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Este sábado, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lanzó un plan que denominó de “seguridad campesina” para Catatumbo.
El plan está sustentado en cinco líneas de intervención que incluyen formalización de predios, un sistema de fincas para fortalecer la producción, zonas de reserva campesina y formalización de tierras para el resguardo indígena Motilón Barí.
El primer componente sobre seguridad y tenencia de la tierra quiere identificar núcleos de formalización, estructuras equipos en campo y propone un componente único para la formalización de la tierras. La meta, dice el comunicado de la ANT, es hacerlo sobre 1.500 parcelas.
El segundo punto denominado “fincas para la paz” quiere crear un sistema de predios que “fortalezcan el tejido productivo” de Catatumbo. De acuerdo con la ANT, funcionarán como “albergues humanitarios” en momentos de confrontación.
Y agrega: “Acompañamiento nacional e internacional como espacios vitales para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
El tercer punto serán las zonas de reserva campesina que cobija a unas 59 mil hectáreas de 61 veredas de los municipios de Hacarí, Abrego, Bucarasica y La Playa de Belén.
Según la ANT se busca un plan de desarrollo sostenible con economía campesina solidaria, resolver la situación jurídica de la tenencia de la tierra en esas Zonas de Reserva Campesina, hacer efectiva la protección para el campesinado como sujetos especiales de protección constitucional y promover la soberanía alimentaria en el Catatumbo.
Además, se quieren resolver algunos vacíos de la ley 160 (sobre el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino). Entre ellas está la compra de Caño Indio, el espacio territorial donde actualmente viven firmantes del Acuerdo de Paz, que actualmente está frenada.
El último punto tiene que ver con la formalización de tierras para el resguardo indígena Motilón Barí.
El plan se presenta tras la expedición del Gobierno Petro de al menos diez decretos -amparados bajo la declaración de estado de conmoción interior-, algunos de los cuales están enfocados en el agro.
Las primeras medidas de la administración Petro pretenden aliviar la situación de los productores de la región en términos de asistencia de créditos y alivios frente a obligaciones financieras contraídas para la producción de bienes agrícolas.
Los decretos, sin embargo, han generado polémica, pues uno de ellos vuelve a poner sobre la mesa el tema de la expropiación administrativa. Más allá del ruido alrededor de la palabra, hay razones detrás de estas medidas.
Unidad de Restitución lanza plan para ayudar a desplazados de Catatumbo
Este plan se complementa con otra idea que anunció el viernes la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que instalará un punto de atención permanente en el estadio General Santander de Cúcuta para atender a las personas desplazadas por la guerra en Catatumbo que quieren proteger los predios que debieron abandonar.
En la #URT, nos articulamos con otras entidades adscritas al @MinAgricultura 🤝para acompañar a las comunidades del #Catatumbo. Con el Decreto 108 de 2025, protegemos los predios de las familias desplazadas y salvaguardamos sus derechos🌱 ¡Estamos con la paz y la justicia social! https://t.co/cDi08aF5Hp
— Unidad de Restitución de Tierras (@URestitucion) January 31, 2025
Esto es parte de una alianza que hizo con el Ministerio de Agricultura con base en el Decreto 108 de 2025, uno de los diez que esta semana publicó el gobierno Petro, amparado en el estado de conmoción interior, para superar la crisis.
La idea, dice la URT, es proteger los predios, garantizar el derecho a la propiedad y mitigar los efectos de la violencia.
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