La escalada de violencia política en el país, las crisis humanitarias, el lento avance hacia la concreción de la llamada paz grande y la baja implementación de las recomendaciones del Informe Final son el punto focal del cuarto informe presentado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que recoge año tras año el estado de cada una de las 220 recomendaciones para frenar el conflicto armado.
Ese contexto nacional, según describe el informe, representa el principal obstáculo para alcanzar la vida con dignidad. En ese sentido, la Comisión más allá de hacerle seguimiento a las recomendaciones, hace un llamado enérgico para apostarle a la esperanza y a que la paz esté en el centro de cara al proceso electoral que se aproxima. Además pide atender de manera prioritaria la violencia en los territorios y frenar los conflictos que se han agudizado en los últimos meses a raíz de las diversas dinámicas de los actores armados.
En términos de implementación de las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Wilson Castañeda, presidente del Comité de Seguimiento, señala que tampoco hay grandes avances que ayuden a soportar esa paz. “La lentitud en la implementación nos está haciendo perder tiempo importante para consolidar los mecanismos de no repetición en materia de ponerle fin al conflicto armado”, dijo en entrevista con Colombia+20.
Precisamente, ese panorama en el que se sumerge el país pone en evidencia la urgencia por poner en marcha varias recomendaciones de la Comisión. Por ejemplo, para el caso de la violencia política, marcada recientemente por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, el Comité hace especial énfasis el llamado a crear un pacto político nacional.
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Esta propuesta se centra en “diálogos locales y regionales que incentiven la participación de diversos sectores y rechacen definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos. Lo anterior en el marco de la construcción de un pacto nacional de rechazo a la violencia y de compromiso de exclusión de armas en la política”.
Otro de los puntos centrales del cuarto informe de seguimiento tiene que ver con la constante exclusión de sectores de la población. Esto se ha visto representado por el aumento de feminicidios y transfeminicidios de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, así como personas LGBTIQ+.
Dentro de los casos más recientes está el de Sara Millerey y Nawar, ambas víctimas de asesinato en Antioquia. Frente a esta oleada de violencia existe un llamado urgente para poner en marcha las 47 recomendaciones dirigidas específicamente a personas sexo-género diversidad y 138 relacionadas con mejorar la vida de las mujeres.
“Son precisamente estas las que presentan menos avances y compromiso en su implementación. Se requiere que la respuesta institucional no se limite a investigar la violencia, que de por sí persiste en la impunidad, sino que active acciones estructurales que la prevengan y lleven al país a garantizar efectivamente los derechos integrales y las posibilidades de una vida digna”, se lee en el informe del Comité de Seguimiento.
El otro tema al que le presta mayor atención el Comité está relacionado con las crisis humanitarias que han estallado en zonas como Catatumbo, sur de Bolívar, Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento del Cauca, así como los hechos violentos en Valle del Cauca y Norte de Santander.
En ese contexto, el informe señala que las comunidades, víctimas centrales del conflicto, se desmotivan frente a la paz, pues ven con preocupación el rearme de grupos armados, el aumento del control territorial ilegal y la regulación del control social.
“Los ceses al fuego no coordinados han permitido el fortalecimiento de estos grupos, mientras las crisis humanitarias y los confinamientos han incrementado los desplazamientos internos. El crecimiento de economías ilícitas pone en jaque el desarrollo sostenible y el control armado”, señala el informe.
En ese tablero de la paz total, si bien el informe reconoce avances en algunas negociaciones, como los diálogos urbanos y Comuneros del Sur, también menciona la necesidad de concretar con éxito esos diálogos, para lo que se necesita un marco jurídico, la reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Para ese escenario el Comité pide revisar con urgencia el poco tiempo restante para los procesos de paz, incluido el suspendido con el ELN, y así retomar las rutas para resolver conflictos.
“El Gobierno nacional debe redoblar sus esfuerzos para avanzar genuinamente en las negociaciones de paz con todos los grupos armados, priorizando la firma de acuerdos humanitarios que generen alivios inmediatos para la población civil. Todas las partes del conflicto deben comprometerse de manera inmediata con la erradicación del reclutamiento infantil y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario. Las mujeres, las personas LGBTIQ+, los pueblos afrodescendientes, indígenas, ROM y campesinos deben tener una participación activa y vinculante en dichos diálogos”, señala el informe.
