La disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, anunció que restringirá el ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios a las zonas donde tiene presencia, en un nuevo gesto de tensión frente a la comunidad internacional y el Estado colombiano.
En un comunicado fechado este miércoles 18 de marzo, el Estado Mayor Central anunció que “queda restringido el ingreso” de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios donde opera ese grupo armado
La decisión, dice esa disidencia, responde a lo que consideran un quiebre de confianza. “La medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad”, señala el documento, en el que además acusa a estas misiones de haber desbordado su papel.
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En particular, sostiene -sin pruebas - que “acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”, una afirmación que apunta directamente a la legitimidad de estos mecanismos en terreno.
El comunicado también cuestiona el rol de la Defensoría del Pueblo, a la que acusa de emitir “alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales, que desconocen u omiten la realidad territorial”, y de contribuir a “la justificación de los operativos militares”.
El grupo armado también dice que solo dejará ingresar al terreno al Comité Internacional de la Cruz Roja.
“En adelante, las FARC-EP solo mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) siempre que esta institución garantice la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.
¿Qué implicaciones tendría?
Más allá del pulso político, la decisión tiene implicaciones concretas en terreno. En regiones donde la presencia estatal es limitada, la labor de estas misiones ha sido clave para verificar violaciones de derechos humanos, mediar en situaciones de riesgo y facilitar operaciones humanitarias.
Limitar su acceso no solo reduce la capacidad de monitoreo independiente, sino que también estrecha los márgenes de protección para las comunidades que habitan en zonas de conflicto. El tono del comunicado refleja un endurecimiento de la postura de esta disidencia en un contexto marcado por presión militar y ausencia de avances en eventuales acercamientos.
En ese escenario, la decisión de cerrar la puerta a la verificación internacional no solo profundiza su aislamiento, sino que anticipa un escenario más complejo para la atención humanitaria y la protección de civiles en los territorios donde mantiene influencia.
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