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Como muestra de voluntad de paz, las estructuras que están sentadas en el espacio de diálogo sociojurídico con el Gobierno: Locos Yam, RPS y Los Mexicanos, junto con las otras dos bandas que por ahora están en acercamientos con la mesa de conversación: Zetas y Revolución Cabí, decidieron el 31 de enero, cuando se vencía ese cese al fuego, extender la medida por dos meses más en busca de reducir la violencia en la región.
La decisión se tomó, entre otras razones, tras un balance que hizo esa mesa de diálogo y que conoció Colombia+20. El documento evalúa los resultados del alto al fuego, además de hacer un repaso por los principales avances y dificultades en un año desde que se instaló la mesa, el 18 de agosto de 2023.
De acuerdo con el balance, el alto al fuego empezó como una medida que se pactaba bajo varios compromisos, como la eliminación de agresiones mutuas que permitieran disminuir los índices de violencia en la ciudad y que al mismo tiempo le diera tranquilidad a la comunidad. Tras el primer mes del cese multilateral (pues ya se llevaban al menos 10 meses del alto fuego entre Locos Yam, RPS y Los Mexicanos), la delegación en el espacio de conversación pudo constatar que no hay enfrentamientos entre las bandas criminales.
Ese pacto de no agresión entre las cinco bandas criminales ha tenido coletazos en los barrios, donde las comunidades han sentido un cambio en las dinámicas de violencia, como la reducción de confrontaciones y asesinatos, y la disminución del hurto y la extorsión.
“El cese al fuego ha servido muchísimo en los barrios. Primero había una guerra interna entre las bandas por el dominio y había fronteras invisibles, pero eso ha bajado por el cese. Hay tranquilidad, no están robando en los barrios, no están extorsionando a gran escala tampoco. Los muchachos están prestos con el proceso de paz, lo único que dicen es que quieren estar tranquilos”, comentó a este diario un líder social que por seguridad no menciona su nombre.
Esa nueva dinámica se ha reflejado en cifras importantes como la reducción de la tasa de homicidios, pasando de 53 muertes violentas entre julio, agosto y septiembre a 23 homicidios para el último trimestre del año, lo que se traduce en una reducción del 56 % en la tasa de homicidios en Quibdó.
Solo en diciembre se registraron tres asesinatos, lo que permitió un cierre de año más tranquilo en los últimos seis años, lo que se podría explicar con el inicio de la tregua entre las cinco estructuras el 13 de diciembre. “Hoy no se están atacando de ninguna manera. Si no estuviesen en la tregua estos cinco grupos tendríamos entre cuatro o cinco frentes de guerra”, explicó Luis Gregorio Moreno, asesor del Gobierno en el espacio de diálogo.
Quibdó ha sido un territorio estratégico debido a su cercanía con el río Atrato, que lo convierte en una ruta de tráfico con salida al mar e intensifica la disputa por el control de las economías ilícitas.
La arremetida del Clan del Golfo
Pero, pese a esa disminución de los últimos tres meses, el balance de todo 2024 no fue bueno: el año cerró con 34 homicidios más que en 2023. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, durante todo el año pasado se registraron 138 muertes violentas, mientras que en 2023 se reportaron 104, lo que significa un aumento del 32,6 %.
Para analistas y líderes sociales cercanos al proceso de paz urbana en ese territorio, aún con la evidencia de voluntad de paz de las bandas, un factor importante repercutió en el aumento de asesinatos en el territorio: la arremetida que ha venido ejerciendo el Clan del Golfo. “Por eso tenemos estructuras pidiéndole que haga un cese al fuego por la comunidad, para que se acabe la violencia en Quibdó. Los que mueren son miembros de Los Mexicanos o del Clan del Golfo que se enfrentan en los barrios claves de Quibdó”, apuntó Moreno.
En una reciente entrevista con este diario, el obispo de Quibdó, monseñor Wiston Mosquera, también advirtió sobre la situación. “Sabemos que si ellos (AGC) están empeñados en entrar lo van a hacer a sangre y fuego, cueste lo que cueste”, señaló el obispo.
El consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, afirmó hace meses que ese grupo armado tenía intenciones de tomarse Quibdó. A eso se sumaron las denuncias sobre un plan feminicida que tendría el Clan del Golfo en Chocó. Colombia+20 publicó un extenso reportaje sobre la alarma que hay por 27 mujeres amenazadas por ese grupo por ser madres, amigas o pareja de personas presuntamente relacionadas con las bandas criminales.
En contexto: La lista de 27 mujeres amenazadas por el Clan del Golfo
Hasta ahora, a pesar de los avances en el espacio de diálogo, la violencia contra la mujer continúa latente. “Todavía sentimos que las mujeres somos vulnerables. No podemos decir que ha disminuido, a pesar de que se generen programas para eso. Necesitamos que nos apoyen con proyectos y que las muchachas no tengan que estar pendientes de estar con los de las bandas, de campaneras y esas cosas”, apuntó una lideresa.
El poder sobre los barrios
En el comunicado donde anuncian la prórroga, las bandas denunciaron las acciones violentas que ha realizado el Clan del Golfo y aseguraron que este grupo armado no tiene voluntad de construir paz en la capital chocoana. “Insisten en aumentar las muertes y no atienden nuestra invitación de sentarnos a acabar con esta guerra absurda”, apuntan.
“Si en esos puntos tuviéramos presencia constante de la Policía, evitaríamos los enfrentamientos de un barrio a otro, pero la Policía dice que no tiene la cantidad de hombres suficientes para un cordón de seguridad entre los barrios. La presencia policial sería una medida disuasiva”
Luis Gregorio Moreno, asesor del Gobierno en esos diálogos
La situación ha creado un ambiente de inseguridad porque las bandas, a su vez, responden a la avanzada del Clan. “El problema es que el Clan del Golfo se quiere tomar Quibdó (...) y está atacando a las cinco estructuras por todos los puntos posibles”, aclaró Moreno. La avanzada violenta se enmarca, entre otras razones, en que Quibdó ha sido un territorio estratégico debido a su cercanía con el río Atrato, que lo convierte en una ruta de tráfico con salida al mar e intensifica la disputa por el control de las economías ilícitas y las rutas asociadas.
“La dificultad es que tanto los Zetas como Cabí, Mexicanos, Locos Yam y RPS están en barrios estratégicos cercanos al río. Al Clan del Golfo, en su estrategia de expansión, le interesa tener acceso a esos barrios para armar sus oficinas de funcionamiento allí y poder moverse libremente al río”, agregó el asesor Moreno.
Esas dinámicas tienen lugar, por ejemplo, en barrios como San Vicente, El Reposo, Cabí y Horizonte, que son territorios con ventajas estratégicas por su conexión con el río y las rutas por tierra que conectan con Pereira. Para algunas fuentes cercanas al proceso en Chocó, el riesgo consiste en que si el Clan del Golfo se toma esos puntos podría acordonar toda la periferia de la ciudad.
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A eso se le suma otras condiciones del territorio como el aumento de enfrentamientos en puntos claves a raíz de las conexiones entre barrios donde ya hay bandas criminales, lo que se convierte en un foco de violencia. Esto se evidencia en el barrio Samper (con presencia del Clan), que tiene conexión con Buenos Aires (controlada por la banda Locos Yam). Otro ejemplo sobre enfrentamientos es lo que ocurre en el barrio San Vicente, donde tanto Mexicanos como Clan del Golfo tienen presencia.
“Hicimos un cotejo con la comunidad y voceros para seleccionar los puntos más complicados. Si en esos puntos tuviéramos presencia constante de la Policía evitaríamos los enfrentamientos de un barrio a otro, pero la Policía dice que no tiene la cantidad de hombres suficientes para un cordón de seguridad entre los barrios. La presencia policial sería una medida disuasiva”, explicó Moreno, quien agregó que el Clan del Golfo aumentó su poder bélico en la ciudad desde que las bandas se sentaron en el espacio de diálogo.