La violencia política y la construcción de paz
Las nuevas dinámicas del conflicto y la polarización política son dos elementos clave en la construcción de paz, según el informe. En ese panorama, el Comité de Seguimiento reconoce que el país atraviesa un complejo escenario marcado por nuevas dinámicas del conflicto y la polarización política que dificulta la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Uno de los desafíos más críticos en esta materia que resalta el Comité tiene que ver con la falta de una institucionalidad robusta para la paz lo que provoca que las recomendaciones queden “expuestos al vaivén de la voluntad política del gobierno de turno y a las pugnas partidistas”. Por eso el Comité hace un llamado urgente a la creación del Ministerio de Paz y la Reconciliación, recomendado por la Comisión.
“El próximo periodo será decisivo para determinar si Colombia logra consolidar los avances alcanzados o, por el contrario, retrocede hacia ciclos de violencia que han marcado su historia. La responsabilidad histórica de las generaciones actuales es inmensa: deben demostrar que es posible superar décadas de conflicto armado mediante el diálogo, la inclusión y la construcción de instituciones democráticas sólidas. El costo de no actuar con determinación y visión estratégica se medirá no solo en vidas humanas y recursos económicos, sino también en la pérdida de una oportunidad histórica”, resalta el informe.
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En ese contexto, uno de los principales llamados a la acción del informe del Comité es la construcción del Pacto Político Nacional, que debería estar a cargo del Ministerio del Interior y desde el que se debe enviar un mensaje ético y político para sacar las armas de la política. “La construcción de una democracia sin violencia trasciende el ámbito institucional y exige una transformación cultural profunda, en un momento en el que la sociedad colombiana se encuentra tensionada por hechos recientes de violencia política”.
Un llamado al Gobierno y a la sociedad frente a la baja implementación
El cuarto informe de seguimiento a las recomendaciones se presenta después de tres años de la publicación del Informe Final de la Comisión. Según Castañeda, la expectativa para este año era mostrar avances por encima del 60% en la implementación del total de las recomendaciones. En comparación con el informe anterior, el Comité reconoce que hay avances que se han paralizado como la iniciativa “La escuela abraza la verdad”, así como retrocesos como el cierre del Ministerio de la Igualdad, creado por recomendación directa del informe.
“Hay una cierta tranquilidad en la implementación de las recomendaciones del informe final que se está convirtiendo en olvido y ese olvido nos puede pasar una factura muy grande y es que no logremos el cometido. La razón de ser de esas recomendaciones es garantizar la paz estable y duradera para que no volvamos a los ciclos de violencia, pero eso es lo que estamos viviendo un poco hoy en Colombia. Eso nos debe interpelar sobre cuál es nuestro nivel de compromiso en la implementación de las recomendaciones y como hoy en un momento tan complicado, las recomendaciones son una hoja de ruta que nos pueden permitir cerrar esos conflictos que se mantienen abiertos en el país. La responsabilidad no solamente es del gobierno, por supuesto, le asiste la mayor responsabilidad, pero ahí hay responsabilidad de todos los sectores, incluso la sociedad civil y la idea es que cada uno y cada una nos interpelemos frente a nuestra responsabilidad con las recomendaciones”, señaló Castañeda.
El informe también resalta que el legado no se ha mantenido estático, pues actores sociales, medios de comunicación, universidades y colectivos siguen incorporando el legado de la Comisión.
“A lo largo y ancho del país hay un montón de personas de la sociedad civil que están dinamizando el legado no solamente en Colombia sino en otros países donde realizaron actos de memoria y de fortalecimiento del legado. El Ministerio de Educación ha logrado avanzar en la cátedra para la paz y celebramos el último informe del Instituto Kroc en el que se pudo reconocer el avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Hay mensajes que dicen que vale la pena el informe de la Comisión de la Verdad porque hay gente que le está poniendo el pecho”, explicó Castañeda.
Sin embargo, una de las preocupaciones del Comité es la falta de una pedagogía en territorio de manera que se logre impulsar la no repetición de la violencia y se permita la garantía de los derechos humanos de las comunidades.
“Hay un reto crítico y es la concreción de un país que respete la vida. Hay aumento de asesinatos, de violencia contra personas LGBTIQ+, el riesgo de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Todavía no logramos concretar proyectos de bienestar para los excombatientes y hay una alta tasa de asesinatos. No hay un mecanismo de protección integral. En la Ley 1448 no logramos darle herramientas al Estado para que avance en la reparación integral de las víctimas y garantías de no repetición”, agregó.
Para el Comité de Seguimiento, la paz solo será posible si se asume con urgencia y se atienden los llamados a la acción para poner en marcha las recomendaciones de la Comisión: fortalecer la institucionalidad, garantizar la protección de víctimas y firmantes de paz, promover una agenda política que priorice la salida negociada, la justicia, la reparación y la reconciliación. “La paz no puede esperar más”.
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