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Este viernes se conoció el decreto de conmoción interior con el que el Gobierno le hará frente a la crisis humanitaria que ya completa más de una semana en Catatumbo y que se dio por cuenta de ataques por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El lunes pasado, el mandatario había anunciado que se haría uso de esa figura que contempla el artículo 213 de la Corte Constitucional, pero el trámite duró varios días por las firmas de todo el gabinete que se necesitaban y por varios estudios que el Gobierno estaba haciendo, entre ellas si se podía incluir a otras zonas distintas a Catatumbo -la norma dice que solo se puede aplicar en la zona donde ocurren los hechos extraordinarios-. El Espectador supo, por ejemplo, que se barajó la idea de añadir varios puntos de Arauca.
El decreto afirmó que se declara el estado de conmoción interior por el término de 90 días y que será para la del Catatumbo, “conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta (...) y a los municipios de Villa del Rosario, Los PatIos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander”.
Lo que sorprendió es que, contrario a lo que se había dicho, no se incluyó a Arauca, a pesar de que informaciones de inteligencia militar dicen que fue por ese departamento y su zona de frontera con Venezuela por donde cerca de 100 hombres ingresaron a Catatumbo para hacer los ataques que ya dejan 80 muertos y 36 mil desplazados, según la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con Presidencia, la razón jurídica por la que Arauca no fue incluido en el decreto es que, actualmente, no se cumplen los tres elementos exigidos por la Corte Constitucional para la declaración de conmoción que son el fáctico, el valorativo y el de suficiencia, y que están desarrollados en el texto.
Aparte de Norte de Santander, el departamento que sí entró en el documento por cumplir con los tres puntos que fue Cesar, con dos municipios: Río de Oro y González.
De acuerdo con el decreto, la inclusión por el tema fáctica es porque ambos municipios “constituyen una de las puertas de entrada a la región del Catatumbo” y que es utilizada por el ELN “para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades”.
El documento también afirman que en esos municipios “se registra la influencia de redes de apoyo al ELN”.
La otra razón fáctica que esgrime el Gobierno es la alerta de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre las confrontaciones en Catatumbo y dice que la delimitó “al ámbito geográfico conformado por “los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar”, así como a otros municipios de Santander como Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y la Playa de Belén.
Además, dice el documento Río de Oro y González, como colindantes de la región del Catatumbo, “han venido recibiendo población víctima de desplazamiento forzado como consecuencias de las graves afectaciones del orden público derivadas de los atentados y amenazas perpetrados por el ELN en esa región”.
Mapa de los municipios que fueron incluidos en el decreto de conmoción interior
Sobre las razones de suficiencia, que se refieren a las necesidades de presupuesto y atención, el decreto afirma que tanto los dos municipios de Cesar como los del área metropolitana de Cúcuta “enfrentan grandes desafíos para atender a las miles de personas desplazadas forzadamente, entre ellas, mujeres embarazadas, población infantil, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos y campesinas, indígenas, entre otros sujetos de especial protección constitucional que llegan diariamente en busca de la satisfacción de sus necesidades básicas”.
El documento explica que se ejecutarán recursos del Sistema General de Participación y del de Regalías asignados para la presente vigencia fiscal de Norte de Santander para atender esa situación en Catatumbo, incluidos Río de Oro y González, y alega que ello “crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
Aquí puede leer el decreto
La relación del ELN con Cesar
Este departamento, situado en el noreste del país, ha sido históricamente un corredor estratégico para actividades ilícitas y un escenario de confrontación armada que ha dejado profundas huellas en su población. El Cesar ha servido como un corredor estratégico para el ELN, conectando la región con otras zonas claves del país y facilitando el transporte de armas, personas y recursos.
En este territorio, el grupo armado ha encontrado un terreno fértil para actividades como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Municipios como Aguachica, Pelaya, Curumaní y La Gloria han sido señalados como áreas de influencia del frente Camilo Torres Restrepo y el Frente de Guerra Norte “José Manuel Martínez Quiroz” del ELN.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, tanto el sur de Bolívar como Cesar fueron fundamentales en el origen y la expansión territorial del ELN. Fue desde allí que pudieron desplegar estructuras hacia el Norte por Magdalena y parte de La Guajira para poder afianzar su presencia en la frontera, pero también hacia Catatumbo y así asegurar el tráfico de droga.
“Hacia mediados de los ochenta, el ELN se expandió desde el sur del Cesar hacia la serranía del Perijá, con el Frente 6 de Diciembre. Entre tanto, en 1988, la guerrilla de las FARC-EP se expandió hacia la Sierra Nevada de Santa Marta con el Frente 19 (...) Ambas insurgencias demandaban recursos para sostenerse y fortalecer sus tropas, y acudieron a múltiples mecanismos de financiación, entre ellos la extorsión, el secuestro y el robo de ganado. Como lo muestra la prensa de esa época, municipios como La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Codazzi, El Copey, Pueblo Bello, Chiriguaná, Becerril, Aguachica y Valledupar registraron altas cifras de secuestros, de los que eran víctimas, principalmente, ganaderos, palmeros, empresarios de la minería y políticos”, dice uno de los casos de la Comisión de la Verdad.
Uno de los métodos más visibles de control territorial del ELN en la región ha sido la extorsión a comerciantes, transportadores y empresas vinculadas al sector minero y agroindustrial. Según informes de organizaciones de derechos humanos, las amenazas y los atentados contra quienes se resisten a estas exigencias han generado un clima de miedo que impacta el desarrollo económico y social de estas comunidades.
Según la Unidad para las Víctimas, Cesar ocupa un lugar destacado entre los departamentos con mayor número de personas desplazadas.
Adicionalmente, la influencia del ELN en la región no solo se limita a la coerción. El grupo ha buscado construir un tipo de legitimidad local, apoyándose en discursos sobre justicia social y desarrollo comunitario. Esto les ha permitido obtener cierto respaldo en sectores que perciben al Estado como ausente o incapaz de atender sus necesidades básicas.
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