El cedro mure es un árbol cuya madera tiene algo especial: las capas que componen su estructura interna hacen que genere poco desperdicio cuando se trabaja en ebanistería, por lo que es muy rendidor en la industria de muebles. Por su parte, el flor morado llanero, otra especie abundante en el Meta, tiene la particularidad de ser duro como el acero, pero liviano como una pluma. Es un roble resistente a la humedad y fácilmente maleable en talleres de carpintería.
Estos árboles son apenas dos especies que más se comercializan de manera ilegal en el Meta. Sólo durante un fin de semana, los operativos del Comando de Policía pueden incautar más de 26 metros cúbicos de este tipo. El Ejército incautó el año pasado más de 150 metros cúbicos de madera apilados en las sabanas de Puerto Gaitán y otras zonas del Ariari, mientras que la Policía del Meta ha hecho este año 38 incautaciones, de las cuales se están haciendo los procesos administrativos judiciales.
Cada metro cúbico puede llegar a costar $50.000 en el mercado ilegal, por lo que arriesgarse a ser judicializado por cargamentos que cuestan $1.300.000 o $4.100.000 no tenía sentido hasta hace poco, en especial cuando muchos en este departamento vivieron la “cultura traqueta”, de gastarse ese dinero en una noche de trago y mujeres cuando se sembraba coca. Sin embargo, la realidad ha cambiado. La droga es más perseguida por las autoridades y quienes se acostumbraron a la ilegalidad ven en el tráfico de madera una oportunidad para seguir ganando dinero al venderla en grandes volúmenes.
“La madera está ahí. Es sólo ir por ella y algunos depósitos prefieren la ilegal porque es más barata y a las autoridades les es difícil seguirle la pista”, admite un investigador de la Sijín.
Lo cierto es que fenómenos como este tráfico masivo de recursos naturales tienen al Meta con la tasa más alta en deforestación del país. En promedio, cada año arrasamos 10.725 hectáreas de bosques y, de acuerdo con un estudio elaborado por Cormacarena y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), en total, en los últimos 20 años, acabamos en este departamento con 645.650 hectáreas de bosques y selvas.
Nuevos colonos
Aunque en el último año se vio una disminución de la tasa de deforestación, los investigadores advirtieron otro fenómeno, esta vez ligado con la dinámica de la guerra en el Meta: desde 2012, cuando empezaron los diálogos de La Habana, el Ideam empezó a generar alertas tempranas sobre el incremento de la deforestación en esta zona del país. Mientras que en ese documento inicial de advertencia este departamento aún no era mencionado, para el segundo semestre de 2013 ya apareció como el tercer foco con más municipios en alertas tempranas.
Entre 2015 y 2016, los municipios de Uribe, La Macarena, Mesetas, Mapiripán, Puerto Rico y Vista Hermosa tuvieron las mayores tasas de deforestación departamental, en ese mismo orden. Los rastreos deCormacarena advierten que se presentó una tendencia al aumento de la deforestación en el municipio de Uribe, ya que, por primera vez, desde que se realiza el monitoreo de bosques, ocupa el primer lugar en perdida de la cobertura boscosa en el departamento. Allí confluyen tres parques nacionales naturales: Tinigua, cordillera de Los Picachos y páramo de Sumapaz.
Uribe, conocido porque en su territorio tuvieron por años sus campamentos varios miembros del Secretariado de las Farc, era justamente un búnker natural por sus zonas boscosas y montañosas. Sin embargo, sin los guerrilleros merodeando y ubicados en las zonas veredales, en 2016, este municipio pasó a ser el que mayor tasa de pérdida de bosque tiene en el departamento, con 3.746 hectáreas, teniendo como referencia las 1.805 que se perdieron durante 2015.
“Los traficantes de madera antes no iban manigua adentro porque podían toparse de frente con un combate y quedar en medio del fuego cruzado. Ahora hay zonas donde hace años no se aparece un guerrillero y hay patrullajes de la Fuerza Pública”, destaca Ofer Sánchez, campesino de Cubarral, beneficiario del programa BanCO2, de Cormacarena, en el que recibe un auxilio económico por proteger el bosque. Casi 2.000 hectáreas de selvas son protegidas en el Meta con esta estrategia de pago por compensación de carbono.
Lo cierto es que, para los ambientalistas, la deforestación tiene varios motores; uno de ellos es que, a medida que hay más desarrollo, el hombre tiende a depredar más sus bosques. Ahora ocurre que las áreas más sensibles al conflicto armado y donde tenían lugar los teatros de operaciones militares fueron las primeras donde el conflicto bajó de nivel y empezaron a llegar inversiones estatales para que los campesinos no se desplazaran.“El desescalonamiento del conflicto trajo consigo que más colonos vieran la posibilidad de conquistar nuevos territorios, en especial para extender la ganadería y otros para aprovecharse con el comercio ilegal de madera”, explicó Manlio Vargas, coordinador del Grupo Biótico, de Cormacarena.
