Corte Suprema blinda a víctimas en el caso de Jesús María Valle y El Aro

Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998.

Foto: Archivo El Espectador

Un paso fundamental dio la Corte Suprema de Justicia en la búsqueda de verdad y reparación por tres masacres ocurridas entre 1996 y 1997 en los municipios de San Roque e Ituango, en Antioquia, y por el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, perpetrado el 27 de febrero de 1998. No solo admitió que el sobrino del abogado Valle Jaramillo pueda ser aceptado como parte civil del proceso reabierto desde 2011, sino que declaró que no prescriben las acciones civiles que se puedan plantear con efectos de reparación, lo que abre la posibilidad de que sean los familiares de las víctimas quienes ahora impulsen directamente este candente expediente.

En un documento de 45 páginas firmado por César Augusto Reyes Medina, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal aceptó que Juan Guillermo Valle Noreña, sobrino de Jesús María Valle Jaramillo, pueda continuar en la lucha que hace 23 años dio el entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y le costó la vida. La decisión de la Corte Suprema está basada en su interpretación del derecho internacional, los derechos humanos y el derecho penal internacional, y se ajusta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2008, que condenó al Estado colombiano por el caso Jesús María Valle.

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Desde mediados de 1997, el entonces concejal de Ituango y defensor de derechos humanos Jesús María Valle comenzó a denunciar la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército. Ya habían sucedido las masacres de San Roque, entre el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996; y la del corregimiento de La Granja, en Ituango, el 11 de junio de 1996. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, durante el acto de conmemoración de los diez años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el abogado Valle Jaramillo se despachó contra las autoridades del departamento.

“Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”, declaró públicamente ese día Valle Jaramillo. Días después, formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez. Las denuncias de Valle derivaron en un debate público con el gobernador Álvaro Uribe y una contradenuncia de los militares al abogado Valle por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

En ese momento, a las masacres de San Roque y La Granja se sumaban las perpetradas en el corregimiento de El Aro, también en Ituango, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. El 26 de febrero de 1998, el abogado Valle tuvo que comparecer ante la Fiscalía para responder por la denuncia en su contra. Al día siguiente, a su oficina ubicada en el edificio Colón, en zona céntrica de Medellín, llegó un grupo de paramilitares que, tras inmovilizar a su hermana Nelly Valle, asesinaron de dos balazos, con una pistola calibre 38, al presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.

Si había resultado difícil investigar las masacres, fue aún más tortuoso tratar de dar con los responsables del magnicidio de Jesús María Valle. En mayo de 1999, la Fiscalía imputó como determinadores del crimen a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, propietarios de tierras en la región de Ituango. Sin embargo, en marzo de 2001, un juez penal del Circuito de Medellín los absolvió. La medida fue confirmada cuatro meses después por el Tribunal Superior de Medellín. Era la época en la que el paramilitarismo había enfilado también su ofensiva criminal contra los investigadores de la Fiscalía y el CTI de Antioquia, y toda la justicia del departamento trabajaba amedrentada.

En enero de 2008, con base en declaraciones aportadas por paramilitares en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía pidió la revisión de las sentencias del caso Valle. Ese mismo año, la CIDH sentenció a la nación y pidió que se hiciera justicia no solo por las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, sino también en el capítulo correspondiente al crimen del abogado Valle. La decisión de la CIDH incluyó detalles desconocidos, como la presencia de Carlos Castaño en la zona a bordo de un helicóptero, o la forma como se produjo un desplazamiento forzado hacia el municipio de Puerto Valdivia, tras un hurto masivo de ganado.

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En julio de 2011, se aceptó la revisión de las masacres y seis años después, en noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que a esa pesquisa fuera sumado el exgobernador, expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Esta última decisión recogió la denuncia aparte que Valle había interpuesto en 1997 contra el exgobernador, más otro proceso que cursaba en la Fiscalía por presunta conformación de grupos paramilitares. Entonces, la Fiscalía, al constatar que la competencia era de la Corte Suprema de Justicia, remitió el caso al alto tribunal, y este decidió constituir un solo expediente. Desde entonces, la pelea paralela era la de las víctimas para que las aceptaran como parte civil.

