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Por primera vez, un país de la península arábiga será facilitador en un acercamiento entre el Estado colombiano y un grupo armado de carácter criminal.
Catar, con una trayectoria consolidada en mediaciones internacionales y una presencia diplomática en América Latina aún en construcción, se prepara para acoger en su territorio las conversaciones exploratorias entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la organización criminal más especializada del continente, que controla por lo menos el 45 % de la salida de droga del país hacia el resto del mundo, decenas de minas de oro ilegal y extorsiones en ciudades y zonas urbanas. Además, es considerado por las autoridades el grupo armado ilegal con mayor expansión en el país.
La decisión no se entiende solo como un movimiento táctico para aislar el diálogo del ruido político y la presión militar interna que ha emprendido el gobierno de Gustavo Petro, sino también como parte de la estrategia catarí de proyectar influencia global a través de la diplomacia de mediación.
Tanto la Casa de Nariño como los delegados y negociadores del grupo armado ilegal insisten en que no existe aún una mesa de negociación formal. Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, recalca que son “conversaciones previas” y que no habrá un esquema similar al del ELN —que tuvo ciclos en Caracas y La Habana—, con reuniones periódicas en el exterior.
“Estamos conscientes de que el tiempo político que le queda al gobierno es muy escaso y si los grupos armados ilegales con los cuales se está hablando no llegan a algo más sólido, pues indudablemente no vamos a persistir en esas conversaciones”, dijo el comisionado a la W Radio.
De acuerdo con el Clan del Golfo, uno de los puntos centrales para que esa mesa se formalice es “la definición del estatus jurídico del EGC”, con el objetivo de que pase “de ser considerado una estructura de crimen de alto impacto” a ser reconocido como “un grupo armado organizado al margen de la ley”, de acuerdo con el comunicado conocido por este diario y publicado por el abogado del grupo armado, Ricardo Giraldo.
Este diario conoció que el Ministerio de Defensa envió recientemente una comunicación actualizando la calificación del Clan del Golfo y otras estructuras como grupos armados organizados (GAO). Esto ratificaría lo que se expuso en el proyecto de ley de sometimiento propuesto radicado hace un mes por el Ministerio de Justicia, en el que se proyecta una negociación política con el Clan.
Según Patiño, el motivo de llevar estos contactos fuera de Colombia se debe a la inconveniencia de tener un proceso en medio de los enfrentamientos que se libran con la fuerza pública.
“Aquí al interior del país no era conveniente para nada, porque la ofensiva que tiene el gobierno contra este grupo no va a cesar”, indicó.
La idea inicial era mantener la discreción, pero la filtración a la prensa hizo público que Catar sería el facilitador y posible sede de ese proceso. En la visión de Patiño, Doha aporta un valor doble: experiencia acumulada en conflictos complejos —de Afganistán a Palestina y la Franja de Gaza, Sudán, Líbano, Irán y Ucrania— y, para el grupo armado, la posibilidad de dialogar en un escenario internacional que, por su neutralidad y prestigio, puede aportar credibilidad al proceso y generar mayor compromiso entre las partes.
“Nos complace que un país que tiene esas características de dureza frente al tema del narcotráfico preste su sede para poder hablar con esos grupos”, añadió Patiño.
Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso con el Clan del Golfo, le explicó a Colombia+20 que fue una petición directa del presidente Gustavo Petro a Catar, lo que motivó el aterrizaje de este proceso en ese Estado del Golfo Pérsico.
“Fue una petición del presidente Petro al Gobierno catarí que parte del reconocimiento del rol que Catar ha jugado en distintos escenarios, en varios procesos. Es un estado serio que tiene unos compromisos con la mediación a nivel global y que evidentemente garantiza unas condiciones seguras y que preserven el proceso. Ese es un elemento central. Catar tiene un prestigio, tiene unos compromisos serios con la construcción de paz, que nosotros respetamos y con los cuales nos identificamos como Estado”, dijo en entrevista con este diario.
