Colombia violó el derecho a la vida de un sindicalista: Comité de DD.HH. de la ONU

Adolfo Múnera fue trabajador de una embotelladora de la multinacional Coca-Cola en Barranquilla desde 1983 y hacía parte de la junta directiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Agroalimentaria (Sinaltrainal). Un sindicato que fue profundamente victimizado en el conflicto armado. Según sus cifras, “hasta el año 2004, nueve sindicalistas de Sinaltrainal empleados de la empresa multinacional habían sido asesinados, cuatro de ellos como represalias a las exigencias sindicales; 38 trabajadores debieron huir de sus ciudades; y 67 fueron víctimas de amenazas de muerte”. Múnera, además, tuvo contra él un proceso judicial, pues fue señalado de pertenecer al ELN en 1997. Esta investigación fue cerrada dos años después por falta de pruebas. "No encontraron nada, pero nos trataron como guerrilleros", dice Gladys Rincón, quien era la esposa de Múnera. Sin embargo, a partir de ahí hubo seguimientos e intimidaciones hasta el punto en que tuvo que salir de la ciudad varias veces. El 31 de agosto de 2002 fue asesinado saliendo de la casa de su madre.

A pesar de que la familia y sus abogados lograron que se encontrara y se condenara al sicario que le disparó a 17 años de prisión en 2005, ni en la justicia ordinaria ni en los tribunales de Justicia y Paz lograron que se indagara por el autor intelectual del crimen. Este fue el punto que evaluó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia a la que llevaron el crimen y que este miércoles declaró que el Estado colombiano incumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no “llevar a cabo una investigación pronta exhaustiva y eficaz, así como imparcial, independiente y transparente sobre las circunstancias del homicidio del Sr. Múnera López con el objetivo del establecimiento de la verdad”, que era su deber, dice el dictamen del 19 de mayo de 2020.

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Además, el Comité señaló que es obligación de Colombia “proporcionar a los autores familiares del Sr. Múnera López información detallada sobre los resultados de esa investigación; proporcionar una indemnización adecuada a los autores familiares del Sr. Múnera López, incluyendo para cubrir los gastos legales razonablemente contraídos. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.

Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos y uno de los abogados que llevó este caso, dice que esta decisión “termina siendo una especie de llamado al Estado colombiano para que en casos similares la justicia no se quede solamente en los autores materiales, sino que tenga que investigar sobre los autores intelectuales. Lo que puede suponer que, para los casos actuales, como el asesinato de líderes sociales en los que han identificado a los autores materiales, si el Estado no cumple con la obligación de garantizar un esclarecimiento real de los crímenes, donde se estudie el contexto, quiénes son los que están detrás, volverá a ser “condenado” y tendrá que reparar a las víctimas, abrir investigaciones y dar cuenta de esas investigaciones ante el Comité”.

Se refiere a que otra de las disposiciones de esta determinación es que Colombia, en un plazo de 180 días, debe enviar al Comité “información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen”, es decir, para esclarecer el crimen.

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La familia de Múnera ve esta decisión como un avance. “Nosotros como familia lo recibimos con agrado porque de una u otra manera reconoce que no se tomaron todas las medidas por parte del Estado para lograr justicia en el asesinato de mi padre, para encontrar a los responsables intelectuales. De todas maneras, lo que hemos luchado es por conseguir la verdad y la justicia que todavía no nos han dado las autoridades”, dijo Adolfo Múnera Rincón, hijo del sindicalista, a este medio.

Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, dijo en la conferencia de prensa que anunció esta decisión que este dictamen pone fin a una larga lucha por la justicia, y "pone de relieve la importancia del cumplimiento de los deberes de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demuestra la importancia de la sociedad civil en la labor de impulso, vigilancia y promoción de estos deberes y el apoyo a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos". Y agrega que "Estamos convencidos de que las recomendaciones del comité aportarán al esclarecimiento completo".

Castañeda dice que hay varias preguntas sin responder sobre este crimen. “El Comité revisa que hay un contexto en el que asesinan a Múnera y también están asesinando a otros sindicalistas, en la misma región del país, bajo parámetros muy similares, que deja ver que quien asesinó a Adolfo Múnera actuó como un sicario, lo que quiere decir que hay alguien que está pagando o determinando ese crimen, y el Estado colombiano nunca lo investigó”.

Por esta razón, además de obligar al Estado a abrir una investigación sobre el hecho, porque las disposiciones del Comité son de obligatorio cumplimiento, buscan que esto pueda dar pistas sobre otros compañeros de Múnera u otros líderes asesinados por la misma época en Barranquilla. Además, en miras a la verdad histórica, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos prepara un informe sobre este tema para entregarle a la Comisión de la Verdad.