La situación es evidente y en un estudio del PNUD, que fue presentado a la Mesa de Diálogo, también advierte que las áreas donde se empezó a desactivar el conflicto fueron las que luego aparecieron como las más deforestadas:
“Las alertas tempranas de deforestación del país, según el Ideam y el Ministerio del Medio Ambiente (2014) se dan con mayor intensidad en aquellas zonas donde la frontera agropecuaria aún no está consolidada. Muchas coinciden con los municipios priorizados en el posacuerdo, según las Naciones Unidas”, reza el documento titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia”. La guerra mantenía infranqueable una frontera natural en la que sólo militares y guerrilleros llegaban a combatir. Con una mayor seguridad de no quedar en medio de las balas, poco a poco, los campesinos fueron invadiendo más montañas y selvas para ampliar sus áreas de ganadería y cultivos. El documento del PNUD menciona que todo el Ariari, sur del Meta y Puerto Gaitán están en zonas de prioridad alta o media alta por la deforestación.
“Venimos advirtiendo por la deforestación en municipios como La Macarena y en el Ariari. Esta es una de nuestras más grandes preocupaciones y tomaremos los correctivos necesarios, empezando por adoptar una cultura articulada con esos municipios. Los seres humanos no hemos tomado en serio el medio ambiente”, dijo la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, quien ratificó que esta debe ser una de las prioridades en la implementación de los acuerdos de paz en esta región.
El coordinador del Grupo Biótico, de Cormacarena, afirma que desde la institucionalidad se trabaja en crear acuerdos como el Pacto Intersectorial por la Madera, con el fin de promover el consumo de madera legal y hacer un uso sostenible de este recurso.
Sin embargo, advierte que la ganadería extensiva sin control es una amenaza mayor ahora que muchos territorios van a pacificarse con la implementación de los acuerdos de paz en la región. Los ganaderos que fueron erradicados por la subversión en tiempos de la zona de distensión volverán y podrían expandir la frontera.
“Es una mentira que los ganaderos somos los que más depredamos los bosques. Esa es una creencia porque siempre buscan a quién culpar. De hecho, mientras el Ministerio de Agricultura da unas pautas en las que, en promedio, se puede tener en el Meta 0,34 cabezas de ganado por hectárea, gracias a nuestros procesos de mejoramiento, tenemos dos cabezas en zona del piedemonte llanero y hasta cuatro reses en área de sabana. No somos los deforestadores”, enfatiza Eduardo Arias, gerente del Comité de Ganaderos del Meta.
Cormacarena, en un año, reforesta más de mil hectáreas, pero se arrasan 24 veces más esa cantidad en 12 meses. En 12 años, sólo en el área amazónica del Meta se pasó de 35.788 hectáreas deforestadas en 2002 (7,4 %) a 49.496 en 2014 (10,24 %).
De otra parte, el establecimiento de familias enteras en zonas selváticas, donde antes sólo había combates de Ejército y Farc, en especial en áreas rurales que hora son más tranquilas en Uribe, Puerto Rico, La Macarena y Mesetas, ha hecho que los hogares consuman más madera para sus cocinas.
El fenómeno es tan preocupante que a la corporación ambiental le tocó iniciar un proyecto de construcción de 248 estufas ecoeficientes y bancos de leña para que las familias ya establecidas aprendan a conservar las áreas boscosas a su alrededor.
“De la Gobernación trabajamos en la estrategia Colegios Amigos del Medio Ambiente, pero necesitamos articularnos con la comunidad. Los viajes que hacemos a La Macarena y a Vista Hermosa nos dejan muy preocupados porque están muy deforestados. Aquí debemos ser conscientes de que la responsabilidad no es solo del Gobierno, sino también de la comunidad”, enfatizó Marcela Amaya.
Una de las esperanzas es la ejecución, por el Sinchi, del proyecto Mascapaz. Con esta estrategia se pretende la recuperación social y económica para cuatro municipios del área de La Macarena (Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas y Puerto Rico), que tienen un alto componente ambiental, de cultivos sostenibles y el cual se oficializó hace una semana en Villavicencio.
A diferencia del Plan Consolidación, que invirtió más de 360.000 millones de pesos en obras civiles en época de conflicto en el Meta, este plan se adelantará en tiempos de paz y combatir la deforestación en este departamento se volvió prioritario.
“En Mascapaz hay temas que deben ser solucionados. Uno de ellos es la deforestación, que es una problemática vinculada a los acuerdos de paz, lo cual lo ubica por encima de cualquier discusión. Debemos hacer desarrollo amigable en La Macarena manteniendo la base natural. De lo contrario, no habrá producción sostenible”, puntualizó Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi.