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La Corte Constitucional le dio al Gobierno Nacional un plazo máximo de 20 días hábiles para evaluar la capacidad de la entidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz y presentar un plan de acción que incluya la posibilidad de reestructurarla o transformarla.
En un auto en poder de Colombia+20, la Sala Especial de Seguimiento del alto tribunal fue contundente al señalar que la actual Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz carece de la jerarquía y las capacidades necesarias para garantizar las obligaciones constitucionales y legales derivadas del pacto de 2016.
El tribunal no se quedó en advertencias. En el documento –que es un seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre garantías de seguridad para la población firmante- les ordena al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) realizar en un plazo de 15 días hábiles una evaluación integral sobre recursos, planta, talento humano y jerarquía de la Unidad de Implementación, que hoy dirige Gloria Cuartas.
Además, exigió que, cinco días después de esa evaluación, el Ejecutivo entregue un informe detallado con las medidas para fortalecer la institución o, de ser necesario, transformarla de raíz para que tenga el nivel suficiente de interlocución con los ministros y pueda liderar la política de paz como una verdadera política de Estado.
“Exhortar al Gobierno Nacional para que, de acuerdo con el resultado de la evaluación (…) cree, reestructure, modifique o transforme la entidad responsable del seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, para que esta cuente con el nivel administrativo y la jerarquía suficiente e idónea para interactuar de forma permanente con los ministros de todas las carteras”, señala el auto.
El plazo para la evaluación se cumple el próximo 30 de septiembre, y para entregar el informe el 7 de octubre.
Tanto la Misión de Verificación de Naciones Unidas como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame y otros organismos que hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz han insistido en que el gobierno de Gustavo Petro reconsidere la decisión de haber transformado la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación —que hasta 2023 tenía el rol de la implementación— en una unidad de menor rango jerárquico adscrita a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).
En contexto: ¿Está debilitada la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz?
Según estos organismos, volver a contar con una instancia de alto nivel, con capacidad de interlocución permanente con los ministros, es indispensable para dar coherencia a la política de paz y evitar la dispersión de responsabilidades -especialmente porque la OCCP maneja los temas de paz total- que hoy afecta tanto la implementación como el sistema de garantías de seguridad.
Hasta el cierre de esta edición ni la Oficina del Comisionado ni la Unidad de Implementación respondieron sobre las implicaciones de esta orden, pero se espera que en los próximos días se dé una reunión entre el DAPRE, la DAFP, la OCCP y la Unidad para formular la ruta de trabajo.
Un cumplimiento bajo y bloqueos estructurales
La Sala dice en el documento que el Estado ha incumplido especialmente en las garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC que dejaron las armas y están en su proceso de reincorporación. “Aunque las entidades y autoridades han adoptado diversas medidas y la Sala registra avances en la aprobación de los planes y programas que componen la política de seguridad, estas acciones no han garantizado el adecuado funcionamiento del sistema de seguimiento de las garantías de seguridad, conforme a los parámetros constitucionales”, se afirma en el auto.
La Corte declaró un cumplimiento bajo las órdenes dictadas en la Sentencia SU-020 de 2022, insistiendo en que las acciones desplegadas hasta ahora son más formales que materiales: “Las acciones desplegadas no reflejan resultados, y en la mayoría de los casos solo atienden al aspecto formal y no al contenido material de las órdenes”, dice el auto.
El ultimátum de la Corte no se limitó a la Unidad de Implementación. El documento también ordena actualizar las fichas técnicas del Plan Marco de Implementación (PMI), con indicadores claros, metas verificables, responsables definidos y cronogramas precisos. Asimismo, impone la creación de una batería consolidada de indicadores que permita evaluar los avances de forma objetiva y periódica, evitando la dispersión y la falta de comparabilidad entre cifras.
La Sala exige, además, que todas las instancias creadas para el seguimiento —la Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Instancia de Alto Nivel y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP)— funcionen efectivamente, se reúnan con regularidad y definan agendas claras y resolutivas.
El fallo también ordena fortalecer la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, señalada de inacción en sus tareas de vigilancia, y garantizar que el sistema de seguimiento esté plenamente articulado con los recursos presupuestales de paz.
Con este auto, la Corte no solo lanza una advertencia, sino que impone plazos y responsabilidades inmediatas. En palabras del tribunal, el seguimiento a la implementación del Acuerdo no puede seguir siendo un trámite formal, sino un mecanismo robusto, articulado y con poder de decisión.
El lunes pasado, el Congreso aplazó el debate sobre la implementación del Acuerdo de La Habana debido a que entidades como la ANT, la Unidad de Víctimas y otras presentaron cifras incompletas, respuestas contradictorias o directamente evasivas ante las preguntas de los congresistas. Esa suspensión evidencia el desorden institucional que la Corte ya había diagnosticado como parte del ECI sobre garantías de seguridad para población firmante.
El plazo de la Corte Constitucional al Gobierno es perentorio: tiene apenas 20 días para demostrar si la actual arquitectura institucional puede sostener la implementación del Acuerdo de Paz o si, como sugiere la Corte, es hora de transformarla de raíz.
Otras órdenes de la Corte a la Defensoría, Mininterior, entre otros
En otro auto, también conocido por este diario, la Corte Constitucional impartió órdenes concretas a las entidades responsables del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SIAR).
A la Defensoría del Pueblo le dio 20 días para integrar una estrategia que refuerce el Sistema de Alertas Tempranas, incluyendo más personal, la emisión trimestral de alertas estructurales y lineamientos pedagógicos. A las entidades territoriales con alertas vigentes les ordenó, en 15 días, reportar sus instancias de prevención y canales de respuesta. Con esa información el Ministerio del Interior deberá, en 30 días, presentar una estrategia ajustada y reorientar los Comités Territoriales de Respuesta Rápida.
Finalmente, a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), le dio 40 días para presentar un plan de acción exigible de tres meses y un nuevo reglamento que empiece a implementarse de inmediato.
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