Gustavo Petro para entrar a la apuesta de paz total. Eso se materializó en una resolución del 12 de abril de 2024, en la que la Fiscalía les levantó la orden de captura a nueve integrantes de la entonces Segunda Marquetalia, entre ellos Araña.
Lea: Entrevista con los Comandos de la Frontera: “Pedimos amnistía, perdón y olvido”.
¿Por qué lo capturaron?
Pese a contar con esa medida, Rojas fue detenido por el CTI de la Fiscalía al cierre de una rueda de prensa convocada por las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para hablar del tercer ciclo de diálogos de paz.
Su captura fue sorpresiva: los agentes del CTI llegaron hasta un hotel donde se llevaba a cabo el evento e hicieron efectiva la orden de captura, aclarando que se daba bajo una circular roja de Interpol con fines de extradición por un presunto envío “reciente” de drogas hacia Estados Unidos.
La solicitud la hizo el Distrito Sur de California, por hechos cometidos entre el 11 de enero de 2017 y el 11 de febrero de 2025.
Tras la detención, la delegación del Gobierno, el comisionado Otty Patiño, así como representantes de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, acudieron al lugar con el objetivo de mediar en la situación. No obstante, Araña fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación.
Desde la mañana de este jueves, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en el proceso con la Coordinadora Simón Bolívar, llegó a la sede del ente acusador para buscar salidas a esta situación. No obstante, hasta el momento no se conocen noticias al respecto. De hecho, Novoa no respondió a las preguntas de los medios de comunicación en las instalaciones del búnker.
¿Por qué esto impacta en toda la apuesta de paz total?
En cualquier proceso de paz o acercamiento exploratorio, la seguridad jurídica es un elemento central de la construcción de confianza entre las partes.
Medidas como la suspensión de órdenes de captura para los negociadores pertenecientes a grupos armados ilegales buscan, justamente, que estas personas puedan participar de los espacios de conversación sin la persecución de las autoridades.
El jefe disidente Walter Mendoza, líder de la Coordinadora Nacional Simón Bolívar, aseguró: “Esto es un impacto gravísimo, porque el Gobierno tiene varias mesas con diferentes organizaciones armadas y esto es un campanazo de alerta”.
Además: El drama de un país que ve morir a sus niños en la guerra: 2025 arrancó con 9 casos
Tanto Mendoza como los demás integrantes de la delegación de la Coordinadora que están en el radar de las autoridades abandonaron Bogotá tras la captura de Araña. Según conoció Colombia+20, lo mismo ocurrió con miembros del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y Comuneros del Sur, que también tenían algunos delegados adelantando reuniones en la capital del país.
El revuelo generado por la captura de Araña llevó a otros grupos ilegales a pronunciarse.
“La delegación de la CNEB, que estaba en Bogotá en el tercer ciclo, ya abandonó la capital, por temas de seguridad, en estos momentos se encuentran camino hacia Nariño y Putumayo. Si no hay seguridad jurídica para los procesos de paz, seguiremos en las mismas”, afirmó , a través de su cuenta en X el grupo Comuneros del Sur, frente de Nariño que se separó del ELN para iniciar un diálogo independiente con el Ejecutivo.
También se pronunció el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (o Clan del Golfo). “Independiente de que grupo haga parte Araña, lo que le hicieron fue una encerrona. Ningún grupo armado ilegal después de esto va a querer sentarse con el gobierno. Mal mensaje”, aseguró el grupo la misma red social.
Los reveses de la paz total por las órdenes de captura
En todos los tableros de diálogo el Gobierno Nacional, la suspensión de órdenes de captura ha sido un asunto central, tanto en los avances como en las crisis. Aunque el Ejecutivo ha hecho las gestiones ante la Fiscalía para evitar que casos como el de Araña se materialicen, se han presentado dificultades.
No hay que olvidar que una de las razones por las que no despegaron los diálogos con la Segunda Marquetalia fue la negativa del Gobierno a solicitar el levantamiento de la orden de captura de Iván Márquez.
Puede leer: ¿Levantar orden de captura a Iván Márquez? La tensión de Gobierno con disidencia
En julio de 2024 se dio un caso que levantó controversia en el país, cuando un retén militar detuvo una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las que se movilizaban varios miembros del EMBF, incluido su jefe, ‘Calarcá Córdoba’.
Aunque los miembros de la delegación podían transportarse en esas camionetas —en virtud del proceso de paz—, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos estaban varios disidentes que tenían órdenes de captura vigentes, como Firu, Érika Castro y Ramiro.
En contexto: Polémica por uso de camionetas de UNP por disidentes de FARC con orden de captura
En su momento, Andrey Avendaño, negociador de esa disidencia, aseguró que esos “inconvenientes jurídicos” fueron “producto de la falta de voluntad política del Gobierno”, ya que desde hacía más de dos meses habían la solicitud del levantamiento de órdenes de captura”.
En otros casos, debido a avances en las mesas de diálogo, el Ejecutivo a accedido a esas peticiones. Así ocurrió con Gabriel Yepes Mejía (HH) y otros 10 miembros de Comuneros del Sur, el frente de Nariño que se separó del ELN, a quienes en noviembre de 2024 les suspendieron las órdenes de captura y extradición por seis meses.
Por ahora, no hay certeza de cuál será el futuro de Araña ni de los efectos que pueda tener este impase en el proceso de paz con la Coordinadora Simón Bolívar. Lo único claro es que aún hay mucho por trabajar frente a la articulación de las instituciones del Estado alrededor de las apuestas de solución negociada al conflicto, que tienen la cuenta regresiva en contra para mostrarle resultados a un país que sigue en alerta por el aumento de la violencia.