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La Comisión de la Verdad avanza en el trabajo de elaboración de recomendaciones que aporten a la no continuidad y no repetición del conflicto armado en el país. Los principales insumos de esas recomendaciones son los hallazgos del Informe Final, sin embargo, el proceso de diálogo social alrededor de ellas es un aporte central para asegurar la pluralidad y publicidad del proceso de escucha para su construcción.
En esa ruta de construcción de las recomendaciones la Comisión realizó dos diálogos públicos en alianza con El Espectador Colombia+20 y con el apoyo clave de la Unión Europea. El 11 de noviembre la Comisión enfocó el tema seguridad luego de 5 años de la suscripción del Acuerdo. En el segundo diálogo el 3 de diciembre se enfocó en los retos para lograr la protección integral de los territorios rurales en el país también en el contexto de Pos-Acuerdo.
Ambos espacios contaron con una participación plural de personas que desde distintas perspectivas trataron de contestar las preguntas que realizaron los comisionados Leyner Palacios, Marta Ruiz y Carlos Guillermo Ospina. El primer diálogo contó con la apertura del comisionado Palacios quien insistió en la relevancia de las recomendaciones del informe final para el país y la necesidad de un diálogo para enfrentar el nuevo contexto de seguridad que dejó el Acuerdo. La moderación la llevó la comisionada Marta Ruiz quien preguntó a las y los invitados acerca de las transformaciones necesarias en la fuerza pública para lograr la no repetición del conflicto armado. En el segundo espacio el comisionado Ospina preguntó a un panel diverso por sus opiniones respecto a lo que debe pasar en el país para lograr la garantía de los derechos de las poblaciones rurales más afectadas por el conflicto amado.
El diálogo del 11 de noviembre se llamó “Retos para garantizar la seguridad” y contó con la intervención de apertura de Kyle Johnson de la fundación Conflict Responses que expuso según las investigaciones de esta fundación algunos de los principales retos de la seguridad en el país tras cinco años de la firma del Acuerdo. Resaltando sobre todo que se pasó de tener un conflicto armado de escala nacional a tener varios conflictos armados más localizados aunque con elementos que los conectan.
En el panel participaron: María Victoria Llorente, Directora de la Fundación Ideas para la Paz, el General (r) Óscar Naranjo de la Policía Nacional, José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Julián Gallo, senador por el Partido Comunes, Jean Carlo Mejía Azuero, docente de la Universidad Militar Nueva Granada y Rosa Emilia Salamanca, Investigadora de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE). Un panel diverso en el que hubo invitaciones a una transformación de la concepción de seguridad desde el enfoque de género; una adaptación de la fuerza pública a los retos de seguridad actuales que son distintos a los que vivía el país antes del Acuerdo Final de paz; llamados a la generación de acuerdos humanitarios territoriales; a la negociación con el ELN, entre otras propuestas.
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El diálogo del 3 de diciembre contó con la intervención de apertura de Alejandro Reyes Posada que remarcó en la necesidad de una política agraria seria en el país pues según él, “la verdadera política agraria en este país ha sido la colonización, que es una política miserable con los campesinos: mandarlos a vivir a la selva a sufrir paludismo, hambre y parásitos”. A partir de lo cual desarrolló algunas recomendaciones que creía clave como acelerar nuevamente la restitución de tierras, avanzar con el catastro multipropósito, y extinguir el dominio de quienes se han apropiado ilegalmente de las tierras baldías de la nación, entre otros.
En el panel participaron: Luz Mery Panche de CONPI-CENPAZ, Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Elizabeth Pabon de ASCAMCAT, Luis Alberto Albán del Partido Comunes, y Jorge Enrique Bedoya de la SAC. Un panel diverso que coincidió, con perspectivas distintas, alrededor de temas como la formalización de la tierra, el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Final, y la posbilidad de la coexistencia de diversas visiones de desarrollo en los territorios rurales.
El proceso de construcción del informe final y sus recomendaciones continúa para la Comisión hasta junio de 2022, momento en el cual deberá entregar al país una visiónd de futuro alrededor del cual el Estado y diversos secotres de la sociedad puedan avanzar hacia la no repetición del conflicto armado.