Durante los primeros cinco meses de 2025, la situación humanitaria en Colombia se deterioró a un ritmo alarmante. Así lo advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su más reciente actualización del Balance Humanitario, en el que afirma que, si la tendencia continúa, este año cerrará como el más grave de la última década en términos de afectaciones a la población civil.
El recrudecimiento del conflicto armado, los combates entre grupos ilegales y la Fuerza Pública, y la profundización del control territorial por parte de actores armados están detrás de esta crisis.
“Este deterioro estuvo estrechamente relacionado con el aumento de los enfrentamientos entre grupos armados, así como entre la Fuerza Pública y algunos de estos grupos. Las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil debido a la reiterada falta de respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario (DIH)”, dice el informe.
Las consecuencias para las comunidades son múltiples y devastadoras. La violencia se intensificó en medio de la falta de respeto por los principios fundamentales del derecho internacional humanitario: distinción entre combatientes y civiles, proporcionalidad en el uso de la fuerza y precaución en las operaciones. Además, el CICR alertó sobre la creciente estigmatización de la población, acusada de colaborar con uno u otro actor armado, lo que ha incrementado su exposición al riesgo y erosionado gravemente su tejido social.
Uno de los fenómenos más preocupantes es el aumento en el uso de artefactos explosivos. Entre enero y mayo, 524 personas fueron heridas o murieron por este tipo de armas, lo que representa un incremento del 145 % frente al mismo periodo de 2024. Siete de cada 10 víctimas son civiles, entre ellos 56 menores de edad. El departamento del Cauca concentró más de la mitad de los casos.
El uso de explosivos lanzados por drones o dispositivos improvisados de detonación controlada explica gran parte del aumento: 266 personas fueron afectadas por estos últimos, un aumento del 343 %. Las minas antipersonal y restos explosivos de guerra también siguen siendo una amenaza, con 121 víctimas registradas.
El confinamiento forzado de comunidades también se disparó. Según cifras oficiales citadas por el CICR, al menos 85.760 personas estuvieron confinadas en 13 departamentos del país, un incremento del 169 % respecto al año anterior. Norte de Santander, que no había registrado esta problemática en años recientes, se convirtió en la zona más afectada, con más de 30.000 personas sin acceso a alimentos, servicios de salud, agua segura o educación. Le siguió el Chocó con casi 20.000 personas confinadas.
El desplazamiento forzado volvió a repuntar de forma significativa. Más de 58.000 personas fueron desplazadas masivamente en diez departamentos, especialmente en Norte de Santander, que concentró más del 85 % de los casos. Aunque Nariño solía encabezar esta estadística, en 2025 su número de desplazados cayó un 92 %, una anomalía frente al resto del país.
A este fenómeno se suma el desplazamiento individual, que muchas veces pasa desapercibido pero que dejó más de 87.000 personas registradas como víctimas. En muchos casos, las personas abandonan sus hogares en silencio, sin acompañamiento institucional, lo que fragmenta familias y deja profundas secuelas invisibles.
La desaparición de personas sigue siendo una de las secuelas más dolorosas del conflicto. El CICR documentó 136 nuevos casos relacionados con los enfrentamientos armados, el 79 % de ellos civiles, incluidos 26 menores de edad. Ocho de los casos están directamente vinculados al reclutamiento forzado, una práctica que se ha incrementado este año.
Aunque el CICR no publica cifras exactas sobre este fenómeno, su trabajo en terreno le ha permitido advertir un agravamiento de esta violación grave del derecho internacional, que interrumpe la vida de niños, niñas y adolescentes y deja marcas imborrables en sus comunidades.
Otra manifestación crítica del deterioro es el aumento de los ataques contra la misión médica. Entre enero y mayo se registraron 101 actos violentos relacionados con los conflictos armados, un aumento del 38 % frente al mismo periodo de 2024.
Las agresiones incluyeron amenazas a personal de salud, restricciones al acceso a servicios, obstáculos para atender a heridos y ataques a ambulancias o instalaciones médicas. Norte de Santander, Chocó y Antioquia concentraron el 59 % de los casos reportados.
El CICR también alertó sobre el impacto que el contexto actual está teniendo en la labor humanitaria. Las restricciones de seguridad, la presencia armada en ciertos territorios y la reducción de recursos han dificultado gravemente el acceso de organizaciones humanitarias imparciales a las comunidades más necesitadas.
No solo se limita la posibilidad de brindar asistencia urgente, sino también la capacidad de identificar riesgos, prevenir daños y documentar adecuadamente la realidad que viven miles de personas.
A esto se suma la crisis en los centros de detención. Durante el primer semestre del año, el hacinamiento en las cárceles del INPEC alcanzó el 28 %, afectando el acceso a salud, alimentación y condiciones dignas. En estaciones de policía, el nivel de hacinamiento llegó al 122 %, lo que representa un riesgo grave para la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El CICR recordó que el respeto por el derecho internacional humanitario no es una opción, sino una obligación. Aunque no pone fin a la guerra, este conjunto de normas impone límites esenciales que protegen a quienes no participan en las hostilidades. Ignorarlas —como está ocurriendo en Colombia durante 2025— no solo intensifica el sufrimiento civil, sino que socava las posibilidades de restablecer la dignidad, la convivencia y la humanidad en los territorios más golpeados por la violencia.
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