Jiménez también confirmó a Colombia+20 que tanto delegados del Gobierno, él incluido, como representantes y delegados del grupo armado han ido “varias veces” a Catar con presencia de autoridades cataríes.
Aunque el proceso con el Clan del Golfo se desarrolla en un terreno diplomático sensible, que podría tensar aún más las ya complejas relaciones entre Bogotá y Washington, Jiménez descarta un choque con la Casa Blanca y asegura que, desde el inicio de los contactos, las autoridades estadounidenses han sido informadas del curso de las conversaciones y de la participación catarí, tanto a través de sus representantes en Colombia como mediante canales oficiales del Estado.
“Con Estados Unidos, desde la oficina del consejero comisionado de Paz hemos tenido una interlocución permanente sobre los procesos que se adelantan en el país. Desde luego, eso incluye las interlocuciones que mantenemos con este grupo”, explica.
Catar, el nuevo “pacificador” mundial
La elección de Doha como sede rompe con la tradición colombiana: hasta ahora, ningún país había facilitado un proceso con un grupo armado no insurgente; es decir, un grupo sin estatus político y cuya motivación para armarse sea netamente de lucha contra el Estado. El Clan del Golfo, claramente no lo es. Esta novedad abre interrogantes sobre por qué un facilitador con amplia trayectoria en conflictos políticos y de insurgencia decide ahora involucrarse en un caso que combina crimen organizado y control territorial y cuáles podrían ser los resultados de su mediación.
Para Felipe Medina Gutiérrez, profesor de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana, los logros podrían ser ambiguos.
“Sin contar con información sobre el modelo específico de negociación en este caso, intuyo que puede haber efectos ambivalentes. Positivo que Catar como mediador no ha influido ningún tipo de ideología en la mesa que pueda afectar su imparcialidad y eso contribuyó a que algunos escenarios fueran exitosos o, al menos, se pudiese establecer un diálogo, cuya resolución depende, por supuesto, de la voluntad de las partes en la mesa. Negativo entre comillas, porque considero que las partes deben tener conocimiento y confianza en el mediador. En el escenario de Palestina, Hamás y otros grupos sí tienen confianza en Catar, pero Israel claramente no. En ese sentido, dicha última mediación junto con otros países no funcionó”, asegura Medina, quien señala que también dependerá del grado de confianza que tenga y forje el grupo armado en la mediación de Catar.
Lo que sí tiene claro Medina es que el hecho de que el diálogo aterrice en Catar se alinea con la política exterior de ese país, que está buscando proyección internacional aprovechando su neutralidad estratégica.
“Ser mediador en América Latina sin duda es extremadamente interesante para el Estado catarí”, afirma y agrega: “Entre algunos factores que pueden explicar este interés podemos encontrar uno general: el que su política exterior se basa en el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos internos o internacionales para fortalecer la paz. Tras este marco, no sería extraño pensar que Colombia, con una tradición conflictiva notoria, sea un escenario de interés para probar estos mecanismos de mediación”, explicó a este diario.
En las dos últimas décadas, Catar ha intervenido en conflictos de muy distinta naturaleza: facilitó el Acuerdo de Doha entre Estados Unidos y los talibanes en 2020, medió en crisis africanas como la de Sudán y en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás.
Estos procesos han consolidado su imagen como actor confiable para sentar a la mesa a partes enfrentadas que no confían entre sí. En el caso colombiano, el interés de Doha no se limita al terreno político, Medina ve en este paso una oportunidad para abrir inversiones y estrechar vínculos comerciales.
El contexto diplomático entre Bogotá y Doha ha cambiado en el último año. En febrero de 2025, Petro viajó a Catar y se reunió con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, firmando acuerdos en áreas de energía, comercio, educación y seguridad. Pocos días después, el Gobierno nombró a Odette Marie Yidi David embajadora en Doha, con la misión de consolidar una relación aún incipiente. Estos movimientos, sumados a la llegada de empresas cataríes y la proyección de inversiones, han creado un clima propicio para que el emirato asuma un rol más activo en temas sensibles como la paz.
