El partido político Comunes denunció la salida de al menos 18 personas que trabajaban en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el área encargada de brindar garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz y a sus familias.
En un comunicado público, la colectividad señaló que los profesionales fueron informados en las últimas semanas de que sus contratos por prestación de servicios no continuarían en 2026, una decisión que —según el partido— no responde a fallas en su desempeño. “La no suscripción y continuidad de los contratos para el año 2026 no obedece a un llamado de atención o incumplimiento alguno por parte de los contratistas en sus obligaciones contractuales”, afirmó Comunes.
De acuerdo con el pronunciamiento, la razón de fondo estaría relacionada con el origen de las hojas de vida. “Por el contrario, obedecía a que las hojas de vida fueron presentadas y avaladas por el Partido Político Comunes”, indicó el partido, que surgió tras la firma del Acuerdo Final de Paz.
La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección fue creada en 2017 como parte de los compromisos del Acuerdo, con el objetivo de garantizar la vida y la integridad de los excombatientes y de quienes hacen parte de su entorno familiar. En ese sentido, Comunes recordó que el diseño del programa se basó en un principio de confianza. “Es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios en la Subdirección cuenten con el aval de confianza, tal como lo establece el artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 299 de 2017”, señala el comunicado.
El partido aseguró que ese principio ha sido vulnerado y que la salida de este personal afecta directamente el espíritu con el que fue creada la dependencia. “Resulta incomprensible que una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz sea la primera en vulnerar sus derechos”, afirmó Comunes, al advertir que entre las personas cuyos contratos no fueron renovados hay trabajadores en condición de discapacidad.
La colectividad también alertó por el momento en el que se toman las decisiones, a las puertas de la entrada en vigencia de la ley de garantías.
Según el comunicado, esto “limita la posibilidad de que estas personas puedan conseguir empleo en otra entidad antes del 30 de enero de 2026, exponiendo el sustento económico de estas personas y sus familias”.
Comunes reiteró que seguirá defendiendo lo pactado en el Acuerdo Final y exigió a las entidades responsables “respetar el principio de confianza legítimo que fue acordado como un pilar fundamental de la Subdirección Especializada”, así como garantizar el debido proceso y los derechos laborales de quienes integran el programa de protección.
Finalmente, el partido responsabilizó directamente a la dirección de la UNP por lo ocurrido. “Responsabilizamos al doctor Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, y a Natalia Margarita Parada Garzón, subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, por la vulneración de las garantías fundamentales” de los trabajadores y de los firmantes del Acuerdo de Paz.
Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 477 firmantes de paz, 39 de ellos en todo 2025.
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