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Colombia ha transitado por lo menos los últimos 40 años —aunque hay procesos de paz previos— por múltiples diálogos y negociaciones de paz con diferentes actores armados ilegales. Desde la firma de acuerdos con el M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, a finales de los años 80 y principios de los 90, hasta los procesos de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, y, más recientemente, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
Cada proceso ha tenido características políticas, sociales y territoriales distintas, pero han compartido un rasgo en común: la invisibilidad de las mujeres combatientes en los esquemas de reincorporación, aunque las cifras oficiales indican que alrededor del 20 % de quienes han pasado por procesos de desmovilización o reincorporación han sido mujeres.
En el caso de las AUC, unas 1.900 mujeres entregaron las armas en el marco del proceso con el gobierno de Álvaro Uribe, de acuerdo con cifras del Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional. En el acuerdo de las FARC-EP, unas 3.000 mujeres fueron reconocidas en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación tras la firma del Acuerdo de La Habana. Aunque en ese pacto por primera vez se incluyó de manera explícita un enfoque de género —tanto para la reincorporación como para la reparación a las víctimas—, su implementación ha sido lenta, fragmentaria e insuficiente.
A la fecha, no existía una política estructural que respondiera específicamente a las condiciones de vida y las trayectorias de reincorporación de las mujeres excombatientes de las FARC ni de aquellas que se desmovilizaron de las antiguas AUC. Esa omisión es la que intenta corregir la Ley 2487 de 2025, sancionada hace unas semanas, entre otros, por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Con esta norma, el país crea por primera vez una ruta de atención económica y social especialmente dirigida a mujeres que hicieron parte de esos dos grupos armados ilegales y que, en distintos momentos del conflicto, tomaron la decisión de dejar las armas y volver a la vida civil.
Muchas de las mujeres excombatientes —especialmente en las antiguas FARC— tuvieron roles de mando, fueron miembros activos de esos grupos armados o se desempeñaron en tareas logísticas y políticas. Sin embargo, la gran mayoría ha enfrentado dificultades y brechas para acceder a proyectos productivos, tierras propias, servicios psicosociales y oportunidades de empleo digno.
A esto se suma el hecho de que muchas han sido víctimas de violencia sexual, tanto dentro como fuera de los grupos armados.
Cifras de la implementación del Acuerdo de Paz han dado cuenta, por ejemplo, de que el liderazgo de proyectos productivos ha dejado de lado a las mujeres excombatientes de las FARC y, de hecho, se les ha sumado la carga de trabajo doméstico, las responsabilidades del cuidado, la crianza y la reconstrucción familiar en contextos marcados por el estigma y la pobreza.
Otras han desistido del proceso por sentirse desprotegidas, sin acompañamiento, sin acceso a tierra, salud ni empleo digno. Esta norma, de origen parlamentario, crea un “programa de tránsito especial, particular y diferenciado” y reconoce que estas mujeres enfrentan un conjunto de obstáculos específicos en su proceso de estabilización y requieren respuestas institucionales ajustadas a su experiencia y condición.
En un país donde la reincorporación ha sido históricamente diseñada desde una lógica masculina, técnica y centralizada, esta ley representa una propuesta por una paz feminista, plural y territorial. “Esto implica reconocer y abordar las diferencias y los desafíos específicos que enfrentan las mujeres y los hombres en el proceso de desmovilización y reincorporación, atendiendo a las distintas realidades y experiencias que cada género enfrenta”, dice la ley.
Según dice la norma, lo que se busca es “fomentar el pleno empleo, productivo, libremente elegido y el trabajo decente con vocación de permanencia con el objetivo de promover la paz, evitar la crisis y ayudar a la recuperación de las sociedades afectadas”.
Formalización laboral y certificado de empleo para la paz
La ley establece dos grandes grupos de beneficiarias. Por un lado, se dirige a las mujeres que se desmovilizaron de manera individual, especialmente aquellas que participaron en procesos anteriores como el de las AUC, y fueron certificadas por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA).
Por otro lado, cobija a las mujeres que hicieron parte de procesos colectivos de paz, como las excombatientes de las FARC-EP acogidas al Acuerdo Final de 2016, validadas por la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. Ambos grupos han compartido el hecho de haber sido parte activa del conflicto armado, pero han enfrentado condiciones particulares en su tránsito a la legalidad, lo que justifica una política diferenciada.
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Uno de los aspectos más importantes de la ley es la obligación de que el Estado diseñe e implemente esta ruta especial con un enfoque de género e interseccionalidad. Además, la ley exige tener en cuenta otras dimensiones de exclusión como la etnia, la edad, la situación socioeconómica y el territorio, reconociendo que muchas mujeres excombatientes se ubican en la intersección de múltiples desigualdades.
El diseño del programa estará a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cabeza de Alejandra Miller, que tendrá un plazo de un año para poner en marcha esta política.
En el proceso deberá basarse en los Estándares Integrados de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS) de la ONU, que establece principios para garantizar la participación activa de las mujeres en los procesos de paz. Además, la ley exige que esta política se articule con avances nacionales ya existentes, como el Conpes 931 sobre la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las FARC-EP, y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final.
Esta articulación implica que la nueva ruta no parte de cero, sino que debe recoger lecciones aprendidas, evitar duplicidades y reforzar medidas previas que han mostrado resultados positivos. También deberá ser construida de manera participativa, con la inclusión de organizaciones sociales con experiencia en reincorporación y género, y con autoridades territoriales que conocen las dinámicas locales.
La ley también introduce mecanismos de seguimiento. Uno de los artículos establece que la ARN y las entidades competentes deberán rendir cuentas anualmente ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, con el fin de evaluar los avances, desafíos y ajustes del programa.
Otro aspecto clave es el incentivo a la formalización laboral. Para ello, el Ministerio de Trabajo deberá crear el “certificado de empleo para la paz”, un reconocimiento oficial para empresas que contraten mujeres en proceso de tránsito especial, reincorporación o reintegración en una proporción igual o superior al 10 % del total de sus empleados.
La ley indica que en un plazo de seis meses el Ministerio deberá expedir los protocolos técnicos para otorgar este certificado, que podría convertirse en una herramienta efectiva para vincular al sector privado a la agenda de paz desde una perspectiva de género.
Aunque la ley no contempla asignaciones presupuestales específicas, su aprobación representa un hito jurídico y político. Eleva a rango legal la obligación de implementar políticas públicas con enfoque de género para mujeres excombatientes, rompe con el paradigma de neutralidad institucional que ha invisibilizado a esta población y da un paso hacia el cumplimiento integral del punto 3 del Acuerdo de Paz sobre una reincorporación con enfoque diferencial.
La clave de su éxito, como han advertido diversas organizaciones de mujeres en reincorporación, estará en su implementación efectiva, pues persisten las dudas sobre de dónde saldrán los recursos. El reto es enorme, pero la dirección es clara: reconocer a las mujeres que hicieron parte del conflicto y garantizar que su regreso a la vida civil no sea una nueva forma de exclusión, sino una oportunidad de justicia, reparación y dignidad.
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