“Catar llegó a Colombia hace poco, sumado a su aerolínea Qatar Airways, que también es una herramienta económica y diplomática. Aceptar ser mediador, en líneas generales, tiende a fortalecer las relaciones bilaterales nacientes entre ambos Estados y puede llegar a temas de financiamiento”, explica el profesor Medina.
Catar ya ofreció sus buenos oficios en la región, como mediador en la política venezolana: en 2023 facilitó un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos que abrió el camino al Acuerdo de Barbados y a las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que también participó como observador, y más recientemente ha promovido el diálogo entre Venezuela y Guyana para contener la disputa por el Esequibo.
Para Catar, mediar en un proceso con el Clan del Golfo es una oportunidad de proyectar su soft power hacia América Latina, reforzar su presencia en un país estratégico y diferenciarse de competidores regionales como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Para Colombia, implica tener un facilitador experimentado, capaz de ofrecer garantías de seguridad física y jurídica a los participantes y de reducir los riesgos que tendría un diálogo directo en el territorio nacional. No obstante, el reto es mayúsculo. Las órdenes de captura y solicitudes de extradición que pesan sobre los principales jefes del Clan limitan su participación directa. La exposición mediática del proceso complica las medidas de seguridad y la logística para cualquier encuentro. Además, el tiempo político del gobierno Petro es corto, y la estrategia militar contra el Clan no se detendrá.
¿Señales de disposición real al diálogo?
El Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia (como se autodenomina) surgió de la desmovilización parcial de estructuras paramilitares a mediados de la década de 2000 y, bajo el mando de Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), se consolidó como la organización armada más poderosa del país.
Su modelo combina el control de economías ilegales —narcotráfico, minería y contrabando— con una red de mandos regionales que ejerce poder territorial y social en zonas estratégicas. Tras la captura de Otoniel, en 2021, y su extradición a Estados Unidos en 2022, lejos de debilitarse, el grupo mantuvo la cohesión interna y se expandió.
Según Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo llega favorecido a esa mesa de negociación.
“El Clan llega a este nuevo acercamiento muy fortalecido militarmente, en proceso de expansión, con un aumento en hombres del 165 % frente a 2018. La correlación de fuerzas no desfavorece al grupo (…) pasaron aproximadamente de 3.600 hombres en 2018 a casi 10.000 en 2025”, con dominio en corredores claves como el Urabá antioqueño y chocoano, el sur de Córdoba y el norte de Antioquia.
Arias advierte que es muy probable que este espacio de diálogo sea usado por el grupo para mostrarse como un actor del conflicto. “El grupo va a utilizar este espacio en términos tácticos para mostrarse como un actor del conflicto y no como un grupo de crimen organizado. El Clan sabe bien que no hay un ambiente político favorable para hablar de este tipo de procesos ni para debatir marcos jurídicos que otorguen ventajas o beneficios, pero van a utilizar el espacio. Siempre la regla básica de un grupo es: ‘Si me ofrecen una mesa, allí estaré’”.
Además, señala que “es muy poco probable que haya un acuerdo que finalice con la desmovilización o el sometimiento del grupo” y que lo más realista es avanzar en “acuerdos de tipo humanitario en las zonas con incidencia y control del Clan del Golfo”.
Esa lógica coincide con lo expuesto , donde se afirma que el Ejército Gaitanista de Colombia ha sostenido “conversaciones encaminadas a consolidar una fase denominada ‘prenegociación’, cuyo propósito es establecer una ruta inicial que permita avanzar hacia un eventual proceso formal de diálogo”.
El reto para ambos será recorrer un terreno minado de intereses contrapuestos, limitaciones legales y tiempos políticos cortos. Si bien la presencia de Catar aporta prestigio, garantías y una vitrina internacional inédita para este tipo de proceso, el verdadero termómetro será la capacidad de traducir los gestos iniciales en compromisos verificables que reduzcan la violencia en los territorios controlados por del Clan. El desenlace dirá si esta incursión de Doha en la paz colombiana será recordada como un experimento diplomático más o como un punto de inflexión en la relación entre el Estado y uno de sus adversarios más persistentes.
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