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Las imágenes en redes sociales evidenciaron la masiva movilización de personas por las trochas que atraviesan los llanos del Yarí, en el departamento de Caquetá.
Extensas filas de carros serpenteaban por las carreteras para llegar a una inmensa explanada en la vereda El Diamante, el mismo lugar donde hace exactamente 9 años se realizó la Décima (y última) Conferencia de las extintas FARC en la que se aprobó el Acuerdo Final que se negoció en La Habana. Allí mismo, el hoy líder de una facción de las disidencias de esa guerrilla (Estado Mayor de Bloques y Frentes, Embf), Calarcá Córdoba -que está en diálogos con el gobierno-, construyó un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas. En ese mismo lugar, cerca de 20 mil personas levantaron cambuches, hicieron ollas comunitarias y participaron en un encuentro los días 22 y 23 de agosto.
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El evento no fue anunciado por las partes, como suele suceder con este tipo de convocatorias, tampoco difundieron sus avances y aún no han expedido un comunicado conjunto explicando las conclusiones. El encuentro sucedió un día después de que el frente 36, que hace parte del Bloque Magdalena Medio que está en la mesa de diálogo, derribara un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, en la vereda Los Toros que limita con Anorí. En el ataque murieron 13 policías que cumplían operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Fue el propio Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, el que le confirmó a Colombia+20 de El Espectador el viernes 22 que el evento se estaba realizando con la participación de varios delegados de gobierno, en cabeza de Gloria Quiceno, jefa del equipo negociador, y que al finalizar se realizaría el séptimo ciclo de la mesa, después de varios meses de inactividad de ese espacio de diálogo. El gobierno desmentiría después esta versión y aclararía que se trataba de una reunión preparatoria para el ciclo.
En diálogo con El Espectador, Calarcá Córdoba explicó los alcances de ese encuentro y las expectativas de ese grupo frente al próximo ciclo, que según su versión se realizará el 23 de septiembre. En primer lugar, el jefe de la disidencia dijo que la masiva participación de campesinos y campesinas hizo que el ciclo se aplazara para esa fecha. “Nosotros esperábamos 10 mil personas y llegaron 25.000. Trabajaron en 9 mesas, cada una con un eje temático. La conclusión es que el pueblo hace la exigencia de que en un próximo ciclo el campesinado debe participar directamente en la mesa”, explicó.
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Según él, esa guerrilla recoge el mandato que les dieron esas personas y esperan que representantes del campesinado se sienten próximamente en la mesa. Esas personas deberán ser elegidas por las organizaciones sociales y campesinas en una gran asamblea popular que debe realizarse estos días.
Calarcá negó que su grupo hubiera presionado a esas personas para movilizarse hasta los llanos del Yarí. “Participó gente de 17 departamentos. Nosotros no tenemos un potencial guerrillero para decir que estamos en tantos lugares. Tampoco para ponerle una pistola en la cabeza a cada una de las 25.000 personas. Esto es producto del convencimiento del pueblo de que sí se puede hacer una paz y cree en nosotros de que se puede encontrar una salida política”. Sin embargo, en varios medios se conocieron versiones que señalaban que el grupo armado cobraba multas a las organizaciones que no cumplieran con la movilización de personas a ese encuentro.
También envió varios documentos en los que se detalla la metodología que propusieron para el encuentro en el Yarí. Los ejes temáticos fueron: transformaciones territoriales; tierras, territorio y Zonas de Reserva Campesina; paz ambiental; asuntos económicos, laborales y sociales; asuntos políticos, corrupción y cultura de paz; derechos de todas las poblaciones vulnerables y de especial protección; modelo de justicia y derechos de las víctimas; conflicto, seguridad y armas; marcos normativos y relaciones internacionales para la paz, además de una propuesta de un piloto de sustitución de cultivos de coca.
Las relatorías de estas deliberaciones, según Calarcá, deberán ser acogidas por la mesa de diálogo en el próximo ciclo como insumos para seguir adelante con la discusión.
Y confirmó que en el encuentro del Yarí participaron también delegados de la Misión de Verificación de la ONU, de la MAPP OEA y de las embajadas de la Unión Europea, Irlanda, Noruega y Venezuela.
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A la pregunta de si eso no es un cambio a lo ya acordado en la mesa, Calarcá dijo: “tiene que ser así porque aquí no estamos negociando nada para las FARC, estamos negociando para el pueblo y el pueblo tiene que estar ahí haciendo sus propuestas de acuerdo a sus necesidades”.
Esta es una “vieja” pretensión de este grupo. En abril de 2023, cuando el naciente grupo conocido como Estado Mayor Central de las FARC se estaba conformando, ocurrió un encuentro similar al del pasado mes de agosto. En esa ocasión, la también naciente Coordinadora del sur oriente colombiano para los procesos agrarios, ambientales y sociales. Coscopaas, convocó a unas 6.000 personas y organizaciones campesinas y étnicas de 16 departamentos, que en esa oportunidad llegaron a un punto llamado Casa Roja, cerca del Diamante.
Ese evento tenía como objetivo presentarles a las comunidades las conclusiones de la reunión de mandos de varias estructuras que estaban juntándose para conformarse como un solo grupo de cara a instalar los diálogos de paz con el gobierno. En ese momento varios líderes de organizaciones campesinas exigieron que sus representantes hicieran parte de la futura mesa de negociación. “Proponemos que el actual proceso cuente con la participación de organizaciones sociales en diálogo tripartito entre actores armados y sociedad civil”.
