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La disidencia de las FARC, conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frente y al mando de Calarcá, se pronunciaron este viernes en un video sobre las revelaciones que acusan al grupo armado de vínculos con el general (r) Juan Miguel Huertas y con Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia del Estado (DNI).
Según la investigación periodística de Noticias Caracol, archivos incautados en un retén militar contendrían supuestas comunicaciones y apoyos entre mandos de la Fuerza Pública, miembros del Estado y la estructura ilegal.
Uno de los elementos más sensibles del caso es la aparición es la presunta propuesta del general Huertas a las disidencias para crear una empresa fachada de seguridad. Según los documentos encontrados, esta firma serviría como estructura legal para ofrecer servicios de protección y movilidad a miembros de la disidencia de Calarcá, permitiéndoles operar bajo la apariencia de actividades autorizadas y con soporte técnico especializado.
En su declaración, la organización respondió sin mostrar pruebas: “Manifestamos nuestro rechazo total a las acusaciones de los acusadores de la guerra. Como revolucionarios nunca hemos tenido acercamiento con miembros de la fuerza pública —llámese Policía, Ejército o inteligencia militar—. Nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida”.
El grupo sostuvo que cualquier relación que mantienen con integrantes de la Fuerza Pública “se limita estrictamente a los observadores militares y policiales en la mesa de paz”, y afirmó que ese intercambio institucional “ha sido más complejo que la propia guerra”.
La declaración llega en un momento crítico del proceso, justo después de que la opinión pública conociera los contenidos de computadores y USB incautados durante un retén en Antioquia.
La organización armada sostiene que los señalamientos buscan “frenar los avances del proceso de paz” presentados en el séptimo ciclo de conversaciones que terminó justamente hace una semana. Según ellos, la narrativa mediática pretende instalar la idea de que la mesa está siendo usada para su fortalecimiento militar, tesis que califican de falsa.
En el pronunciamiento, las disidencias también lanzan dardos a sectores tradicionales de la política que dicen que han aprovechado el proceso para fortalecerse como grupo armado. La estructura dice que su crecimiento ocurrió “en pleno gobierno de Duque”.
Pese al tono confrontativo del discurso, la disidencia cerró el video ratificando su participación en la mesa: “Reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando por la construcción de la paz que necesitan los colombianos. Ese es el camino del entendimiento y la reconciliación nacional. Hemos jurado vencer y venceremos”.
Tras la publicación de estas evidencias, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender de manera provisional a Huertas y Mejía mientras avanza una investigación disciplinaria destinada a esclarecer la gravedad y veracidad de los hechos. Paralelamente, la Dirección Nacional de Inteligencia reconoció que abrió una indagación interna y aseguró que, al igual que la ciudadanía, se enteró de las acusaciones a través de la prensa.
El impacto de los hallazgos ha ido mucho más allá de los nombres involucrados. La aparición de estos archivos encendió alarmas sobre el proceso de paz que adelanta el Gobierno, pues plantea interrogantes sobre la integridad de la mesa, la legitimidad de sus interlocutores y la posibilidad de que estructuras criminales hayan logrado infiltrar sectores estratégicos de las instituciones estatales.
Ese escenario, todavía en fase de verificación, ha intensificado el debate público y ha puesto bajo escrutinio tanto el alcance del escándalo como sus posibles efectos sobre el futuro de las negociaciones.
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