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A sus 20 años, el líder social Rodrigo Martínez aprendió que cerrar su puerta, correr el cerrojo y quedarse adentro de casa es a veces la única forma de esquivar la muerte. Hoy tiene 44 y ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que encerrarse. En Chocó nadie la lleva. Es difícil cuando el poder de los grupos armados se enquista en el territorio y sentencia a sus comunidades a un drama silencioso: el confinamiento.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo confirman la magnitud de esa violencia. En 2025, Chocó fue el departamento con más víctimas de confinamiento: 23.645 personas, un golpe que alcanzó a 6.583 familias. Solo en los dos primeros meses del año la entidad registró 1.960 personas confinadas en ese territorio, cerca del 8,3 % de los casos de todo el año pasado.
Cuando se le mencionan esas cifras, Rodrigo —quien es representante legal de la Asociación Colectivo Cimarronaje Chocó— habla con una naturalidad pasmosa. “En el departamento de Chocó, diría que el 70 % de las comunidades vivimos confinadas la mayor parte del tiempo. Cuando hay paros armados, ahí permanecemos también confinados, porque automáticamente nos confinan”, dice a Colombia+20.
El más reciente paro armado lo impuso el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó el pasado 18 de marzo. Duró seis días y dejó a más de 6.000 personas sin poder moverse.
Después de recordar esa medida violenta, el padre Jesús Albeiro Parra Solís —quien ha enfocado su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las comunidades negras e indígenas del departamento— se detiene a buscar cómo nombrar el confinamiento. Da vueltas, duda, hasta que encuentra la palabra: humillante. “El confinamiento está totalmente invisibilizado. Se vuelve lo más normal para las comunidades, pero cuando uno lo vive es profundamente humillante, ese es el término. Es inhumano, es como estar encarcelado dentro de la propia casa”, afirma a este diario.
Las causas del confinamiento
Para la población de Chocó el confinamiento se convierte, en muchos casos, en una decisión consciente; un acto de resistencia marcado por el miedo de quienes saben que volverse invisibles ante un fusil es, a veces, lo único que les queda para sobrevivir.
“Los confinamientos no solamente son por las amenazas de estos anuncios de paro armado del ELN, sino también por miedo de quedar en la disputa territorial. En el caso de Chocó, el Clan del Golfo está penetrando cada vez más. Todos sabemos que la región del Bajo Atrato y del Atrato está en manos del Clan del Golfo, pero igual Quibdó, igual Istmina, igual las cabeceras municipales, por ejemplo, de Pie de Pató, de Puerto Meluk en el Medio Baudó, del Pizarro y en el San Juan”, dice el padre Parra.
A las confrontaciones se suman otros factores que identifica la Defensoría: el reclutamiento de menores de edad, los ataques con minas antipersona, la pérdida de bienes, las incursiones armadas y los actos terroristas explosivos.
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Rodrigo dice que el miedo a las minas antipersonal es uno de los que más condena a la población civil al confinamiento. “Hoy el tema de esas minas también deja a nuestras comunidades confinadas, porque el índice de afectación es muy alto. El departamento de Chocó es el cuarto con más afectación a nivel del país”, explica el líder social, quien en 2012 fue víctima de un artefacto de este tipo en el municipio de Sipí, en el que perdió su pierna derecha.
Frente a ese drama –añade Martínez– la institucionalidad no llega más allá de las raciones de comida que alcanzan para siete, tal vez 15 días. “Por eso, muchas familias quedan expuestas a volver a caer en una mina antipersonal, porque al tener cuatro o cinco hijos llorando, aguantando hambre, toca exponernos a que una mina nos pueda afectar, porque no hay otra alternativa”, dice.
“Nuestra felicidad está en esas dos tablas”
El arraigo —la vida construida en lo propio— también explica por qué, en medio de las dinámicas del conflicto armado, desplazarse forzadamente a veces ni siquiera es una posibilidad.
“Muchas veces no hay forma de salir, pero otras veces es porque cuando salimos a otras ciudades salimos a engrosar el cordón de miseria. Nuestra felicidad está en esas dos tablas, en esas dos láminas de zinc, en esa choza donde nosotros vivimos”, afirma.
Pero quedarse igual tiene costos profundos. Los efectos del confinamiento —advierte el padre Parra— golpean el corazón mismo de las comunidades. “Es muy triste. Quedan sin poder movilizarse, sin ir a sus actividades de producción o de pancoger. En nuestras comunidades afro e indígenas la vida está en el río: allí se lava, se recoge el agua, se cocina, se vive. Y ni siquiera eso pueden hacer. Tampoco pueden ir por el plátano o la yuca. Todo se paraliza, la educación, el trabajo, la vida comunitaria. No pueden reunirse ni en iglesias ni en centros comunitarios”.
Es una ruptura del tejido social de las comunidades que –agrega el sacerdote– “es muy difícil de reparar. Eso se ve en el relacionamiento entre las mismas comunidades. Hay mucha agresividad, mucha falta de credibilidad, desconfianzas entre ellos mismos hacia las instituciones, incluso hacia nosotros mismos”.
Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Jurisdicción Eclesiástica de Istmina Tadó, es enfático en las afectaciones de la salud mental de la población derivadas de formas de violencia como el confinamiento.
“Las implicaciones que esto sigue teniendo para todos los habitantes del departamento de Choco es de una tremenda desazón, un desconsuelo, una angustia. Hasta se pierden las razones para vivir en este departamento. Por eso, mucha gente busca estar por fuera. La angustia de seguir viviendo acá alimenta situaciones muy críticas que llegan inclusive hasta el suicidio”, dice a este diario.
En el contexto de fragmentación social y del dolor que deja vivir la violencia en el silencio del hogar, el padre Parra hace un llamado al Estado: que ponga la mirada en las víctimas y que, cuando estas se vean obligadas a encerrarse en sus casas, no las olvide.
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