La extorsión, el otro pendiente
A todo esto se le suma el fenómeno de la extorsión, una de las principales rentas ilegales de las bandas criminales en el territorio. En una reciente entrevista con el congresista David Racero, coordinador del espacio de diálogo designado por el Gobierno, le explicó a Colombia+20 que las bandas habrían reactivado ese delito en ese ejercicio de enfrentarse al Clan del Golfo: “Aunque ya habíamos hecho un acuerdo con esas estructuras, el Clan del Golfo empezó a tener una avanzada, lo que ha generado una reacción de esas estructuras que están sentadas en el espacio. La justificación de ellos es decir que apelan a prácticas como la extorsión y el robo para poder asumir la guerra contra el Clan del Golfo”.
En contexto: “Exploramos acuerdos mínimos entre bandas criminales y Clan del Golfo”: David Racero
Si bien en la mesa ya se habían pactado algunos acuerdos para dejar de extorsionar a sectores de la sociedad como profesores, personal de la salud, obras comunitarias, mejoras de viviendas e incluso acarreos, las cifras oficiales revelan que durante 2024 la dinámica aumentó. El año pasado cerró con 327 casos, mientras que en 2023 se reportaron 301 casos.
Información de la Policía registró un pico en julio con 52 casos (puede haber subregistro), aunque el reporte disminuye considerablemente tras el compromiso de las bandas. En diciembre solo se presentaron dos casos. “Creo que la extorsión ha bajado bastante con esas expresiones en los barrios. Sabemos que no van a soltar la extorsión completamente, pero sí lo han hecho en los barrios, que es la parte más vulnerable”, le dijo un líder social a este diario.
Los pedidos de las comunidades
Más allá de que exista un diálogo vigente entre las cinco bandas criminales del territorio, las comunidades todavía temen quedar en medio de los enfrentamientos. “Acá en nuestro barrio el problema es que las personas no están habitando las casas. Algunos han arrendado en otros sectores por el miedo de los disparos que escucharon en los enfrentamientos. Estamos dialogando para ver si retornan a sus casas, pero igual siguen con miedo”, exclamó una lideresa de la zona.
Si bien desde el espacio de conversación se conoce la acción defensiva de las bandas criminales en los barrios para controlar los territorios, también se han acordado unos mínimos humanitarios. “Hay un acuerdo general y es que la mesa no tiene sentido si su objetivo principal no es la protección. Cuando hay dificultades, estas se tramitan no solo en el espacio de conversación, sino que las tramitamos a título de la Comisión de Acompañamiento de la Sociedad Civil. Ahí se verifica el tema del territorio, la presencia de grupos y si hay casos de violación a derechos humanos. Desde ahí hemos intentado construir una ruta humanitaria para proteger la vida. Ellos se están defendiendo, pero con un compromiso claro que lo han dejado consignado en las actas y es proteger a la comunidad”, explicó el asesor Moreno.
A eso se le suman los constantes llamados que la mesa de diálogo le ha hecho al Clan del Golfo para que se sume al cese al fuego. De hecho, el 13 de diciembre, las cinco bandas le pidieron a ese grupo armado que se acogiera a la tregua, pero no hubo respuesta.
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Ese también ha sido en parte el pedido de las comunidades, pues mientras las bandas llegan a acuerdos en la mesa de paz, el Clan del Golfo continúa en su avanzada.
Al tiempo, la población exige mayor presencia del Estado y de programas sociales para afianzar la paz en el territorio. “Acá en la comunidad la institucionalidad debe hacer acto de presencia. Somos los líderes los que tenemos que llegar donde ellos para ver qué soluciones buscamos. La idea es que sientan que el Gobierno va a cumplir”, aclaró una lideresa de Quibdó que además advierte la necesidad de un diálogo social permanente.
Mientras tanto, las comunidades esperan que esa especie de tranquilidad que ronda sus barrios se mantenga en el tiempo, aunque las balas todavía se escuchen a raíz de la avanzada del Clan del Golfo, que amenaza con destruir lo poco que han alcanzado.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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