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Un avance lento y un panorama que continúa siendo desalentador fueron los principales hallazgos del sexto informe sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz presentado por la Defensoría del Pueblo.
Dentro de los temas más preocupantes está lo relacionado con tierras y la falta de claridad en las cifras; el aumento de la violencia contra líderes sociales y la inseguridad para implementar otros pendientes como la reforma agraria, la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos.
Por un lado, en lo que tiene que ver con tierras, el informe resalta que hay una gran disparidad en la información sobre este punto, y al mismo tiempo no se ha podido avanzar en la caracterización de los predios para facilitar y agilizar la adjudicación.
De 21.132 predios ingresados, solamente el 37.84% ha sido adjudicado. De más de 1500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26.
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En cuanto a la restitución de tierras, la Defensoría señala que la ruta étnica no ha tenido avances significativos. En la ruta individual, 2730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite.
Por otro lado, en materia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el avance ha sido del 1% durante el periodo analizado con corte al 31 de abril de 2024. Esto en comparación a lo reportado en el informe anterior en el que se indica que el porcentaje de avance fue del 44%.
La violencia que persiste en los territorios
El escenario de riesgo y violencia es una constante en los territorios en cuanto al trabajo de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
Según el informe, hay un registro de 57 casos de homicidios entre enero y abril del 2024.
En ese contexto de baja seguridad, el defensor Julio Balanta Mina señaló que sin seguridad en los territorios rurales del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por economías lícitas, ni restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada.
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Precisamente, la Defensoría ha emitido Alertas Tempranas para advertir la presencia de grupos armados que estarían cooptando zonas rurales y ejerciendo control en los territorios.
“Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier colombiano pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar un proyecto productivo lícito, es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan, y en ese sentido las entidades gubernamentales deben garantizarlas”, señaló la entidad.
La necesaria articulación interinstitucional
Desde la Defensoría hacen un llamado al robustecimiento de la arquitectura nacional con el fin de emitir directrices y líneas de política pública. Además, resaltan la necesidad de actualizar el estado del avance de los indicadores en el Plan Marco de Implementación, así como registrar de manera periódica la información presupuestal prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz deben ir más allá de las buenas intenciones, en sus agendas deben estar las acciones y actividades que apunten a cumplir los compromisos establecidos”, señalan.
En ese sentido, para la reforma agraria, por ejemplo, la Defensoría indica que se debe vincular a todos los actores porque se ve implicado el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados, la aplicación de la Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, el respeto de derechos adquiridos de buena fe.
Por otro lado, el informe señala que uno de los elementos indispensables para el cumplimiento del Acuerdo de Paz es la necesaria implementación de indicadores, lo que va a permitir dimensionar el nivel de compromiso y avance en las muestras con cifras claras y verificables. “Ello genera confianza y permite el control social. Se requiere, por lo tanto, la actualización urgente de indicadores y el compromiso de seguir alimentándolos oportunamente”, apunta la Defensoría.