Colombia+20 le envió varias preguntas a la jefa del equipo negociador de Gobierno para conocer su versión sobre estas declaraciones, pero al cierre de esta edición no habían llegado las respuestas.
Lo cierto es que en el sexto ciclo de diálogo que se desarrolló en octubre de 2024, en Bogotá, la mesa de diálogo dio a conocer un protocolo de participación de las comunidades y no está prevista la presencia de otras personas en ella. Por el contrario, se establece que se crearan espacios previamente acordados, con un objetivo claro para cada encuentro.
Por otro lado, frente a las declaraciones del consejero comisionado Otty Patiño, respecto a la salida del frente 36 de la mesa de diálogo, (por el ataque al helicóptero en Amalfi) Calarcá señaló que no sabe por qué el funcionario dijo eso.
Por el contrario, confirmó que las tres estructuras, Bloque Magdalena Medio, Bloque Jorge Briceño y el frente Raúl Reyes, siguen en la negociación. Y reiteró su versión de ese ataque: “nosotros asumimos la responsabilidad y así se lo dijimos al gobierno. Allá hay enfrentamientos con los grupos paramilitares y las FARC. En ese momento, se estaba desarrollando un operativo de erradicación de hoja de coca. los guerrilleros estaban en el puesto y el helicóptero pasó, le dispararon, lo averiaron y posteriormente aterrizó sobre un campo minado y ellos lo detonaron. Aquí no hay qué reclamar porque el presidente y el ministro de Defensa ha dicho que con nosotros no hay cese al fuego. Incluso hace poco dijeron que se podía bombardear a nuestras estructuras”.
Siguen confrontaciones con el Clan del Golfo
Sobre las confrontaciones con el Clan del Golfo en esa zona del nordeste antioqueño, el jefe de las disidencias señaló que estas se vienen desarrollando de tiempo atrás y que las estructuras del Bloque Magdalena Medio seguirán disputándoles esos territorios porque persiste su intención de fortalecer un corredor estratégico por el sur de Bolívar hasta el Catatumbo. A la pregunta de por qué siguen en expansión mientras están sentados en la mesa de diálogo, respondió: “Cada día pretendemos desarrollarnos más en nuestra acción político militar. Pendejos fuéramos si no buscáramos organizar los corredores. Nosotros jamás hemos dicho que dialogamos para inmovilizarnos. Nosotros hemos dicho que dialogamos para buscar una salida política. Seguimos desarrollándonos como guerrilla hasta el día que firmemos la paz”.
En ese sentido, el jefe de las disidencias no quiso comprometerse con una meta concreta para alcanzar en la mesa de diálogo antes de finalizar este gobierno. Como ha ocurrido en otras oportunidades, no se refiere a una posible dejación de armas. Por el contrario, insiste en que el Estado no ha tenido voluntad de hacer la paz sino solo de desarmar y desmovilizar a los grupos guerrilleros para incumplir los acuerdos, tal como sucedió con el Acuerdo Final.
Precisamente sobre las supuestas alianzas que las estructuras del Bloque Magdalena Medio tenían con el ELN para combatir al Clan del Golfo en el sur de Bolívar, Calarcá Córdoba las negó y habló de “respeto mutuo”.
La guerra con Mordisco en el Guaviare
El pasado fin de semana, la Liga contra el Silencio documentó que en el Guaviare la guerra entre las estructuras de Iván Mordisco (que se separaron de la mesa de diálogo en abril de 2024) y las de Calarcá se libra a través de mensajes de Whatsapp ejerciendo presiones en las comunidades. Varias personas denunciaron que en una semana pueden recibir mensajes de parte de los dos grupos.
Antes solo recibían mensajes de un hombre conocido como “Yimi”, comandante del Frente 44 de la disidencia de Mordisco. Sin embargo, cuando la disidencia de Calarcá declaró la guerra por la trocha ganadera en el Guaviare, las comunidades comenzaron a recibir otro mensaje a su celular, esta vez de parte del “Miller”, un firmante de paz que primero hizo parte del EMC, pero terminó en la disidencia de Calarcá.
Además de los mensajes que reciben a diario las comunidades, los campesinos denuncian que reciben presiones para citar a reuniones, les prohíben vender productos al bando contrario y les piden que no se dejen extorsionar. La estrategia ahora, según investigó La Liga, es que los presidentes de juntas de acción comunal sean los que recojan los “impuestos” o “contribuciones solidarias”. También les piden hacer un “censo de tierras” con las medidas de las fincas de sus vecinos y cuántas personas viven allí.
Calarcá Córdoba negó que sus estructuras ejercieran presiones sobre las comunidades y explicó que en este momento no hay enfrentamientos armados con las estructuras de su anterior aliado. “Es pura bulla. Ahora lo que hay es una confrontación entre Mordisco y Ejército. Eso ha generado desplazamiento, violencia”.
Finalmente, sobre la creación de la Zona de Ubicación Temporal en la región del Catatumbo para el frente 33, Córdoba dijo que “esa ZUT es de papel porque no han puesto a funcionar nada. Se eligió una región, pero no se ha visto que el gobierno diga cuanto presupuesto hay para que los campesinos desplazados regresen a implementar las transformaciones territoriales”. Además, explicó, allá sigue la guerra con el ELN y todavía no está claro cómo las fuerzas militares van a garantizar la seguridad de esa zona.
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