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La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno garantizar estabilidad en la dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, responder a los cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción y asegurar la adecuada implementación de la política pública de víctimas, en medio de la salida del director general de la entidad y de denuncias sobre contratación con recursos destinados a la reparación.
En un pronunciamiento conocido este lunes, el organismo de control alertó sobre la inestabilidad persistente en la dirección de la Unidad y sus efectos en la continuidad institucional. Según la Defensoría, entre 2022 y 2026 la Presidencia ha designado, en propiedad y en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General, una rotación que ha afectado el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas.
“La Defensoría del Pueblo alerta al Gobierno nacional sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en sus dependencias”, señaló la entidad, al recordar que el pasado viernes fue declarado insubsistente el director general, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.
El ente de control también manifestó su preocupación por los hechos que han venido siendo informados por los medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción.
“La Defensoría del Pueblo observa con preocupación los hechos que han venido siendo informados por los medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción. Estas situaciones, de ser ciertas, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno nacional, así como la intervención de los organismos de control competentes”, indicó la Defensoría en el comunicado.
La Defensoría exhortó expresamente al Ejecutivo a dar respuesta a los cuestionamientos que se han hecho públicos y a garantizar condiciones de transparencia en una entidad clave del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. “La estabilidad y transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema de atención y reparación es fundamental”, subrayó el organismo.
Denuncias por contratación y presiones políticas
El pronunciamiento de la Defensoría se produce tras la publicación de una investigación de Colombia+20 que reveló una serie de alertas internas en la Unidad de Víctimas, relacionadas con la salida del director el viernes 23 de enero, presuntas presiones políticas y un incremento atípico de la contratación en los días previos a su insubsistencia.
Según esa investigación periodística publicada el domingo pasado, en la madrugada posterior a la salida del director se cargaron en el Secop decenas de contratos, incluidos convenios de alto valor, y se aceleró la vinculación de personal por prestación de servicios. Fuentes internas consultadas por el diario advirtieron que el volumen y el momento de esas contrataciones resultaban inusuales, especialmente en un contexto preelectoral.
El reportaje también documentó denuncias sobre presuntas presiones para favorecer intereses políticos regionales, así como cuestionamientos sobre el posible uso de recursos asociados a la misionalidad de la entidad —y destinados a las víctimas— para financiar contratos. Estas alertas, según el medio, fueron trasladadas a instancias de control. Otros medios como El País de España y revista Semana también han documentado denuncias por contrataciones en la entidad.
El llamado de la Defensoría se suma así a una creciente presión institucional para que el Gobierno no solo esclarezca las denuncias, sino que garantice una conducción estable, técnica y transparente de una de las entidades más sensibles del Estado colombiano.
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