Adolfo Múnera fue trabajador de una embotelladora de la multinacional Coca-Cola en Barranquilla desde 1983 y hacía parte de la junta directiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Agroalimentaria (Sinaltrainal). Un sindicato que fue profundamente victimizado en el conflicto armado. Según sus cifras, “hasta el año 2004, nueve sindicalistas de Sinaltrainal empleados de la empresa multinacional habían sido asesinados, cuatro de ellos como represalias a las exigencias sindicales; 38 trabajadores debieron huir de sus ciudades; y 67 fueron víctimas de amenazas de muerte”. Múnera, además, tuvo contra él un proceso judicial, pues fue señalado de pertenecer al ELN en 1997. Esta investigación fue cerrada dos años después por falta de pruebas. "No encontraron nada, pero nos trataron como guerrilleros", dice Gladys Rincón, quien era la esposa de Múnera. Sin embargo, a partir de ahí hubo seguimientos e intimidaciones hasta el punto en que tuvo que salir de la ciudad varias veces. El 31 de agosto de 2002 fue asesinado saliendo de la casa de su madre.

A pesar de que la familia y sus abogados lograron que se encontrara y se condenara al sicario que le disparó a 17 años de prisión en 2005, ni en la justicia ordinaria ni en los tribunales de Justicia y Paz lograron que se indagara por el autor intelectual del crimen. Este fue el punto que evaluó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia a la que llevaron el crimen y que este miércoles declaró que el Estado colombiano incumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no “llevar a cabo una investigación pronta exhaustiva y eficaz, así como imparcial, independiente y transparente sobre las circunstancias del homicidio del Sr. Múnera López con el objetivo del establecimiento de la verdad”, que era su deber, dice el dictamen del 19 de mayo de 2020.

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Además, el Comité señaló que es obligación de Colombia “proporcionar a los autores familiares del Sr. Múnera López información detallada sobre los resultados de esa investigación; proporcionar una indemnización adecuada a los autores familiares del Sr. Múnera López, incluyendo para cubrir los gastos legales razonablemente contraídos. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.

Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos y uno de los abogados que llevó este caso, dice que esta decisión “termina siendo una especie de llamado al Estado colombiano para que en casos similares la justicia no se quede solamente en los autores materiales, sino que tenga que investigar sobre los autores intelectuales. Lo que puede suponer que, para los casos actuales, como el asesinato de líderes sociales en los que han identificado a los autores materiales, si el Estado no cumple con la obligación de garantizar un esclarecimiento real de los crímenes, donde se estudie el contexto, quiénes son los que están detrás, volverá a ser “condenado” y tendrá que reparar a las víctimas, abrir investigaciones y dar cuenta de esas investigaciones ante el Comité”.

Se refiere a que otra de las disposiciones de esta determinación es que Colombia, en un plazo de 180 días, debe enviar al Comité “información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen”, es decir, para esclarecer el crimen.

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La familia de Múnera ve esta decisión como un avance. “Nosotros como familia lo recibimos con agrado porque de una u otra manera reconoce que no se tomaron todas las medidas por parte del Estado para lograr justicia en el asesinato de mi padre, para encontrar a los responsables intelectuales. De todas maneras, lo que hemos luchado es por conseguir la verdad y la justicia que todavía no nos han dado las autoridades”, dijo Adolfo Múnera Rincón, hijo del sindicalista, a este medio.

Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, dijo en la conferencia de prensa que anunció esta decisión que este dictamen pone fin a una larga lucha por la justicia, y "pone de relieve la importancia del cumplimiento de los deberes de los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demuestra la importancia de la sociedad civil en la labor de impulso, vigilancia y promoción de estos deberes y el apoyo a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos". Y agrega que "Estamos convencidos de que las recomendaciones del comité aportarán al esclarecimiento completo".

Castañeda dice que hay varias preguntas sin responder sobre este crimen. “El Comité revisa que hay un contexto en el que asesinan a Múnera y también están asesinando a otros sindicalistas, en la misma región del país, bajo parámetros muy similares, que deja ver que quien asesinó a Adolfo Múnera actuó como un sicario, lo que quiere decir que hay alguien que está pagando o determinando ese crimen, y el Estado colombiano nunca lo investigó”.

Por esta razón, además de obligar al Estado a abrir una investigación sobre el hecho, porque las disposiciones del Comité son de obligatorio cumplimiento, buscan que esto pueda dar pistas sobre otros compañeros de Múnera u otros líderes asesinados por la misma época en Barranquilla. Además, en miras a la verdad histórica, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos prepara un informe sobre este tema para entregarle a la Comisión de la Verdad.