Corte Constitucional alerta por riesgos en Unidad de Víctimas tras salida del director

Tras la salida de Adith Romero de la dirección de la Unidad para las Víctimas, la Corte Constitucional señaló que la inestabilidad de la entidad podría afectar la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Foto: El Espectador

La Corte Constitucional expresó una seria preocupación por la declaración de insubsistencia de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y advirtió que la inestabilidad en la cabeza de la entidad puede afectar la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

“Esta salida se suma a la de otras dos directoras en los últimos tres años y a otros nombramientos de directores en encargo. Para la Sala, la reiterada rotación en la dirección de la Unidad constituye un motivo de seria preocupación por el impacto que puede tener en los esfuerzos estatales para garantizar oportunamente los derechos de las víctimas de la violencia y superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 en relación con los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado”, señaló la Sala Especial de Seguimiento a ese fallo en un comunicado emitido este 27 de enero.

Esos cambios a los que se refiere la Corte incluyen la salida de funcionarias con reconocida trayectoria en derechos humanos y atención a víctimas —como Patricia Tobón, Gloria Cuartas y Lilia Solano— y el posterior nombramiento de Romero, cuya experiencia profesional no estaba vinculada al campo de la reparación ni a la gestión de políticas para las víctimas.

La salida de Romero se produjo, además, en medio de un aumento inusual de contratos en la entidad que, según reveló Colombia+20, se estarían financiando con recursos destinados a la reparación de las víctimas. Frente a esa situación, la Corte también manifestó sus inquietudes y advirtió que esas actuaciones “deben ser investigadas con prontitud y rigor por las entidades competentes”.

Para la alta instancia, estos cambios pueden tener, además, un efecto negativo en la credibilidad institucional de la UARIV. “Esta inestabilidad también puede limitar la continuidad de las políticas públicas, planes y programas que se encuentran en curso, dificultar la consolidación de procesos de mediano y largo plazo y debilitar la capacidad de liderazgo y de articulación interinstitucional que exige el adecuado funcionamiento del Sistema”, agregó.

Las alertas del alto tribunal, según el boletín de prensa, se intensifican en medio del actual panorama de violencia en el país, marcado por la crisis humanitaria en el Catatumbo, que desde hace un año ha dejado más de 100.000 personas desplazadas.

En ese contexto, la Corte advirtió que “la falta de una conducción técnica estable y sostenida” en la entidad encargada podría “profundizar las limitaciones del Estado para ofrecer respuestas oportunas, integrales y debidamente articuladas” frente a las necesidades urgentes de las personas desplazadas, confinadas y afectadas por la violencia, así como de sus familias y comunidades, y todas las víctimas del conflicto armado.

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La Corte reiteró que la Sala Especial de Seguimiento continuará ejerciendo su labor constitucional para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y garantizar la protección efectiva de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

En ese marco, anunció que adoptará medidas para exigir a la UARIV información sobre la ejecución de sus políticas y los mecanismos para asegurar la continuidad operativa frente a los cambios directivos, y llamó a que la designación de la nueva dirección se haga con “el máximo rigor y a la mayor brevedad”.

El llamado de la Corte se suma al que hizo la Defensoría del Pueblo. En un pronunciamiento conocido este 26 de enero, la entidad pidió al Gobierno garantizar estabilidad en la dirección de la UARIV, responder a los cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción y asegurar la adecuada implementación de la política pública de víctimas.

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