Pese al rechazo de varias autoridades locales, un grupo de 93 víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo fue reubicado en Honda, Tolima.
La reubicación, acompañada por la Unidad para las Víctimas, se realizó en un predio adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y contó con el respaldo de organismos como la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.
“Logramos la reubicación en condiciones de dignidad y seguridad para más de 90 víctimas del conflicto. Ahora todas las entidades nos vamos a disponer a la formulación y construcción del Plan de Reubicación para esta comunidad en articulación con los entes territoriales”, afirmó la directora territorial Central de la Unidad para las Víctimas, Zoraida Hernández.
La reubicación se dio en medio el debate por los actos de estigmatización hecho por funcionarios del concejo, la Alcaldía y la Gobernación de Tolima.
El diputado conservador Juan Guillermo Beltrán calificó la llegada de estas familias como una amenaza para el orden público. ¿Por qué los hondanos tenemos que recibir a las familias del Catatumbo? Están huyendo de la violencia, una zona tomada por el narcotráfico, por la coca, por las FARC, por las disidencias, por los grupos al margen de la ley", expresó Beltrán.
Beltrán también dijo que la población debía oponerse de manera “vehemente” a esta decisión y afirmó que el traslado se hizo sin consultar ni al alcalde de Honda ni a la Gobernadora del Tolima. “No se puede aceptar que los reubicados del Catatumbo lleguen a la ciudad de Honda”.
Ante estos señalamientos, entidades como la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz rechazaron lo que consideraron una narrativa estigmatizante que desconoce los derechos y dignidad de las víctimas del conflicto.
“Esta es la evidencia de que avanza el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Este ejercicio demuestra que se puede reconstruir el tejido social a partir del diálogo y acciones que generan convivencia y reconciliación”, dijo Mabel Andrade, subdirectora territorial de la ARN.
El Gobierno enfatizó que esta reubicación es parte de su compromiso con las poblaciones afectadas por la situación humanitaria del Catatumbo y llamó a la responsabilidad de los actores políticos. “Estos discursos no solo desconocen el sufrimiento de las víctimas, sino que alimentan un ambiente de miedo y exclusión incompatible con los principios de paz y reconciliación”, advirtió la Unidad para las Víctimas.
El Plan de Reubicación contempla el desarrollo de proyectos productivos, infraestructura social y acciones que fortalezcan el arraigo y la integración local. Como medidas inmediatas, las familias recibieron kits básicos y se anunció la realización de una feria de servicios el próximo 12 de julio, con presencia de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
En paralelo al traslado, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad y una mesa de diálogo territorial en la zona de llegada, con participación de autoridades locales, organizaciones sociales y representantes del Gobierno. Mabel Andrade, subdirectora de la ARN, subrayó que esta acción “es evidencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz y de que es posible reconstruir el tejido social desde el diálogo”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, también se refirió al tema y dijo que “el respeto de los derechos de las personas desplazadas no es una concesión, es un deber de las autoridades”.
Marín hizo un llamado a las autoridades territoriales y a la sociedad a respaldar a las comunidades y “revaluar sus manifestaciones de discriminación, estigmatización y rechazo hacia las personas que han sufrido la guerra”.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.