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Dabeiba (Antioquia), más allá de la fosa común

Si bien la guerra nunca se ha ido del todo y en la actualidad hay un control significativo por parte de las AGC, el Acuerdo de Paz permitió una sentida disminución en las dinámicas de confrontación, así como ha impulsado nuevas realidades y necesidades para sus habitantes.

Investigadores del proyecto EPI*
03 de julio de 2020 - 11:00 a. m.
En Dabeiba las tradicionales “escaleras” o chivas siguen siendo el transporte más común para llegar a las veredas y corregimientos de la zona rural y montañosa de este municipio.
En Dabeiba las tradicionales “escaleras” o chivas siguen siendo el transporte más común para llegar a las veredas y corregimientos de la zona rural y montañosa de este municipio.
Foto: Edwin Cubillos Rodríguez

En diciembre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una exhumación en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba. En este lugar, según las investigaciones, reposarían más de 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Con esta noticia, que tuvo un gran impacto mediático, una parte importante de Colombia conoció de la existencia de este municipio, donde el 80 % de la población se identifica como víctima del conflicto.

Pero además de este hallazgo para esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la historia del conflicto armado colombiano, los residentes de Dabeiba están viviendo múltiples microprocesos de paz y violencia en su día a día. Cómo experimentan el Acuerdo de Paz en estos términos, al nivel comunitario, es clave para el éxito -o fallo- de este Acuerdo histórico.

(Contexto: En busca de los 45 falsos positivos en el cementerio de Dabeiba)

Dabeiba es un municipio en el noroccidente antioqueño, a cinco horas por carretera desde Medellín. Por su posición geográfica ha sido históricamente estratégico para los actores armados, pues es un corredor natural que conecta diferentes zonas del país entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó; es la entrada al Urabá y limita con el Parque Natural Nacional El Paramillo.

En la actualidad recibe la intervención de múltiples instituciones surgidas del Acuerdo de Paz y para la atención a víctimas. En los momentos más duros de la guerra, a finales de los 90 y la primera década de 2000, los habitantes de Dabeiba sintieron el fuerte rigor de la guerra. El bloque Noroccidental de las Farc, conocido antes de su desmovilización como bloque Comandante Efraín Guzmán y en el pasado como bloque José María Córdoba y bloque Iván Ríos, estaba en una cruenta guerra contra el bloque Élmer Cárdenas de las Auc y el Ejército.

Actividades rutinarias estaban restringidas, había un fuerte control social por parte de los grupos armados y la violencia era constante. Los campesinos que bajaban a la cabecera municipal en chivas (buses escalera) a hacer el mercado temían no regresar con vida.

Sus compras no podían superar el tope de entre 25-30 mil pesos, pues “podrían ser suministros para la guerrilla”. Algunos productos como baterías, ciertos tipos de medicamentos o botas pantaneras no estaban autorizadas comprar. Existían toques de queda por las noches, las personas no podían visitar otras veredas y la comercialización de productos era controlada. Múltiples cosechas y animales eran robadas por grupos armados.

Si bien la guerra nunca se ha ido del todo y en la actualidad hay un control significativo por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por el Gobierno como Clan del Golfo, y una presencia periférica del Eln, el Acuerdo de Paz con las Farc ha permitido una sentida disminución en las dinámicas de confrontación, así como ha impulsado la emergencia de nuevas realidades positivas para la vida diaria de las personas.

En los momentos más duros de la guerra a finales de los noventas y la primera década del dosmil, los habitantes de Dabeiba sintieron el fuerte rigor de la guerra. El Bloque Noroccidental de las FARC conocido antes de su desmovilización como Bloque Comandante Efraín Guzmán y en el pasado como Bloque José María Córdoba y Bloque Iván Ríos, estaba en una cruenta guerra contra el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y el Ejército colombiano. Actividades rutinarias estaban restringidas, había un fuerte control social por parte de los grupos armados y la violencia era constante.

Los campesinos que bajaban a la cabecera municipal en chivas (buses escalera) a hacer el mercado, temían que no regresaran de nuevo. Sus compras no podían superar el tope de entre 25-30 mil pesos pues “podrían ser suministros para la guerrilla”. Algunos productos como baterías, ciertos tipos de medicamentos o botas pantaneras, no estaban autorizadas comprar. Existían toques de queda por las noches, las personas no podían visitar otras veredas y la comercialización de productos era controlada. Múltiples cosechas y animales eran robadas por grupos armados.

La gente muere ahora de vieja

En la vereda La Balsita, una de las más afectadas por la guerra, las personas comentaban que una de las demostraciones del cambio es que la gente de la comunidad muere ahora de vieja, haciendo alusión a momentos pasados donde la violencia se llevaba sus vidas. El tejido social roto en la guerra y algunas prácticas colectivas en desuso empiezan a recomponerse como los convites para arreglar las carreteras o para ayudar a los vecinos necesitados.

La vereda Urama ha vuelto a renacer como centro comercial y se ha instalado una estación de policía. Ahora, una vez al año, se celebran las Fiestas de las Colonias, donde se reúnen personas que por la violencia tuvieron que dejar sus tierras y ahora viven en otros lugares. De nuevo los campesinos pueden usar botas de caucho para su trabajo y las noches retomaron su tranquilidad. Aunque existe la zozobra de que el pasado retorne y las condiciones de vida actuales no mejoren.

Los habitantes de estas veredas definieron su convivencia cotidiana y la justicia de manera holística. Las seis dimensiones que usamos para clasificar sus percepciones reflejan esta complejidad (ver gráficos). Sin embargo, ciertos patrones fuertes se destacan en Dabeiba. En general, las personas definieron su experiencia cotidiana de la justicia con mayor fuerza en términos de “lidiar con el pasado” y “derechos y dignidad”. En estas dos categorías, además, los indicadores de la presencia o ausencia del Estado -en relación con sus numerosas promesas en el marco de sus políticas nacionales de paz y de atención a las víctimas- se destacaron de manera más descarnada. Más de un tercio de los indicadores cotidianos de justicia se relacionaban con el Estado -en gran medida enmarcados en términos de su ausencia-.

Este sentimiento se compartió por igual entre las cinco comunidades campesinas en las que hemos estado trabajando, así como dentro de la comunidad del ETCR de Jacobo Arango. Las demandas por la verdad, por las reparaciones, por entender por qué el conflicto impactó tanto a Dabeiba abundan en los 853 indicadores que recogimos. Los residentes están observando acciones como las de la JEP para descubrir la verdad detrás de la fosa común... y esperando cautelosamente por más.

Los pendientes del Acuerdo

Quienes habitan Tascón, Llano Grande, Urama, Las Cruces, Camparrusia o La Balsita siguen esperando transformaciones concretas en sus territorios por cuenta del Acuerdo de Paz. Los excombatientes asentados en Llano Grande, por ejemplo, tienen la expectativa de que se implemente el punto uno del Acuerdo, referente a una reforma rural integral, una de las grandes deudas.

En Tascón lo explican cuando imaginan “una escuela digna para los estudiantes”, y que los niños y las niñas puedan ir a la escuela. También lo relacionan con la garantía de otros derechos como la salud, planteando la posibilidad de “contar con brigadas médicas mensuales” en Camparrusia, o un “servicio de ambulancia con mayor disponibilidad” en La Balsita. Así como tienen la expectativa de tener viviendas dignas y obras de infraestructura como puentes y vías que faciliten el acceso a las veredas y corregimientos.

Todo pasa también por tener mejores dinámicas productivas en el municipio y de que surjan y se apoyen “proyectos productivos para el campesinado”, específicamente para las mujeres, para que los “campesinos no se vean obligados a sembrar coca”, explicaron en Tascón. “Que el Estado cumpla con la titulación de las tierras”, lo enfatizaron en Las Cruces y en las demás veredas y corregimientos.

Los cortos avances en cuanto a la formalización masiva de propiedad rural, la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas o el catastro multipropósito hacen eco de los atrasos en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDTE), entre los que se vincula el Urabá antioqueño. Por lo pronto, las expectativas siguen trazadas. Son muy claras sus necesidades y la diversidad de dimensiones a tener en cuenta para la reconstrucción del tejido social en sus comunidades.

*(Every Day Peace Indicators Proyect) Daniel Ortega, Saraya Bonilla Lozada, Peter Dixon, Edwin Cubillos Rodríguez, Mariángela Villamil Cancino, Rosario Arias Callejas, Óscar Vargas, Manuela Muñoz Ramírez, Fiorella Vera-Adrianzén y Pamina Firchow.

Por Investigadores del proyecto EPI*

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