La resolución que suspendió las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo —entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo comandante de ese grupo armado— abre una nueva fase del proceso de diálogo entre el Gobierno y la que es considerada la mayor estructura criminal de Colombia que, de acuerdo con el documento, empezará su ingreso en poco más de un mes a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Aunque con otros grupos armados se han anunciado medidas similares —de hecho, hay acuerdos de Zonas de Ubicación con la disidencia de Calarcá y la de Mendoza, y con Comuneros del Sur—, este es el primer intento concreto del Gobierno de materializar un mecanismo que apenas está delineado en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total.
Las tres ZUT para Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fueron acordadas durante el segundo ciclo de conversaciones realizado en Catar en diciembre pasado y están en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, en Córdoba.
Según fuentes cercanas a ese proceso, aunque aún no se ha establecido a dónde llegarán esas 29 personas —entre las que se encuentra además todo el Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo—, lo más probable es que sea en Tierralta, donde se había estado adelantando su proyección y construcción hasta que ocurrió la pasada temporada de lluvias que inundó gran parte del departamento. La otra razón para descartar que sea en Chocó es que —como lo ha constatado este diario— hay más reservas y rechazos de poblaciones de esos territorios.
La apuesta, además, tiene un fuerte componente político —y, por qué no, electoral— y demuestra que el presidente Gustavo Petro está decidido a dejar algo sentado de su ambiciosa Política de Paz Total y, de paso, una “herencia” institucional para quien llegue a la Casa de Nariño en 2026.
Esto porque la resolución que se conoció el viernes fija el próximo 25 de junio —apenas cuatro días después de la segunda vuelta y cuando ya se conocerá el nombre de la persona que asuma la Presidencia— como la fecha para el ingreso de los integrantes del Clan del Golfo a las ZUT. Además, la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025 —la que creó esas zonas dentro del proceso con ese grupo armado— establece que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir, más allá del actual mandato presidencial.
“El Gobierno busca transmitir un mensaje sobre la solidez de la negociación, pero no hay que dejar de reflexionar sobre si realmente existen las capacidades institucionales para materializar estos compromisos, y si el grupo armado realmente tiene incentivos para dar este paso”, explicó a este diario Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Órdenes de captura, extradición y Estados Unidos
Desde hace varias semanas el Gobierno y el Clan del Golfo venían diseñando el documento que establece varios puntos claves. El primero es que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), Otty Patiño, quien firma la resolución, reconoce “de buena fe” un listado entregado por el Clan del Golfo con los nombres de las 29 personas que participarán en la “fase preparatoria” de las ZUT.
Según la resolución, esas personas tendrán autorizaciones restringidas de movilidad exclusivamente para actividades relacionadas con la preparación de las zonas. El delegado del Gobierno en este proceso, Álvaro Jiménez, señaló a Colombia+20 que “esas personas van a participar de la preparación de ese procedimiento” y que habrá tareas “de orden operativo interno del grupo y logístico por parte del Gobierno”.
“Son distintas tareas, pero todas tienen como punto de referencia la construcción de la Zona de Ubicación”, añadió.
Jiménez también aseguró que los procedimientos para poner en marcha las ZUT ya se están trabajando con el Ministerio de Defensa. Según explicó, dentro de ese proceso participa el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), una instancia creada tras el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC e integrada por distintas fuerzas militares.
La resolución también establece la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición. Ese es uno de los puntos más sensibles políticamente, pues Chiquito Malo es considerado por Estados Unidos como un objetivo de alto valor dentro de las estructuras del narcotráfico y del terrorismo.
Sobre ese punto, Jiménez defendió que la medida está sustentada directamente en la Ley 2272. “La norma indica que se aplica de ‘iure’ la suspensión de ejecución de las órdenes de captura”, afirmó.
La investigadora de la FIP señaló que “es extraña” la inclusión de Chiquito Malo y que hacer aún más difícil la realización de las ZUT.
“Aunque es algo que puede leerse como un gesto de voluntad del grupo, realmente hace mucho más difícil la concreción de esta ZUT, y para el Gobierno será un reto gestionar la fricción que esto causará con el gobierno de Estados Unidos. En general, la inclusión de los miembros del Estado Mayor Conjunto del Clan genera muchas sospechas, pues estaríamos hablando de la concentración de los principales jefes, cuya situación jurídica es la más compleja, en un escenario donde no saben qué beneficios jurídicos podrán obtener”, explicó.
Ese último punto es importante si se tiene en cuenta que aún no hay una ley de sometimiento a la justicia que ayude a definir los alcances, beneficios y compromisos de este y otros grupos armados. Y a cerca de un mes de que se acabe esta legislatura es poco probable que el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia se apruebe.
“Dar este paso falta requiere la definición de muchos aspectos para garantizar que la concentración efectivamente suceda, y por ahora no están todas las condiciones. La ausencia más importante es la ley de sometimiento colectivo a la justicia, que dará claridad sobre cuál será el tratamiento o beneficios jurídicos que recibirán los miembros del Clan. Mientras no exista este instrumento es difícil concluir que el Clan tiene motivos razonables para trasladarse a una ZUT, pues no saben qué será de su situación jurídica y no se arriesgarán a estar allí de forma indefinida”, indicó Tobo.
Y agregó que, aunque la Corte Constitucional en su revisión de la Ley de Paz Total dio el visto bueno para que se puedan acordar zonas de ubicación temporal, lo delimitó a tres cosas. “Que este proceso respete la separación de poderes, que ocurra en un momento avanzado de la negociación (en el cual no estamos dado que no hay acuerdo sobre el proceso jurídico detrás del desmantelamiento de la organización), y que una ley de sometimiento defina los alcances y finalidades de la ZUT.”
La investigadora también advirtió que es “necesario definir qué protección especial se le brindará a la Zona y a la comunidad aledaña, así como la logística y la definición de responsables del funcionamiento de la ZUT”. “No se trata únicamente de ubicar al grupo en una zona, hay un trasfondo logístico y legal que toma tiempo y capacidades, algo que en la Paz Total hoy es escaso”, dijo.
La resolución no especifica todavía cómo será el tránsito hacia las ZUT ni cuáles serán exactamente los protocolos de seguridad. Sin embargo, una comunicación conjunta previa entre las delegaciones señaló que el primer ingreso sería de cerca de 400 hombres de los 3.328 integrantes armados que, según cifras de la FIP, tendría actualmente el Clan del Golfo. En total, ese grupo tiene 9.810 hombres, si se cuentan las 6.512 personas vinculadas a redes de apoyo.
Con todo y esta resolución, el verdadero desafío apenas comienza. La puesta en marcha de las ZUT implicará coordinar seguridad, logística, verificación y garantías jurídicas en medio de un conflicto que sigue activo y de un escenario político y electoral incierto. El Gobierno quiere convertir estas zonas en una pieza irreversible de su política de paz. La pregunta es si tendrá tiempo —y capacidad— para lograrlo.
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