Ese es el derecho que acaba de ganar Juan Guillermo Valle Noreña, quien es asesorado jurídicamente por la Comisión Colombiana de Juristas. En adelante, en aplicación de la justicia colombiana, que en 2018 declaró las masacres de San Roque, La Granja y El Aro y el crimen de Jesús María Valle crímenes de lesa humanidad, ya no prescriben tampoco las acciones civiles que puedan emprender las familias de las víctimas. “Es una decisión consecuente con la CIDH y su mano condenatoria contra el Estado, que exhortó a remover todos los obstáculos que han tenido las víctimas para acceder a este proceso penal”, comentó una fuente consultada por este diario.

“El transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados, legítimo interés que se vería truncado si se opone a él la prescripción de la acción civil”, recalcó la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, conocida por El Espectador. Un observador del caso resaltó que este es un reclamo inédito, pero que ahora esta declaratoria de no prescripción de la acción civil no solo empodera a las víctimas, sino que irradia a todo el expediente penal. Otra fuente agregó que se sienta un importante precedente para las víctimas de otros casos que han sido declarados de lesa humanidad o crímenes de guerra.

En La Granja asesinaron a cuatro personas

El martes 11 de junio de 1996, unos 20 paramilitares llegaron al corregimiento de La Granja, en Ituango (Antioquia), como Pedro por su casa. Lo hicieron en carros fuertemente armados, obligando a los pobladores a cerrar los comercios y salir de sus casas. Primero llegaron a la puerta de César Zapara buscando a William de Jesús Villa García para matarlo. Se dividieron en dos grupos y siguieron con su estela de muerte. Uno fue a la finca El Pino y mataron a Graciela Arboleda Rodríguez. y el otro asesinó a Héctor Hernán García. Ya en la noche secuestraron a Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en la vía. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz explicó que el grupo paramilitar que perpetró la masacre estaba al mando de Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, por órdenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. En enero pasado, la Corte Suprema de Justicia remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz el expediente del mayor retirado de la Policía José Vicente Castro, condenado a 38 años de prisión.

El Aro, un rompecabezas

Entre el 22 y 31 de octubre de 1997, el horror paramilitar se ensañó con el corregimiento. Unos 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso, varios meses atrás. Unos llegaron desde Puerto Valdivia y otros desde el casco urbano hasta el río Ituango, en recorridos que sirvieron para recopilar información de gente que señalaron de ser auxiliadores de la guerrilla. En los 17 días de terror el pueblo fue arrasado. Unas 40 casas fueron quemadas, 15 personas asesinadas, la balacera no paraba y otros campesinos fueron secuestrados y obligados a arriar cabezas de ganado robadas. Los testimonios de los pobladores y de exparamilitares recopilados por la justicia insisten que un helicóptero fue observado durante la ejecución de la excursión. La justicia, además, probó que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso condecoraron a sus hombres por el atroz crimen.

San Roque, solo silencio

En la misma estela de horror, los paramilitares llegaron a San Roque en Antioquia, los días 13 de julio y 17 de septiembre de 1996 y protagonizaron una masacre de la cual no hay mucha información, incluso en la actualidad. La mención de esta masacre aparece en el expediente por una investigación previa que adelantaba la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema a Álvaro Uribe Vélez, bajo el radicado 13310, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas. Ese proceso, que pasó a la Corte Suprema cuando el expresidente fue elegido senador, se inició por las manifestaciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, sobre la supuesta relación de ese grupo paramilitar con ataques a la población civil, incluyendo las incursiones en San Roque. Esta masacre fue declarada como de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con las de La Granja y El Aro y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo.

Senador Álvaro Uribe niega señalamientos

En reiteradas oportunidades el exgobernador de Antioquia, expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez ha negado toda relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como el caso de Jesús María Valle. En cambio, ha pedido celeridad en la pesquisa que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por su presunta participación en estos hechos para que se libere su nombre de cualquier duda. El expresidente ha dicho que en los cientos de folios que tienen las investigaciones no hay “nada creíble que me comprometa”.

“Se les olvida que soy un combatiente de las ideas, pero no un delincuente. Ahí están, la bitácora del helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los testimonios de los pilotos. Discutí con Jesús María Valle, de frente y en público, como suelo hacerlo, en defensa del general Carlos Ospina, y en vísperas de las elecciones vuelven a insinuarme como asesino”, dijo en 2018 tras la declaratoria de lesa humanidad de los hechos.